La democracia que no aprende

Me parece sorprendente cómo el ser humano, mediante su capacidad de razonamiento y observación, ha logrado comprender y transformar el mundo que lo rodea. En disciplinas tan diversas como la física, las matemáticas, la biología, la filosofía y la medicina, cada generación ha podido construir sobre los conocimientos de quienes la precedieron, corrigiendo errores y ampliando nuestra comprensión de la realidad. En prácticamente todas las áreas del conocimiento encontramos ejemplos de descubrimientos e ideas que se acumulan y perfeccionan, siguiendo una clara trayectoria de progreso.

Sin embargo, existe un ámbito en el que nuestra capacidad de aprender de la experiencia parece  limitada: la organización política de nuestras sociedades. A diferencia del conocimiento científico, donde los descubrimientos permiten corregir errores y construir sobre lo aprendido, en la política parece que estamos condenados a repetir indefinidamente los mismos errores y vivir en ciclos interminables.

Desde la antigua Grecia, filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre las virtudes y los peligros de las distintas formas de gobierno. Siglos después, pensadores como John Locke y Montesquieu desarrollaron principios fundamentales para limitar el ejercicio arbitrario del poder. La separación de poderes, la representación política, el consentimiento de los gobernados y la existencia de mecanismos para exigir rendición de cuentas a quienes ejercen funciones públicas surgieron del reconocimiento de una realidad elemental: el poder concentrado, sin controles efectivos, puede terminar utilizándose en beneficio de quienes lo ejercen.

Estas reflexiones contribuyeron a construir los sistemas democráticos modernos. Y aunque sería incorrecto desconocer los avances alcanzados en materia de derechos y libertades, resulta difícil ignorar la facilidad con la que muchas de estas conquistas terminan desvirtuándose. Instituciones concebidas para vigilar al poder se subordinan a él; representantes populares dejan de responder a sus electores y gobiernos que llegaron prometiendo combatir los abusos terminan reproduciendo las mismas prácticas que denunciaban.

En México estamos nuevamente a las puertas de una temporada electoral y el panorama resulta extraordinariamente familiar. Los aspirantes opositores denuncian la corrupción, la incompetencia y los abusos de quienes gobiernan. Prometen terminar con los privilegios, administrar honestamente los recursos públicos y resolver problemas que sus adversarios han sido incapaces de atender. Sin embargo, una vez concluidas las elecciones, no es extraño descubrir que quienes obtuvieron el triunfo recurren a las mismas prácticas que condenaban cuando se encontraban fuera del poder.

Entre quienes llegan a ocupar posiciones legislativas desde la oposición encontramos otro fenómeno igualmente lamentable. Representantes que deberían fiscalizar al gobierno y defender los intereses de sus electores terminan negociando su silencio o su respaldo político a cambio de posiciones, recursos y beneficios. En ocasiones, incluso pretenden presentar estas conductas como expresiones de habilidad política, llamando cínicamente arte de la negociación a lo que claramente es una renuncia a sus responsabilidades.

Las contradicciones se vuelven todavía más evidentes cuando llegan las siguientes elecciones. Quienes durante años denunciaron a sus adversarios como corruptos, incompetentes o responsables de los problemas que enfrenta la sociedad aparecen repentinamente como sus aliados, e incluso los presentan como las mejores opciones para gobernar. Naturalmente, estas incongruentes alianzas invariablemente vienen acompañadas de acuerdos para distribuir candidaturas y posiciones públicas. Los partidos cambian, las alianzas se modifican, pero los vicios y la falta de resultados se perpetúan. ¿Dónde quedaron los mecanismos democráticos que deberían permitirnos depurar a nuestra clase gobernante?

La respuesta exige considerar dos características del comportamiento humano. La primera es que las personas tenemos una inclinación natural a procurar nuestro propio beneficio. La segunda es que tendemos a establecer relaciones de lealtad con quienes tienen la capacidad de ayudarnos a conservarlo. No significan que el ser humano sea incapaz de actuar por convicción o en beneficio de los demás. Pero es evidente que nuestro sistema político no está diseñado para atender esta realidad en beneficio de la mayoría.

En principio, la democracia debería aprovechar esas motivaciones para producir resultados favorables a la sociedad. Si la permanencia de un gobernante dependiera de su capacidad para satisfacer las demandas ciudadanas, tendría razones para procurar el bienestar de sus electores. Si un representante popular supiera que su incompetencia o deshonestidad terminarían por excluirlo de la vida pública, tendría incentivos para desempeñar responsablemente sus funciones.

El problema es que, en nuestro sistema político, antes de someterse al juicio de los ciudadanos, los aspirantes deben mantenerse vigentes, y eso solo lo puede permitir el gobierno y los partidos políticos. Esto modifica profundamente los incentivos. Para un político que aspira a continuar su carrera, puede resultar más importante conservar la confianza de quienes deciden las candidaturas y quienes pueden ofrecerle algún cargo administrativo entre elecciones que mantener la de sus propios electores. Su futuro depende entonces de demostrar lealtad a las personas que controlan las oportunidades de permanencia y ascenso, aun cuando sus decisiones resulten contrarias a los intereses de quienes en teoría debería representar.

El electorado también tiene una enorme responsabilidad. Una sociedad que olvida con facilidad los abusos, tolera las incongruencias o continúa respaldando a personajes de desempeño cuestionable contribuye a perpetuar el problema. La falta de memoria de los ciudadanos sin duda alguna da lugar a la continuidad de perfiles no adecuados en el gobierno.

Quizá ahí radique una de las mayores contradicciones de nuestra democracia. Hemos construido instituciones que privilegian los intereses de los gobernantes sobre los de la sociedad, haciendo que sus integrantes dependan políticamente de estructuras que premian la obediencia y la lealtad personal.

La ciencia ha progresado porque hemos sido capaces de comprender las leyes que gobiernan la naturaleza y utilizar ese conocimiento para transformar nuestra realidad. En la política, en cambio, seguimos construyendo instituciones que ignoran motivaciones fundamentales que condicionan el comportamiento humano. Mientras no seamos capaces de comprenderlas y diseñar sistemas en los que la búsqueda del beneficio personal encuentre mayores incentivos en servir a la sociedad que en aprovecharse de ella, seguiremos repitiendo los mismos ciclos, cambiando de gobernantes pero sin conseguir avances que perduren en el tiempo.