Libre expresión…/Carlos Monge

Lo que faltaba…

“Los sinvergüenzas son a menudo especialistas en fingir ser auténticos santos”… David Lagercrantz (1962– ¿?). Periodista sueco.

En el marco de las campañas proselitistas donde mayoritariamente ex alcaldes, ex diputados locales y federales y ex funcionarios de todos los niveles buscan de nueva cuenta el voto para seguir viviendo del erario, miles de trabajadores, preponderantemente del sector educativo, sufren la incertidumbre de que los embarguen por préstamos que ya pagaron o esperando servicios y/o seguros que también ya pagaron.

En lo que resulta todavía un presunto pero muy evidente acto irregular, autoridades estatales actuaron como intermediarios de sus empleados, es decir, para garantizar el pago a los terceros institucionales como la aseguradora MetLife o Cajas Populares, por citar un par de ejemplos, se les descontó puntualmente de la nómina a los trabajadores, pero el dinero no ha llegado a donde debería.

Semejante situación se presentó desde el 2011 cuando encabezaba la administración estatal Leonel Godoy Rangel, pero el problema no se contuvo y hasta continuó durante el gobierno que encabezó Fausto Vallejo Figueroa, de forma interina Jesús Reyna García y de manera sustituta Salvador Jara Guerrero.

Además de que durante la presente administración que encabeza Silvano Aureoles Conejo, no han logrado solucionar el problema. Para empezar, deberían resolver el conflicto de unos mil 800 trabajadores de la educación que enfrentan dificultades legales pese a que ya pagaron, como lo informó el abogado de la CNTE, Hugo César Serrano; además de insistir en las investigaciones y la obtención de pruebas para que haya rendición de cuentas, lo que debería incluir la máxima inhabilitación vigente y de ser posible, años de cárcel para que resulte ejemplar.

Pero no sólo eso, sino priorizar también a las centenas o miles de personas que aún esperan servicios de MetLife, empresa a la que se le debían más de 800 millones de pesos cuando inició la presente administración estatal, como lo informó entonces el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza.

El listado de los pendientes es enorme, baste recordar que la deuda de corto plazo supera los 12 mil 600 millones de pesos, donde seguramente también se encuentran los casi 2 mil jubilados de la Secretaría de Educación que se manifestaron para exigir el pago de 25 mil pesos que en promedio les adeudan a cada uno. Además de empresas constructoras y otros terceros institucionales que siguen a la espera del pago de compromisos que se adquirieron en otras administraciones.

El sentido común obliga a concluir que semejantes irregularidades podrían comprobarse fácilmente para ajustar cuentas a quienes hayan actuado con dolo, especialmente en los casos donde se desvió el dinero de los trabajadores y sobre todo, cuando hay algunos que incluso ya fallecieron sin haber obtenido los beneficios que habían pagado en tiempo y forma.

No hay adjetivos ante tan lamentable situación, que para colmo de males, parece olvidarse fácilmente entre los ciudadanos que ahora reciben sin cuestionamiento alguno a quienes ya pasaron por la administración pública y/o la legislatura local, sin haber hecho un real esfuerzo por solucionar tantas irregularidades.

Que en Michoacán se registren casos como los señalados, resulta simplemente inexplicable y deja clara la ineficacia, corrupción e impunidad que ha prevalecido en muchos de los que han pasado por los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ojalá que la administración de Silvano Aureoles se tome en serio resolver dicha problemática y pronto esté en condiciones de transparentar toda la deuda a corto plazo, a quién se le debe, cuánto y desde cuándo, pero sobre todo, ojalá que provoque una ejemplar rendición de cuentas. Me resisto a perder la esperanza.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.

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