UMSNH: la orden que el presidente del Congreso no podía dar

La reforma a los transitorios de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, aprobada el 3 de noviembre de 2026, no sólo aplazó hasta 2031 el voto de la comunidad para elegir a su rector o rectora. Dejó además un vacío. El Congreso revivió por única ocasión la Comisión de Rectoría, pero calló quién convoca a sus integrantes. Ese vacío lo llenó una persona. El presidente del Congreso, Baltazar Gaona García, encomendó al exrector Genovevo Figueroa Zamudio integrar la Comisión. ¿Podía hacerlo? No. Ninguna autoridad puede convertir una omisión legislativa en competencia propia.

Primero. El vacío. La reforma dispuso una Comisión de ocho miembros: cinco exrectores elegidos por sus pares con domicilio en Michoacán, dos decanos y un estudiante consejero. Fijó diez días naturales para integrarla. No dijo quién convoca a los exrectores ni quién acredita el resultado. No es un detalle: se trata del órgano que nombra y remueve a la máxima autoridad de una universidad autónoma.

Había una salida legítima, y estaba en el Pleno. Lo que un decreto calló sólo otro decreto puede decirlo, con respeto a la autonomía y a la consulta universitaria. No cabía otra: que el presidente del Congreso escogiera, por oficio, a uno entre los exrectores.

Fue justo la que se tomó. El oficio PMD/DGBT/864/2026, del 5 de noviembre, día en que el decreto entró en vigor, es cortés: “respetuosamente me permito solicitar”. Pide a Figueroa que, “en el ámbito de sus atribuciones”, realice las acciones necesarias para integrar la Comisión. ¿Cuáles atribuciones? Un exrector no tiene ninguna. No es autoridad universitaria: su cargo concluyó, y con él sus facultades. La ley no le da representación, mando ni función alguna. La reforma sólo le reconoce, como a todos sus pares, un voto para elegir a cinco de ellos. Nadie puede actuar en el ámbito de atribuciones que no existen. El único fundamento invocado es el artículo segundo transitorio. No lo sostiene. Sus siete fracciones no dicen quién convoca, no mencionan al presidente del Congreso y no dan atribución individual a exrector alguno. Tampoco sirve el reglamento de 2010 al que remite el artículo cuarto transitorio del propio decreto: la ley de 2025 abrogó expresamente la de 1986 (segundo transitorio del Decreto 163) sin conservar sus reglamentos, y la propia reforma ordena que la nueva Comisión, ya integrada, lo apruebe. Una norma que depende de la Comisión no puede regular su nacimiento.

Lo que siguió confirma la naturaleza del acto. Según la versión publicada de su respuesta, Figueroa informó que dio cumplimiento a la encomienda. Las solicitudes se atienden o se declinan. Las encomiendas se cumplen y se informan. Después, el Congreso pidió a la rectora entregarle datos “en su calidad de Rector Decano”, figura que el decreto no conoce. Eso no es cortesía. Es mando.

El principio tiene un siglo. En 1923 el Pleno de la Suprema Corte sostuvo que los funcionarios no tienen más facultades que las que las leyes expresamente les conceden (Quinta Época, registro digital 810802). Los tribunales federales lo llaman hoy régimen de facultades expresas: el acto que no ejerce una potestad conferida por la ley es arbitrario (tesis IV.2o.A.51 K (10a.), registro digital 2005766). La urgencia no cambia la regla. Una laguna no es un permiso. Y diez días de plazo no autorizan a sustituir al Pleno por un oficio.

Segundo. La competencia. El presidente del Congreso no es el Congreso. El artículo 16 constitucional exige que todo acto de autoridad provenga de órgano competente y esté fundado y motivado. El Pleno de la Suprema Corte lo fijó en la jurisprudencia P./J. 10/94 (registro digital 205463): la fundamentación de la competencia es requisito esencial del acto de autoridad. La Segunda Sala, en la 2a./J. 115/2005 (registro digital 177347), exigió citar el precepto, con fracción e inciso. Se dirá que esos criterios nacieron para actos de molestia. Cierto. Pero la regla que los sostiene es más amplia y obliga a toda autoridad: sin norma que la habilite, no actúa. El oficio de Gaona no cita un solo precepto que lo faculte.

