Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas

OBSERVADOR CIUDADANO

AL MARGEN DE LA LEY, NADA; POR ENCIMA DE LA LEY, NADIE.

“Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, es un apotegma que se atribuye a quien fuera Presidente de México durante un breve periodo en el último cuarto del Siglo XVIII, José María Iglesias Inzáurraga, y que el Presidente Andrés Manuel López Obrador  ha adoptado como parte de su discurso en defensa de la Legalidad.

A la mayor parte de los mexicanos nos gusta la frase y quisiéramos que se convirtiera en hechos indefectibles. Sin embargo el reto no parece sencillo. Parte de la herencia de tres décadas y media de neoliberalismo a la mexicana convirtieron en buena medida al marco jurídico mexicano en un catálogo de buenas intenciones. En México afirmo, pareciera que la Ley es indicativa y no obligatoria.

La falta de aplicación de las leyes es en buena medida causal fundamental de la corrupción y de la delincuencia en todas sus manifestaciones.  Nos molesta, frustra y enoja, observar  cómo se regodean  en eventos público y privados, de “alta sociedad” , en revistas y chismes de la ”gente bonita”,  y en las redes sociales, hombres  como el expresidente Enrique Peña Nieto, luciendo a su nueva y espectacular  nueva novia, y al todavía jerarca de los trabajadores petroleros Carlos Romero de Champs, cuando a los ojos de la inmensa mayoría de los mexicanos son  responsables en alto grado del saqueo al país, a Petróleos Mexicanos, y a muchos otros organismos y entidades públicas durante el último sexenio, y durante muchos años más.

Y no se trata de buscar venganza por parte de quienes como este comentarista señalan tales hechos, sino simplemente de la esperanza de que México se reconstituya como un verdadero Estado de Derecho; de que simplemente se aplique la Ley y se haga justicia.

En ese sentido, me parece que el Presidente de la República no debiera de señalar su intencionalidad o no de perseguir a quienes hayan cometido ilícitos en perjuicio del patrimonio nacional en el pasado, por el simple hecho de que no le corresponde a él que se aplique o se deje de aplicar la legalidad.  Los delitos  en contra del erario público se deben perseguir de oficio de acuerdo a la Ley. Y en este caso corresponderá a la Fiscalía General de la Nación el dar seguimiento de oficio a tales asuntos si los responsables de los organismos o entidades afectadas no lo hicieran por iniciativa propia.

Afortunadamente pareciera que esta demanda ciudadana está empezando ser atendida, con el caso de las afectaciones al patrimonio de Petróleos Mexicanos  a partir de la adquisición dolosa o irresponsable de una o más plantas de fertilizantes que se encontraban en calidad de chatarra. Sin embargo el tema va mucho más allá y habrá que esperar para ver cómo se atienden los ciento de asuntos en los que se dieron delitos patrimoniales en contra de recursos públicos durante los últimos años.

Además, el gobierno de la 4T está obligado a recuperar el Estado de Derecho en muchos otros ámbitos que afectan el interés público y el de particulares en el marco de la Ley.

No se debe permitir que en el nombre de los intereses de ciertos grupos de ciudadanos, por más importantes numéricamente que estos sean,  se pase por encima del derecho de terceros, como es el caso de toma y bloqueo de carreteras, vías férreas, aeroportuarias o puertos marítimos.

Tampoco se debe tolerar que en el nombre de los intereses de grupo de marginados o privilegiados, se destruya el hábitat, se arrase con bosques y manglares, se contaminen las aguas subterráneas, superficiales, marítimas, y las playas; se sobreexploten los recursos naturales, y se atente contra la naturaleza en todos sus ámbitos y manifestaciones.

Sin dejar de reconocer que la recuperación de la Legalidad en todos sus ámbitos será una tarea titánica y un reto mayúsculo, el gobierno de la 4T y los titulares de las dependencias del Ejecutivo, de la Fiscalía General de la Republica, de los poderes Legislativo y Judicial, están obligados a delinear y emprender acciones en los inmediato en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. Lo mismo desde luego corresponderá los niveles de gobierno estatal y municipal, que en general no cumplen cabalmente con esa función.