Nerón en Michoacán/Carlos Gutiérrez Fernández

Nerón pasó a la historia, por lo menos a través de la leyenda, como un emperador romano enloquecido que mientras canta un poema y toca el arpa, observa como Roma es arrasado en llamas. Se contó que el fuego destructor de gran parte de la ciudad lo extasiaba, se prolongó más de 6 días, acabando con buena parte de la ciudad. Pronto surgieron las sospechas y reproches sobre su responsabilidad, se rumoraba que pretendía destruirlo todo, con el afán de cumplir su sueño de construir la nueva Nerópolis.

Se dice que pronto rechazó los rumores de su autoría, se autoproclamó protector de los afectados, abriendo sus palacios para recibirlos y asumiendo todos sus gastos, además, encontró y señaló de inmediato a los responsables, los cristianos, contra quienes emprendió una cruel y mortal persecución a través de un edicto que ordenaba su captura y muerte en diversas formas sádicas, intentando así alejar las sospechas en su contra.  

Finalmente, la población romana años después, horrorizada por sus excesos, se reveló contra él y le fue retirado el cargo, condenado y prófugo, decidió quitarse la vida, acabando así la historia del emperador que quería crearlo todo destruyéndolo primero, sin embargo, aunque muchas de sus políticas fueron derogadas, el edicto contra los “malvados incendiarios” prevaleció y sirvió como justificación legal para la persecución cristiana futura, hecho que marcó a la humanidad determinantemente.

Leyenda o no, la anterior narración permite percibir las terribles consecuencias de acciones desesperadas por mantener el poder absoluto, decidir lo que es mejor para el pueblo a pesar del pueblo y valerse de enemigos perfectos para maquillar verdaderos intereses. De haber sido cierta la leyenda y culpable del incendio a Nerón nada le importó el sufrimiento de su población, las muertes y la destrucción, pues el anhelo de crear una nueva civilización que llevara su nombre bien lo valía.

Sirve la anterior referencia para tratar de explicar que sucede en Michoacán. En la actualidad el estado se encuentra en una crisis profunda de gobernabilidad. El titular del poder ejecutivo en la entidad federativa calificó las elecciones para elegir a su sucesor como una narco elección y por consiguiente a su ganador un futuro narco gobernador electo, que no permitirá ocupe el cargo.

Debe interpretarse a juicio de lo declarado públicamente por el gobernador en funciones Silvano Aureoles, que poco más de 720 mil votos obtenidos por Alfredo Ramírez, Gobernador electo, fueron obsequio de la delincuencia, mientras que los 679 mil obtenidos por Carlos Herrera, quien hasta antes de competir era su Secretario de Gobierno, son producto puro de la voluntad popular.

La narración simplona de justificar una derrota electoral por la influencia de la “delincuencia organizada” implica no solo desconocer y descartar la voluntad de los votantes, sino además ignorar instantáneamente a Instituciones que ejercen miles de millones de pesos de recursos públicos y que entre sus funciones constitucionales tienen precisamente la obligación de proteger el voto libre, así como sancionar cualquier acto en contra de la democracia.

El gobernador Silvano Aureoles autoconcentro todas las atribuciones de los órganos electorales y de investigación de delitos y determinó erigido en Tribunal y bajo juicio sumarísimo que cuenta con suficiente información para determinar y calificar por si, que se debe anular la elección, desconocer a su ganador e impedir ejerza la función.

Surgen muchas dudas de las pruebas secretas en poder del gobernador, y ¿qué? pudieran demostrar ¿la supuesta intervención en una casilla, región o municipio sirve para desechar toda una elección estatal?, en su caso ¿la supuesta acción de intervención se trataba de un favor o premio para quien resulto el candidato ganador, o puede interpretarse en caso de existir, en un castigo al candidato que garantizaba la continuidad quien hasta hace pocos meses fungir como secretario de gobierno?

Estas pruebas secretas ¿podrán acreditar la supuesta intervención general y además el acuerdo o pacto previo con el candidato ganador?, ¿se podrá pasar por alto los hechos notorios y cotidianos de violencia entre grupos delincuenciales que suceden en la entidad para afirmar que existe “un solo grupo narco” hegemónico con intereses y estrategias idénticas?

Al culpar en su calidad de gobernador Silvano Aureoles a un “enemigo público” de definir total y absolutamente el destino de una elección en una entidad federativa, sin pruebas o bajo premisas vagas, parciales o circunstanciales inaugura una peligrosa estrategia con intereses perversos que atenta contra la certeza electoral y los principios básicos de un Estado Constitucional y democrático de derecho, sienta un gravísimo precedente para cualquier mal perdedor en una contienda electoral, pues no solo obscurece la capacidad del gobierno saliente, sino empodera a los delincuentes, y genera un peligroso vacío de gobernabilidad y deslegitimidad de ambos gobiernos, el entrante y el saliente.

Los realmente beneficiados de la perversa estrategia son los grupos delincuenciales a través de una especie de apología delictiva y quienes resultan más afectados con ello son la población, sin que mucho parezca importar. La sensatez política debería prevalecer.

