Observador ciudadano

El Dr. Juan Ramón de la Fuente, Representante Permanente de México ante la ONU, y el abogado internacionalista, Pablo Arrocha, publicaron el 12 día de hoy en el Diario “El Universal” de la Ciudad de México un artículo Intitulado “Narcotráfico no es terrorismo”. En el mismo los autores señalan que la propuesta de los senadores republicanos estadounidenses, Lindsey Graham (Carolina del Sur) y John Kennedy (Luisiana) para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y autorizar el uso de la fuerza militar de su país en su contra, tiene la clara intensión de ganar adeptos para los procesos electorales presidenciales estadounidenses del 2024, ya que resulta imposible pensar que ignoran que su dicho rebasa los límites establecidos en el derecho internacional.

Los autores del artículo señalan que “asumir que la designación de organizaciones del crimen organizado como grupos terroristas va a justificar el uso de la fuerza …es un planteamiento falso y contrario al derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas en su Artículo 2, reconoce el principio de la igualdad soberana de los Estados y señala además que los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Dicho de otra manera, el uso de la fuerza armada por un Estado en contra de la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro, constituye un acto de agresión contrario al derecho internacional”

El artículo, por estar redactado por quienes lo firman, se abstiene de dar recomendaciones al gobierno estadounidense y en particular a los senadores republicanos promotores de la propuesta intervencionista, limitándose a dar una respuesta de corte institucional. Parte del principio de la libre autodeterminación de los pueblos para resolver sus problemas internos y de la no intervención en asuntos de terceras naciones.  

De manera paralela, los autores recuerdan que “los planteamientos del gobierno de México han sido muy claros: mejorar la colaboración y la cooperación internacionales. No podemos olvidar que el principal mercado de consumo de drogas, con un valor de cientos de millones de dólares anuales, está precisamente en Estados Unidos. A eso se suma que más de 200,000 armas de fuego son traficadas anualmente de manera ilegal hacia nuestro país. Al menos el 80% de las armas incautadas al crimen organizado provienen de Estados Unidos. Ante este grave problema, la cancillería mexicana optó por la vía del derecho y presentó en 2021, una demanda innovadora contra algunas de las mayores empresas fabricantes de armas en ese país. El proceso sigue su curso por la vía judicial.

Lo que los autores no señalan, siendo consecuentes con los principios de no intervención en asuntos externos que enarbolan y por respeto a la soberanía estadounidense, es que las autoridades de ese país y los integrantes de su Poder Legislativo debieran ocuparse de la lucha contra las bandas de narcotraficantes en su territorio, cuestión de lo que poco o nada se sabe ni se informa, en lugar de buscar intervenir en la vida interna de otras naciones. Debieran también brindar mayor atención a los a todas luces insuficientes programas y acciones para la prevención de las adicciones en su territorio, que entre otras cosas les significa, según sus propias cifras, la muerte de más de 100 mil ciudadanos al año por consumo de fentanilo.

En este contexto, puede afirmarse, como dice el refrán popular, que los senadores republicanos son “candil de la calle y obscuridad de su casa”