Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas

OBSERVADO CIUDADANO

LOS RETOS DE LA 4T

A siete meses de haber tomado posesión de su cargo como presidente de México, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador parece no haber terminado de asentarse y generar los resultados que quienes votamos por él esperamos. Y es que el reto es de proporciones enormes; tanto que en su momento ni propios ni extrañamos alcanzábamos a dimensionarlo. No es este tan solo un cambio de gobierno sexenal, como los sucedidos en por lo menos las últimas 7 décadas; se trata en realidad de un cambio de régimen con profundas modificaciones a las instituciones, prioridades de gobierno, modelo de desarrollo, objetivos, y concepción de país al que muchos aspiramos. Un cambio en el cual se están también transformando las estructuras internas y los ritmos de trabajo de las dependencias gubernamentales; en el que se están modificando las inercias que caracterizaban la manera de interactuar de los ciudadanos, de los muy diversos grupos y organizaciones (sociales, empresariales, gremiales o de cualquier naturaleza) con el gobierno.

Los cambios iniciados por el Presidente López Obrador van en serio y difícilmente se puede predecir hasta donde van a llegar. Muchos de los mismos son apoyados por la mayor parte de los ciudadanos, otros se perciben con incertidumbre y escepticismo por no haberse definido con claridad, y varios también se ven con molestia y rechazo por estar afectando intereses de grupos que se venían beneficiando o simpatizaban con la dinámica anterior, y hoy no lo hacen más.

Hay molestia entre exfuncionarios y extrabajadores de organismos gubernamentales a los que se ha dado de baja de los puestos que venían desempeñando por haberse considerado que su función resultaba redundante o innecesaria. Hay molestia también entre quienes desempeñaban funciones en instituciones que han sido liquidadas por ser inoperantes a los ojos del nuevo gobierno; algunas de ellas volverán a constituirse de manera diferente y buscando apegarse al estilo austero que debe caracterizar al gobierno de un país con insuficientes recursos presupuestales. Hay molestia entre académicos e investigadores de universidades y centros de estudio que recibían apoyos directos o indirectos de sus instituciones y del gobierno de la República a través de Conacyt para el desempeño de sus actividades de investigación, y en general para la promoción del desarrollo científico y tecnológico nacional. Hay molestia entre los ciudadanos que en algún momento recibieron, o tenían la esperanza de recibir, apoyos para el estímulo de sus actividades productivas, a través del Inadem, la Secretaría de Economía, la de Agricultura, la Conapesca, la Conaculta, el Conacyt, y muchas más.

El argumento del gobierno para cancelar o redefinir los apoyos en esos y otros ámbitos es que hubo abuso y corrupción de parte de los sectores y grupos beneficiados y de las autoridades que administraban esos programas.

El que esto escribe opina que había muchos programas necesarios y justificados para apoyar a individuos y grupos de ciudadanos que los necesitaban, los usaban eficientemente y le retribuían beneficios a la sociedad y al país. Que en todo caso, lo que el nuevo gobierno debiera haber hecho es analizar caso por caso para cancelar los programas injustificados y sancionar a quienes practicaban actos de corrupción en su manejo, pero no desparecerlos en forma total. El gobierno ha señalado que esos apoyos se redefinirán de manera racional, de forma que se beneficie a quienes verdaderamente los requieran; habrá que esperar para ver a que grado se logra este objetivo.

Hay también demandas de la sociedad que resultan inaplazables y constituyen compromisos fundamentales que estableció el Presidente de la República desde su campaña: la erradicación de la pobreza extrema, el abatimiento de la inseguridad pública y el crimen en todas sus formas, y la lucha contra lo corrupción, que se ha generalizado a tal grado que ha permeado prácticamente en todas los ámbitos y sectores de la vida de la sociedad.

En este aspecto los resultados han sido desiguales. En el caso de la erradicación de la pobreza el gobierno ha puesto en marcha ambiciosos programas para atender las necesidades de la población de menores recursos y los sectores más vulnerables de la sociedad, buscando que los apoyos lleguen directamente a la población objetivo, sin la intermediación de supuestos promotores y gestores que en otros gobiernos se quedaban con parte de los recursos asignados a los supuestos beneficiarios.

En materia de inseguridad pública, ciertamente hasta ahora no se han visto signos de que la situación mejore. En ello puede haber incidido la dinámica de las actividades delincuenciales que venía creciendo de manera sostenida desde hace varias décadas, así como la infiltración de los cuerpos policiacos y de impartición de justicia, tanto en los niveles federales como locales. Una vez constituidas la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y aprobada la legislación en que éstas se sustentan, es de esperar que en los próximos meses se empiecen a sentir los efectos de la nueva estrategia en materia de seguridad.

Felizmente, en donde empiezan a darse signos alentadores es en materia de la lucha contra la corrupción que se generalizo durante varias administraciones, particularmente la última, tanto en actividades públicas como privadas, infiltrando lo mismo a funcionarios y burócratas, que a empresarios privados que se beneficiaban de los negocios que hacían con los primeros, o al amparo de funcionarios del gobierno en todos los niveles.

En este ámbito, sebe reconocerse la eficacia con la que ha trabajado desde que se conformó la Fiscalía General de la Nación y fue designado su titular. En fecha reciente se ha venido informando de importantes golpes en contra de algunos actores importantes de desfalcos y fraudes al patrimonio de Pemex y del gobierno federal, que seguramente se vendrán concretando en los meses por venir.

La acción de la justicia y la aplicación de la Ley en contra de quienes abusaron flagrantemente de sus posiciones en el gobierno para defraudar a la Nación y beneficiarse económicamente es una demanda generalizada de los ciudadanos. No se trata de buscar venganza sino simplemente de hacer justicia y recuperar la confianza en las instituciones del país, deteniendo y sancionado a todos aquellos que en este ámbito hayan cometido ilícitos.

La 4T tiene muchos retos enfrente para realmente considerar que esta cumpliendo sus compromisos con el país y sus ciudadanos. Tiene la obligación de actuar con transparentica y atender las demandas mayoritarias, aceptando que las prioridades y opiniones de los cada uno de los ciudadanos son tan importantes como las de quien tiene la enorme responsabilidad de conducir al país.

Esperemos que así sea.