36 trenes varados y, como consecuencia, 50 millones de pesos diarios estimados en pérdidas económicas del sector empresarial son el efecto más superficial de la toma de las vías del tren. Sin duda, es el síntoma más estentóreo de la incapacidad gubernamental en cuanto a recuperar la rectoría de la educación respecta.

Las razones del bloqueo son del dominio público también: el impago de las percepciones quincenales completas hacia el magisterio michoacano, que hoy se encuentra claramente dividido entre uno de primera y otro de segunda. Los primeros, son los que tienen la suerte de poseer una plaza federal, recibiendo su salario de forma puntual y completa; en cambio, a los estatales se les paga menos, a destiempo y parcialmente, acumulándose los adeudos a veces hasta por años, sin que se les resuelva su situación.

Las vías férreas están cerradas por la fracción Poder de Base de la CNTE, la cual se caracteriza por usar el color rojo en sus comunicaciones oficiales y por actuar de forma deliberadamente anti sistémica. 

Es muy importante tener en cuenta que, la fractura sucedida en el VIII Congreso Seccional de Bases de la Sección XVIII de la CNTE de febrero pasado significó la clonación de la estructura seccional, por lo que ahora se cuenta con dos fracciones centistas, lo cual representa un cargo duplicado al erario estatal en cuanto a comisionados sindicales respecta, ya sumando entre ambas fracciones aproximadamente mil trabajadores de la educación desviados de sus actividades profesionales para las cuales fueron originalmente contratados.

Ante esta situación, en lugar de poner orden al respecto conforme a la ley, la autoridad ha decidido entablar relaciones y con ello, reconocerle gestoría solamente a la fracción azul, rompiendo totalmente la imparcialidad que le debería caracterizar, propia del derecho de petición constitucional, con lo cual ha impulsado a elevar la beligerancia de las tácticas de presión al ala roja, en aras de ser escuchados. La bandera pública que enarbolan los centistas de Poder de Base de exigir el pago completo del salario magisterial es irrefutable, pero cometen delitos de carácter federal al cerrar vías de comunicación, así como incurren en responsabilidades administrativas al abandonar a los estudiantes para emprender las tácticas de movilización que imponen sus cúpulas.

Si bien es cierto, las pérdidas económicas por las vías del tren tapadas son multimillonarias, no se comparan con el daño incalculable que se está generando a las generaciones jóvenes de michoacanos, quienes se están quedando sin clases en un efecto combinado por el paro de docentes y la pandemia, ambos consecuencia de la inacción gubernamental. Ojalá fuera tanto o más inaceptable el abandono de las responsabilidades educativas.


Si se trata de hacer cuentas, veamos: anualmente se tienen 200 días de clases y se destinan al menos 28 mil millones de pesos para tal rubro. Es decir, cada día de clases nos cuesta a los michoacanos 140 millones. Perder 36 días de clases para el 50 por ciento de los estudiantes representaría un dispendio equivalente a 2 mil 520 millones de pesos, cifra que supera por mucho la pérdida superficial producto de los trenes varados.  Los daños colaterales que se ocasionan a la formación de la niñez y juventud michoacanas son mucho mayores y prácticamente incalculables.

No olvidemos que, por cada maestro tomando las vías debe haber al menos 30 estudiantes completamente abandonados a su suerte, intentando por sus propios medios y recursos hacer valer su derecho a aprender, muchas veces con poco o nulo éxito. Deberíamos alzar la voz al respecto, porque estamos condenando a las generaciones jóvenes a ver pasar de largo el tren del desarrollo sin que haya bienestar para los michoacanos.

Indignantemente, en la mente de nuestros gobernantes sigue prevaleciendo el cálculo político sobre las obligaciones gubernamentales y no se responde cabalmente ante la falta de pago del dinero que se les debe a los maestros, el cual ya fue devengado. Es un derecho ya adquirido para los maestros y una obligación ineludible para el Gobierno del Estado en cuanto parte patronal respecta.

La bola de nieve que se genera es realmente perniciosa, ya que se transgreden mandatos constitucionales como el derecho a la educación, el derecho a un salario remunerador pagado en tiempo y forma, por parte de los manifestantes se transgrede el libre tránsito.

Desde Mexicanos Primero Michoacán hacemos un exhorto a priorizar el derecho a aprender de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre otras cuestiones. Los trabajadores de la educación no merecen recibir un trato de segunda clase y los niños requieren a sus maestros. El pago es una obligación patronal ineludible, qué caso tiene seguir generando perjuicios de manera exponencial. Más aún, se requiere lograr que los estudiantes tengan conectividad con los maestros, que se contemple el retorno a clases, que se invierta en que todos ejerzan su derecho a aprender.


Los gobernantes deben recapacitar y resolver ipso facto esta problemática porque el daño que están realizando a la formación integral de nuestros hijos es profunda, vitalicia y de impacto sistémico. Se deben desbloquear las vías de la educación.

Merecemos un gobierno educador.

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