Los Siervos de la Nación/Jorge Álvarez Banderas

LOS “SIERVOS DE LA NACIÓN”

Sí, no se trata del vallisoletano jefe insurgente José María Morelos y Pavón, se trata de personas que no son profesionales de la salud que estén en la primera línea frente a la epidemia, que están recibiendo la vacuna de Covid 19, son los brigadistas contratados por la administración federal en turno, encargados de levantar el “Censo de Bienestar”, personas que de acuerdo al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, están incluidos en el Plan de Vacunación, lo que se traduce en una irregularidad o anomalía y un abuso en perjuicio del personal médico.

   Una actividad con usos de naturaleza electoral, disfrazada de “estrategia” para cuidar que no se utilice la vacunación con propósitos electorales, una absoluta contrariedad, defendida a ultranza por el presidente López; bajo el nombre de “correcaminos”, estas personas están vinculadas con millones de adultos mayores que viven en zonas maginadas en la entrega de sus pensiones, que realizan sus funciones en una completa opacidad; son personas que en su momento hicieron promoción y defensa del voto en la campaña presidencial del partido al que pertenece el titular del poder ejecutivo federal.

            Son casí 23 mil operadores políticos que laboran para la Secretaría de Bienestar, repartiendo las dosis del fármaco, quienes a la postre derivan en demasía, respecto de los vacunadores, una situación que no se contempla en el Documento Rector de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2.            

Vigilar la actuación de estas personas no será tarea fácil, verificar que no porten atuendos alusivos al partido al que pertenecen, que no utilicen listados nominales o que soliciten credenciales de elector, conlleva a su vez en un gasto adicional que resulta innecesario, para evitar se presenten actos violatorios de la normatividad electoral, dado que su origen es promover programas sociales y acciones de gobierno con fines netamente electorales, sencillamente, son un brazo operador del gobierno federal con cargo al erario público, lo que no se traduce en parte del bien común o del gasto público, que es a donde debe destinarse el pago de nuestras contribuciones.