Fortalece CEDH atención psicosocial ante desplazamiento interno
MORELIA, Mich., 12 de noviembre de 2026. - Una ciudadana tuvo que recurrir a la justicia federal para que Ana María, una mujer de 59 años que padeció violencia y abandono durante meses en su domicilio, presuntamente a manos de su hijo y nuera, en Tarímbaro, recibiera atención médica y protección institucional.
La intervención de las autoridades ocurrió después de que vecinos reportaron agresiones en contra de la Ana María, aparentemente por parte de su hijo y su nuera, además de condiciones de abandono que la llevaron a permanecer durante días en el patio trasero de su vivienda, en condiciones precarias. Sin agua y sin alimento.
Según los testimonios vecinales recabadas por el abogado de la víctima, durante meses buscaron la intervención de autoridades municipales de Tarímbaro, sin obtener respuesta. En algunas ocasiones, aseguran, les indicaron que se trataba de problemas familiares y que, sin una denuncia de la víctima, no podían intervenir.
El 5 de noviembre, los vecinos contactaron a una activista y defensora de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Un día después acudieron al domicilio para gestionar el traslado de Ana María a un hospital.
La mujer fue llevada al Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), que la recibió, resguardó y canalizó al Hospital de la Mujer. Presentaba desnutrición, deshidratación, heridas en la cabeza, rostro y cuerpo, así como fracturas consolidadas en posiciones que afectaban su movilidad, de acuerdo con el relato de quienes participaron en su auxilio.
Fuentes allegadas a las investigaciones revelaron que el Ayuntamiento de Tarímbaro se negó a brindar medidas de asistencia social para la mujer, bajo el argumento de que no cuenta con asilos para recibir a a personas adultas mayores o víctimas del delito.
De acuerdo con el expediente de amparo 1591/2026, una autoridad jurisdiccional federal ordenó al Hospital de la Mujer proporcionar atención médica a Ana María y a las autoridades estatales implementar mecanismos de asistencia social y protección, debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba.
A partir de las disposiciones judiciales, fue el Ayuntamiento de Morelia, que sin ser la responsabilidad directa, recibió un requerimiento para intervenir en la búsqueda de un espacio donde Ana María pueda permanecer bajo cuidados.
José Manuel Álvarez Lucio explicó que el municipio analiza dos alternativas: su ingreso al albergue Cristo Abandonado o al asilo Miguel Hidalgo. Sin embargo, esta última opción enfrenta una limitante, debido a que el reglamento establece una edad mínima de 60 años y Ana María tiene 59.
El funcionario señaló que, en caso de no concretarse su ingreso al albergue, podrían valorar una excepción para recibirla en el asilo municipal, con la notificación correspondiente a la Contraloría Municipal.





