La triple exclusión educativa: aprender

El número de escuelas abiertas no necesariamente es equivalente inmediato al de planteles en donde se aprende. Michoacán discute con frecuencia cuántos niños asisten y casi nunca cuánto aprenden, porque no se sabe y el concepto de aprendizaje ha sido prácticamente borrado de la narrativa oficial. El estado carece de una evaluación objetiva, universal, propia y pública de logro escolar, mientras que, lo único que tenemos es una prueba internacional que no distingue entre entidades.

Los resultados de PISA 2025, difundidos en septiembre de 2026, ofrecen el diagnóstico más reciente. México obtuvo 414 puntos en ciencias, 408 en lectura y 388 en matemáticas, muy por debajo de los promedios de la OCDE: 482, 461 y 463. En matemáticas el país cayó siete puntos respecto de 2022 y volvió a un nivel semejante al de 2003; casi siete de cada diez estudiantes de 15 años no alcanzaron el nivel mínimo. México ocupó el lugar 64 entre 91 países.

Es importante dejar en claro que PISA mide la capacidad de aplicar lo aprendido a la resolución de problemas, como interpretar un texto o razonar con números. Que casi siete de cada diez jóvenes no alcancen el nivel mínimo en matemáticas es, por tanto, el piso y no el techo de lo que una escuela debería garantizar.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, respondió en su comparecencia del 29 de octubre ante comisiones de la Cámara de Diputados. Sostuvo que es un error pensar que PISA pueda conducir la política educativa del país. Recordó que la prueba se levanta a 7,843 estudiantes de 297 escuelas, frente a unos veinte millones de alumnos de educación básica; atribuyó parte de la caída mundial a las pantallas, aunque pidió no usarlas como pretexto, mientras destacó otros datos de la misma prueba: 81 por ciento de los alumnos mexicanos percibe que sus maestros se interesan en su aprendizaje, contra 69 por ciento en la OCDE, y la proporción de jóvenes incorporados al sistema educativo pasó de 45 por ciento en 2000 a 69 por ciento en 2025.

No es una postura nueva. En el otoño de 2025, ante la misma Cámara, Delgado dijo que compararse internacionalmente con pruebas estandarizadas no le sirve al país y que esas pruebas son ajenas al modelo educativo, aunque México participa. Ante el Senado, en noviembre de 2025, calificó a PISA de insuficiente para guiar la mejora y la contrastó con los Ejercicios Integradores de Aprendizaje (EIA), en los que, según dijo, participaron 51,896 escuelas frente a las 297 de la muestra, sin mencionar que, en los EIA, los propios docentes aplican y califican las pruebas, volviéndose jueces y parte, ya que las autoridades educativas los someten a incurrir en ese tipo de conflicto de intereses. En septiembre, ya con los resultados, admitió que la muestra es estadísticamente representativa, pero pidió no tratarla como una evaluación integral del sistema.

PISA mide a jóvenes de 15 años en tres campos y un país no debe gobernarse con una sola cifra. Pero el argumento deja tres vacíos. Una muestra pequeña no invalida un resultado cuando está bien diseñada: esa es la lógica de las evaluaciones muestrales. Los ejercicios integradores son formativos, voluntarios, y no son resultados públicos comparables, ni cuentan con validez muestral. Y mayor cobertura o mayor interés de los maestros no prueban que los niños aprendan más. Asumiendo sin conceder que PISA no debe conducir la política, hace falta un instrumento o una batería de ellos que sí lo posibilite, pero hoy no se ve ninguno. Y gobernar sin diagnóstico integral es navegar a ciegas.

Para Michoacán la discusión es todavía más urgente. Si la prueba nacional no sirve para decidir y no distingue entre entidades, el estado carece de un solo instrumento público para saber cuánto aprenden sus niños. Ni siquiera el dato que el secretario citó a favor tranquiliza: si PISA 2025 representó a 67 por ciento de los jóvenes de 15 años, una tercera parte quedó fuera de la medición, por estar fuera de la escuela. En Michoacán, son 48 de cada 100.

PISA no desagrega resultados por entidad, de modo que debemos inferir. Y la inferencia tiene una trampa: la prueba sólo mide a jóvenes de 15 años que siguen en la escuela. En Michoacán apenas 52 de cada cien jóvenes de 15 a 17 años cursan la media superior a su edad, contra 62.7 en el país; aplicada aquí, PISA mediría a los sobrevivientes. A eso se suma que las variables que mejor predicen el desempeño son más adversas en Michoacán: 34.3 por ciento de pobreza frente a 29.6 nacional, rezago educativo de 25.7 por ciento frente a cerca de 19, y 61.2 por ciento de la población sin seguridad social. Lo razonable es suponer que el aprendizaje michoacano está por debajo del promedio nacional, no por encima.

Los indicadores de flujo, que sí son estatales, apuntan en la misma dirección. En el ciclo 2023-2024, el abandono en primaria fue de 2.2 por ciento frente a 0.6 nacional. En secundaria, el abandono fue de 7.3 contra 3.7, la reprobación de 7.7 contra 3.4 y la terminación de 71.4 contra 84.2. En media superior terminó 56.4 por ciento de la cohorte, contra 62.1 en el país, y en superior el abandono fue de 10.4 contra 7.1.

