Miscelánea, salud y política

Yerros por omisión o intencionados                                                                                  

La certeza y confianza ciudadanas desaparecen de la vida pública cuando la voz presidencial, de la líder política gobernante pretende regir la opinión de los mexicanos con retórica y elude encarar con veracidad la compleja problemática que afecta las relaciones bilaterales México-Estados Unidos.

El poderoso vecino del norte aduce razones de seguridad y soberanía para combatir como terrorismo la narco-política que opera con impunidad en México y abastece a estadunidenses de "armas de destrucción masiva" (ADM), como es considerado el fentanilo y otros opioides sintéticos, causantes de 87 mil muertes entre 2024-2025 en esa nación.

La presidente Claudia Sheinbaum no acierta en acciones ni en reacciones, elude cumplir con las obligaciones que adquirió México al firmar tratados internacionales --ratificados por el Senado—y emite declaraciones confusas, incurre en yerros por omisión o intencionados.

Tampoco parece recibir asesoría jurídica ni diplomática, ya que demanda en forma vehemente "pruebas irrefutables" que no quiere ver, o esgrime el escudo de la soberanía nacional para justificar su inacción frente a los requerimientos de la Fiscalía de la Corte de Justicia de Nueva York.

Juristas expertos lamentan que la mandataria haya desaprovechado la ventana de oportunidad para negociar con Estados Unidos, esta se abrió el 28 de abril cuando ese país solicitó la detención administrativa de una decena de sinaloenses, acusados de conspiración para el narcotráfico, tráfico de armas y brindar protección al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de los "Los Chapitos".

El analista político, experto en temas de seguridad, Edgardo Buscaglia sostuvo en Aristegui Noticias que el gobierno de Claudia Sheinbaum no solo está obligado a colaborar con las investigaciones impulsadas desde Estados Unidos contra políticos y funcionarios mexicanos, sino que bloquear o frenar investigaciones es un delito que busca proteger a la delincuencia organizada, advirtió.

La mandataria se metió en un callejón sin salida, se negó a detener a los morenistas requeridos por Estados Unidos, a quiénes de no querer entregarlos, pudo haber abierto carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República.

Ahora, la jefe del Ejecutivo tendrá que lamentar las consecuencias de no actuar, dos de ellos: el Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, se entregaron a la justicia norteamericana, se presume para negociar y ser testigos protegidos y obtener sentencias menos duras.

Quizá Sheinbaum esté sola, porque nadie quiere padecer la inmersión al pantano de miembros de la cúpula obradorista, quienes pasaron de los abrazos con carteles del crimen, la avaricia económica y el anhelo de eternizarse en el poder a la huida por haberse coludido con la delincuencia organizada.

La soberanía mexicana está desprotegida. Sin rumbo claro en el timón. La advertencia desde el exterior es que esto apenas empieza y se avecina un largo proceso. Agrava la tensión el hecho de que el general Mérida Sánchez un militar de carrera en retiro sorpresivamente decidiera entregarse.

Según el periodista Salvador García Soto, el general con 70 años de edad y una sobresaliente formación académica, cruzó la garita fronteriza de Nogales, Arizona, para entregarse con un archivo o "caja de pruebas" que contiene documentos, videos y memorias USB.

En este contexto, preocupó a la opinión pública lo declarado por la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quien aseguró que su nombramiento no lo decidió Rocha Moya sino fue enviado por Sedena a Sinaloa, lo que pondría bajo sospecha al Ejército.

Las medidas estadunidenses ya tienen consecuencias en el sistema financiero mexicano, hoy sabemos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no actuó con soberanía sino fue forzada por los banqueros estadunidenses a cumplir con congelar cuentas de la decena de sinaloenses requeridos por la justicia norteamericana.

Además, se han sumado nuevas órdenes ejecutivas de Trump para reforzar controles bancarios y financieros sobre operaciones con criptomonedas y aquellas ligadas a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Sin duda, México debe defender su soberanía, su independencia, pero no será a través del gobierno morenista cuestionado, hoy "en riesgo de ser sujeto de un maxiproceso judicial por parte de Estados Unidos por complicidad con el crimen organizado", sostienen expertos internacionales.

El segundo piso de la 4T está debilitado por sus propios errores y alianzas inconfesables, por promover y mayoritear reformas para destruir las instituciones de la incipiente democracia mexicana y erigirse como un sistema totalitario, carente de pluralidad y las fortalezas que dan la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas; con un sistema jurídico y un Poder Judicial cooptados y vulnerables.

Todo parece indicar que el momento es propicio para que resurjan las oposiciones y los consensos sociales de causas ciudadanas.