La colmena

La impunidad: cuando una sociedad deja de creer en la justicia

Es preocupante la magnitud de la delincuencia en nuestro país, pero quizá lo sea todavía más que el enjambre social pierda la confianza en las instituciones encargadas de combatirla.

Es como la humedad: va permeando silenciosamente. Primero se manifiesta como una experiencia personal, después se convierte en tema de conversación entre vecinos, familiares y amigos, hasta terminar en una frase que todos hemos escuchado: «¿Para qué denuncias, si no va a pasar nada?».

Detrás de esas palabras hay mucho más que resignación. Y es una lástima que lastima, porque esa desconfianza va mermando la credibilidad de las instituciones encargadas de protegernos.

Consultando diversas fuentes, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el INEGI, durante 2025 se estimaron 33.8 millones de delitos en México. De ellos, el 93.4 por ciento no se denunció o no dio lugar a una carpeta de investigación. Es la llamada cifra oculta, la que no se ve pero se siente: no equivale a una tasa de impunidad, pero muestra cuántos delitos quedan fuera de una investigación formal.

¿Por qué sucede? Hay miedo, desconfianza, trámites complicados, malas experiencias y la percepción de que denunciar significa perder el tiempo. Cuando alguien deja de acudir ante la autoridad porque cree que no encontrará respuesta, el problema ya no es solamente de seguridad pública: también es de confianza institucional. Lo que acrecienta el problema.

La justicia penal funciona como una cadena de responsabilidades: un engranaje. La policía debe actuar oportunamente; las fiscalías, investigar y reunir pruebas; los peritos, aportar elementos confiables; y los tribunales, resolver conforme a derecho. Cuando un eslabón o engrane falla, el resultado puede ser un delito sin esclarecer y una víctima sin respuesta.

No todas las deficiencias obedecen a corrupción o complicidad, aunque ambas son preocupaciones legítimas. También existen carencias de personal, falta de capacitación, investigaciones deficientes y expedientes acumulados. Evadir la responsabilidad culpando al pasado o reconocerlas, no significa justificar la falta de resultados.

A este panorama se suma, a mi parecer, la incertidumbre que ha provocado la reforma judicial. La elección de juzgadores, los cuestionamientos sobre los mecanismos de evaluación de las candidaturas y las denuncias relacionadas con los llamados «acordeones» han alimentado dudas sobre la independencia y la preparación de quienes deben impartir justicia. A ello se agregan las noticias sobre renuncias de personas juzgadoras electas y las críticas de especialistas. No afirmo que todos los nuevos integrantes del Poder Judicial carezcan de capacidad; lo que sostengo es que una reforma de esta magnitud tendría que fortalecer la confianza pública, no dejar nuevas interrogantes sobre ella como ha venido sucediendo.

También merece atención el caso de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE. Los señalamientos públicos sobre su actuación, y las renuncias en cascadas de altos funcionarios allegados a ella, procedimientos imparciales, etc., plantean otra pregunta incómoda: ¿cómo recuperar la confianza ciudadana si las instituciones responsables de garantizar la legalidad quedan bajo sospecha? 

Tampoco debemos confundir justicia con castigo a cualquier precio. La presunción de inocencia y el debido proceso no son obstáculos que deban eliminarse, sino garantías indispensables para una justicia verdaderamente apegada a derecho.

El problema de fondo aparece cuando la ausencia de resultados modifica la conducta de las personas. Quien está dispuesto a delinquir puede sentirse alentado si percibe que difícilmente será investigado y la víctima puede dejar de denunciar. Y el ciudadano que cumple la ley comienza a preguntarse por qué las reglas parecen aplicarse de manera distinta según la posición o las relaciones de cada quien.

Así, la impunidad deja de ser únicamente un problema de tribunales y expedientes. Deteriora la convivencia y debilita la confianza en las autoridades. Pero tampoco podemos ignorar nuestra propia relación con la legalidad.

Nos indignamos ante los grandes casos de corrupción o abuso de autoridad. Sin embargo, a veces toleramos pequeñas transgresiones cuando nos benefician: una recomendación para evitar una sanción, un favor indebido para acelerar un trámite o la idea de que ciertas reglas pueden ignorarse mientras nadie nos descubra.

Desde luego, esas conductas no son equivalentes a los grandes delitos, ni corresponde trasladar a los ciudadanos la responsabilidad del Estado. Pero sí reflejan una contradicción y un componente negativo que comienza a arraigarse en la sociedad: exigimos respeto a la ley mientras buscamos excepciones para nosotros mismos.

La cultura de la legalidad también se construye en la familia, las escuelas, las empresas y las instituciones. Quizá el mayor peligro de la impunidad sea su capacidad para normalizar lo que debería resultarnos inaceptable. Nos acostumbramos a escuchar que una investigación no avanzó, que una denuncia no prosperó o que una víctima sigue esperando respuestas.

Con el tiempo, el asombro disminuye y la indignación corre el riesgo de convertirse en indiferencia. Y cuando dejamos de sorprendernos ante la ausencia de justicia, también podemos dejar de exigirla.

México necesita instituciones capaces de investigar, proteger a las víctimas y resolver los casos oportunamente y conforme a derecho. No basta con anunciar reformas, aumentar penas o presentar cifras de detenciones. Lo importante, lo que el enjambre social espera, son respuestas cuando recurre a la justicia.

Una sociedad no se vuelve más justa por tener leyes más severas, sino por contar con instituciones capaces de aplicarlas correctamente, sin privilegios y con respeto a los derechos de todos.

Porque la impunidad no solamente permite que algunos responsables evadan las consecuencias de sus actos. También puede instalar una convicción mucho más peligrosa: que la justicia no existe para todos y que, ante su ausencia, cada quien debe hacerse justicia por su propia mano o bien, hacer lo mismo.

Y cuando una sociedad comienza a creer que la justicia está fuera de su alcance, no solamente pierde confianza en sus instituciones; también pone en riesgo las reglas que hacen posible nuestra convivencia.