No lo hay. La Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Michoacán encarga a su presidente el orden de los debates y le impone imparcialidad y objetividad (artículo 32). El artículo 33 enumera sus 33 atribuciones. La fracción II le permite representar jurídicamente al Congreso. La V, determinar los trámites de los asuntos del Pleno. La XXIV, firmar comunicaciones oficiales. La XXXIII, ejercer las demás que le confieran la ley o los acuerdos del Pleno. El Pleno. No la Junta de Coordinación Política. No él mismo. Representar no es decidir. Firmar un oficio no da competencia sobre lo que el oficio dispone. ¿Sólo comunicó una reforma? Las leyes se comunican en el Periódico Oficial, y ésta hablaba a todos los exrectores, no a uno.

Si la Junta de Coordinación Política respaldó después la encomienda, eso no cura el vicio. Los artículos 41 y 47 de la misma ley le dan tareas internas, para que el Pleno decida. Un acuerdo parlamentario no puede dar lo que la ley no tiene.

Se dirá que fue una solicitud y no una orden. El verbo no decide. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo define a la autoridad por lo que hace: dictar actos que crean situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria. Aquí se creó una. De entre todos los exrectores, uno quedó investido como conductor del procedimiento. Y aun como solicitud, el problema subsiste: la autoridad tampoco puede pedir lo que no le toca pedir. La obediencia del destinatario no convierte en legal un acto dictado sin competencia.

Tercero. La autonomía y el remedio. El artículo 3.º, fracción VII, de la Constitución federal reconoce a las universidades autónomas la facultad de gobernarse a sí mismas. El artículo 143 de la Constitución de Michoacán ordena elegir la Rectoría democráticamente, con participación de los órganos de gobierno y de los sectores estudiantil, docente y administrativo. El artículo 2 de la Ley General de Educación Superior obliga a los procesos legislativos a respetar de manera irrestricta ese autogobierno. Y la Observación General 13 del Comité DESC de la ONU define la autonomía como el grado de autogobierno necesario para que las decisiones universitarias sean eficaces (párrafo 40).

La Suprema Corte ha construido esta materia con casos nicolaitas. De amparos contra la designación de rector de la Universidad Michoacana nació la jurisprudencia 1a./J. 19/2010: el nombramiento de rector es un acto de autogobierno. Y a finales de octubre de 2026 el Pleno amparó a la Universidad Autónoma de Nayarit contra normas que ponían a un designado del Congreso local a presidir el órgano que conduce la elección de rector. Si ni el legislador puede, por ley, sentar a un externo en ese lugar, menos puede el presidente de una legislatura, por oficio, decidir quién pone en marcha la sucesión. Figueroa no es un extraño para la universidad. El extraño es quien lo escogió.

¿Puede anularse la medida? Sí. Procede el amparo indirecto del artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo contra el acto del presidente del Congreso; la 1a./J. 19/2010 blinda las decisiones de la universidad, no la intromisión de un poder externo. Pueden promoverlo la universidad, como en Nayarit, y los universitarios con interés jurídico o legítimo. No opera la improcedencia del artículo 61, fracción VII: aquí no resolvió la Legislatura, sino su presidente. ¿Y lo ya hecho? La jurisprudencia “Actos viciados, frutos de” (registro digital 252103) extiende el vicio a los actos que derivan del acto inconstitucional. No hay nulidad automática: habrá que probar ese vínculo. El informe de cumplimiento es, por lo pronto, un indicio elocuente.

El Congreso justificó la reforma en la certeza jurídica. Produjo lo contrario: una omisión, y luego una orden para taparla. El presidente del Congreso puede representar al Poder Legislativo; no reemplazarlo. Puede comunicar lo que el Pleno decide; no decidir lo que el Pleno calló. La Constitución no autoriza lo conveniente. Autoriza lo competente. Y ninguna laguna se llena con una orden que nadie tenía facultad para dar.