Rogelio Reyes, violentador; jaloneó a regidora de Apatzingán: Teemich

MORELIA, Mich., 23 de septiembre de 2026.- Rogelio Saúl Reyes Peralta, secretario de Obras Públicas de Apatzingán, emanado de Morena, jaloneó, sujetó por la nuca y lesionó a la regidora también morenista María del Carmen Zepeda Ontiveros, adulta mayor, después de que cuestionó el destino de 16 millones de pesos en una sesión de Cabildo.

En sesión pública, este miércoles, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich) acreditó este miércoles que el funcionario cometió violencia política contra las mujeres en razón de género de tipo verbal, físico y psicológico durante una sesión de Cabildo celebrada el 28 de enero.

La magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos expuso que los certificados médicos documentaron torceduras de articulaciones y ligamentos, contusiones en músculos torácicos y esguinces cervical y dorsal, mientras que el dictamen psicológico confirmó afectaciones emocionales. 

Destacó que la sentencia fue construida con perspectiva de género y de derechos humanos, al tratarse de una mujer adulta mayor.

El magistrado ponente Adrián Hernández Pinedo explicó que, aunque no existía una prueba plena de la agresión, la concatenación de distintos indicios permitió construir una prueba circunstancial y acreditar los hechos.

 Añadió que las medidas de protección dictadas en favor de Zepeda Ontiveros permanecerán vigentes de manera indefinida mientras continúe en el cargo.

A su vez, el magistrado Eric López Villaseñor sostuvo que el ejercicio de un cargo público debe realizarse con libertad y sin miedo, y subrayó la responssdbilidad del ayuntamiento de impedir que estas agresiones se repitan. 

El Teemich concluyó que la conducta de Reyes Peralta fue misógina y machista, dirigida a minimizar y lastimar a la regidora por ejercer su cargo y cuestionar el manejo de recursos públicos.

La falta fue calificada como grave especial. El Cabildo deberá imponer la sanción correspondiente, mientras Reyes Peralta tendrá que ofrecer una disculpa pública, acreditar un curso sobre violencia de género y permanecer 20 meses en los registros estatal y nacional de personas sancionadas. 

El tribunal exoneró a la presidenta municipal y al resto de las personas denunciadas, pero vinculó al ayuntamiento para prevenir nuevas agresiones.