No solo se enturbia un proceso democrático y a quienes lo organizan, califican y revisan, suplantando sus funciones, sino que el carácter incendiario postelectoral que prevalece en la conducta del todavía funcionario que encabeza el poder ejecutivo del estado de Michoacán, genera una seria preocupación en la población estatal y nacional que de buena fe cree en sus autoridades, pero además impregna al estado de una imagen negativa a la ya de por sí deteriorada percepción de seguridad de la entidad que tiene en el país y en el mundo.  

Los cauces institucionales y las vías legales deberían ser la única opción con que cuenta un representante popular de máxima importancia como quien dirige el poder ejecutivo de una entidad federativa. La calificación de una elección, así como su validación corresponde exclusivamente a las autoridades electorales. El Tribunal Federal Electoral conforme el artículo 99 de la Constitución de nuestro país tiene el carácter de “máxima autoridad jurisdiccional en la materia”. No se puede confundir la posible comisión de delitos electorales cuya acción penal trae como consecuencia una pena y fines específicos, con la validación de una elección en un proceso electoral conforme reglas de valoración que la propia Constitución marca a través de principios, normas y precedentes, el simplemente equipararlos solo traería consigo esquizofrenia jurídica.  

Si bien la situación ha generado enojo y burla en mucha parte de la población que la tacha de sínica, existe sin lugar a dudas otra parte de la sociedad que en base al carácter del enunciante y la credibilidad que le da la propia envestidura como gobernador, recibe un mensaje desalentador de incertidumbre, anarquía y terror, que puede fomentar abandono y ausencia de inversión, turismo y empleo pero además que sitúa una vez más a Michoacán en los encabezados nacionales e internacionales como un lugar sin ley.

Se trata del mismo estado en que el Gobernador difundiendo los logros del quinto año de gobierno de la actual administración presumió tener el mejor Centro de seguridad C5-i (Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia) no solo del país sino de toda Latinoamérica y una policía recién construida capaz de afrontar los complejos retos de seguridad de la entidad, pero que paradójicamente no se enteró antes o durante la elección que se consumaba una narco elección, pues tardo 17 días celebrada esta para denunciarlos en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Entender el fenómeno de la manipulación del voto y los peligros que enfrenta la democracia no es cosa sencilla y aquí es donde se abre la oportunidad de construir una “realidad conveniente”. En palabras del filósofo francés Alexis de Tocqueville, es más fácil para el mundo aceptar una simple mentira que una verdad compleja. Sin prejuzgar parece que está es la estrategia que soporta la reclamación mediática contra la elección de Michoacán.

La peligrosa propaganda que insinúa que la “delincuencia organizada” es el único ente homogéneo, uniforme, leal y eficaz en la operación política ilegal para poner y quitar candidatos de elección popular, presupone que han quedado sin actividad decenas de sindicatos, gremios, grupos de empresarios, gobiernos en todas sus esferas, grupos de poder organizados y demás personas acomedidas que con recursos públicos o privados generan estrategias fuera de la ley para incentivar y direccionar el voto libre y secreto bajo medidas de presión, extorsión o amenaza.

Lo complejo de la incorporación de ese villano ideal “la delincuencia organizada” a las violentas batallas electorales y postelectorales debe preocupar a todos los actores políticos y sociales. El dardo envenenado de utilizarse facciosamente será una tentación de cualquier perdedor que busque deslegitimar a su oponente.

Debe aprovecharse esta coyuntura para poner atención a mejores y mayores sistemas de intervención de las autoridades con el fin de privilegiar el voto libre y evitar el peligro real de intervenciones que normalmente son previas y durante a la elección a través de la ministración de millonarios recursos económicos y a la compra de voluntades. La capacidad económica de los grupos delincuenciales es el arma más eficaz y peligrosa con que cuentan.  

Cuando se habla de delincuencia organizada queda claro que la primera referencia que surge en el imaginario es el de personas en las sierras, armadas con fusiles automáticos de alto calibre, que se trasladan en camionetas e intimidan a la población. Sin embargo, el término es mucho más amplio y sin lugar a duda, quedan incluidas todas aquellas pandillas que conjuntan grupos de personas con actividades concretas y tienen como fin mismo el cometer delitos, como el de controlar y modificar la voluntad del voto libre bajo extorción o dadiva, ¿a cuántos activistas políticos, económicos, sociales y gremiales les quedará el saco.?

Lo realmente grave es trasladar la atención de lo importante a lo incendiario, mientras, la población continuará confundida, con miedo, ausente de atención, con vacíos de gobernabilidad, sin coordinación entre sus autoridades, con un estigma de pertenecer a un estado narco, sin rendición de cuentas, todo esto en tiempos de crisis económica, de seguridad y de salud.

¿Sera que todos estos sacrificios bien valen la pena?, no para crear una nueva ciudad como Nerópolis, pero si para salvar al pueblo de la terrible amenaza de una narco elección.