La Encuesta Intercensal 2025 ofrece otra señal. El analfabetismo bajó de 7.2 a 5.5 por ciento y la escolaridad promedio subió de 8.6 a 9.2 años, avances reales, pero el analfabetismo nacional es de 3.7 por ciento y la esperanza de escolaridad en Michoacán, 12.7 años, queda lejos de los 14.0 del país.

Existe, además, una relación conocida entre pobreza y aprendizaje. Un niño que llega a clase sin desayunar, que vive sin libros ni conexión y que falta cuando la familia huye de la violencia aprende menos que otro con mejores condiciones. La escuela puede compensar esa desventaja sólo si tiene docentes, materiales, tiempo y acompañamiento; cuando no los tiene, la desigualdad de origen se vuelve desigualdad de destino.

Para aprender hacen falta maestros frente a grupo y aulas abiertas. En agosto de 2024 la CNTE denunció la falta de unos dos mil quinientos docentes, cifra que el gobierno estatal no reconoció. Más allá de esa controversia, las protestas de padres por planteles sin maestro son recurrentes. El gobierno puede mostrar, con razón, más de 121 quincenas pagadas sin retraso. Pero un calendario de pagos cumplido no equivale a clases impartidas, ni a un ciclo escolar completo.

Cada día sin maestro tiene un costo que nadie mide. Un grupo que pierde semanas de clase al inicio del ciclo desmotiva a los niños, desgasta a las familias y empuja a los más vulnerables hacia el abandono; quienes más sufren son los hijos de las familias sin recursos para pagar clases particulares.

La violencia agrava el problema. El 22 de febrero de 2026 se suspendieron las clases en todos los niveles del estado tras los hechos violentos derivados de la muerte de un líder criminal, y en Apatzingán se reportó el cierre de 34 escuelas. En la encuesta estatal de agosto de 2026 que aplicó Mexicanos Primero Michoacán, el 51.7 por ciento de las personas dijo que las suspensiones de clases son frecuentes, frente a 42.2 en 2023, el único indicador educativo que empeoró. La percepción no sustituye a la estadística, pero coincide con paros, cierres y grupos sin docente.

Gobernar a ciegas es una decisión, es cómoda, pero lleva al precipicio. A corto plazo, el rezago se acumula: quien no domina la lectura en tercero de primaria no comprenderá los textos de secundaria. A mediano plazo, esa deuda se convierte en abandono y en una fuerza laboral con escasas competencias, condenada a la informalidad y a salarios bajos, lo que reproduce la pobreza entre generaciones. A largo plazo, el estado pierde su oportunidad de aprovechar el bono demográfico: la mitad de los mexicanos tiene 32 años o menos y la fecundidad ha caído a 1.9 hijos por mujer, de modo que una generación mal formada hoy será una población envejecida y poco productiva mañana. Y la democracia sufre ante la desinformación y la manipulación política.

El gobierno de Michoacán debe construir su propio sistema de evaluación de aprendizajes, con una muestra representativa por región en lectura y matemáticas, aplicada cada año y publicada en datos abiertos. Sus resultados deben alimentar un plan de recuperación con tutorías focalizadas en las escuelas de menor desempeño. Es indispensable un padrón público de plazas docentes y vacantes, con reglas conocidas para cubrir grupos sin maestro en las primeras semanas del ciclo, incentivos para trabajar en zonas de violencia y una alianza con las normales para el relevo generacional. Y se requiere un calendario protegido: un registro público de días efectivos de clase por escuela, que incluya paros y cierres.

Paralelamente, el congreso local debe de exigir un informe anual sobre días efectivos de clase y plazas vacantes por municipio. Si Mario Delgado comparece en la Cámara de Diputados, hacer lo propio en la entidad. Así también, debe de exigirse un mecanismo para reponer los días perdidos de clases, de modo que la protesta no la pague el aprendizaje de los niños.

Simultáneamente, se debe de constituir un observatorio independiente de aprendizajes, desde la academia, las universidades, las normales y la sociedad civil organizada. Mientras que las madres y padres de familia deben de exigir, además de la boleta de calificaciones, también los resultados de aprendizaje de la escuela de sus hijos.

El sistema de evaluación debe servir para dirigir los apoyos donde más se necesitan. Debe acompañarse de una estrategia de lectura y escritura en los primeros grados, con bibliotecas de aula y tiempo diario de lectura, así como de matemáticas desde primaria, con formación continua pensada desde cada zona escolar y no como trámite de constancias, ni mucho menos como espacios para sembrar ideología, realizar actividades gremiales o para legitimar medidas cupulares, que son perversiones en las cuales está incurriéndose en los llamados Consejos Técnicos Escolares. Y en contextos de violencia y desplazamiento, con registros que acompañen al niño cuando cambie de escuela y protocolos de protección que se activen para que, a la brevedad, puedan aprender en paz. ¡Merecemos un gobierno educador!

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.