La operación política de la milicia/Ethel Riquelme

Además de los muy difíciles momentos que han enfrentado en este gobierno las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su labor constitucional y las añadidas por el presidente López Obrador, el mando militar ha tenido que operar, negociar, cabildear, pactar y resolver en el campo político, como pocas veces pudieron o se les permitió en el pasado reciente.

La ausencia o lentitud de la autoridad civil para intervenir por ellos, para resolver legalmente por ellos como lo marca la Ley de la Administración Pública Federal, para representarlos como lo indican las leyes militares, para evitar que se involucren en temas de partidos, gremios, sindicatos, luchas sociales o ideológicas de la sociedad civil pondría en riesgo que no cumplieran en tiempo y forma con los muchos compromisos adoptados con su comandante supremo, por lo que han terminado por atender o negociar con grupos de choque y presión.

A diferencia de hace apenas unos cuantos meses, donde imperaban las acusaciones, agresiones y señalamientos contra la milicia, actualmente hay grupos que ya prefieren negociar con las Fuerzas Armadas de manera directa que con las instancias civiles de gobierno.

La construcción del Aeropuerto de Santa Lucía a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde localizar y aportar los terrenos hasta la estrategia de aviación civil, pasando obviamente por su construcción, autorizaciones, operación y buena parte financiamiento, ciertamente genera dudas sobre la posibilidad de concluir en tiempo y particularmente en forma, pero ha puesto a prueba a una camada de especialistas en negociación y operación política y social.

Desde los amparos judiciales que fueron presentados por ciudadanos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucia y que en el procedimiento fueron atendidos por la Consejería Jurídica de Julio Scherer, pero en los hechos respondida con argumentos técnicos, jurídicos y hasta filosóficos de las leyes y doctrinas militares, hasta las diversas intenciones de estrategias con medios de comunicación y las frecuentes y extensas reuniones con comuneros y habitantes de los siete municipios involucrados, los miembros del Ejército han sido operadores políticos más que técnicos, negociadores más que soldados y cabilderos en solitario.

Las manifestaciones recientes protagonizadas por la Confederación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México en la entrada del Campo Militar 37-D, donde se ubica la Terminal Aérea, son una prueba de ello. Con camiones materialistas y de volteo impidieron el paso en demanda de ser considerados como proveedores y trabajadores de la construcción del nuevo Aeropuerto, lo que no provocó la movilización ni de autoridades civiles federales ni del Estado de México y menos de las municipales de Tecámac, aun y cuando las manifestaciones se dieron en plena visita del presidente López Obrador a Santa Lucía.

Tres días después, fueron los propios soldados quienes, tras cuatro reuniones con uno de los sindicatos más fuertes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), de profundo cuño priista, acordaron otorgarles el 60 por ciento de los acarreos de materiales que se realicen al exterior del campo, 30 por ciento de los cuales serán cubiertos por empresas y personal de la localidad y 10 por ciento de la propia Sedena, dada la capacidad de unidades militares que se dedican también a otras tareas como el DNIII.

El acuerdo con los materialistas determinó que los acarreos se harán fuera del Campo Militar, como medida de seguridad para evitar importunar la operación, la vida de las familias militares y el propio desarrollo de las actividades de las instalaciones estratégicas que ahí se ubican.

Rápido han cambiado las posturas desde aquella oposición a que militares salieran a las calles para atender la seguridad pública, a que comandaran la Guardia Nacional o los operativos migratorios. La difícil realidad y la semiparálisis en varios campos de la vida pública, han permitido reconocer que son los soldados la mejor y a veces única alternativa de que los asuntos caminen; pero también, cuidado, de que ejercer presión civil hacia ellos resulte cuando los ojos de la opinión pública, de los derechos humanos, de legisladores, cárteles criminales y fuerzas militares extranjeras, están sobre ellos.