La amenaza mayor a la irrupción ciudadana

El enemigo mayor de la movilización ciudadana no es el presidente López Obrador; su grosera hostilidad y agresión calumniosa al movimiento más bien ha servido de incentivo; ocurrió el 13N y se repitió el 26F. Tampoco son los legisladores de Morena y su dirigente Mario Delgado, quien tuvo el empacho de decir que los del domingo salieron a dar la cara por el narcoestado. Ellos son malquerientes y todavía más, desean el fracaso de la movilización, especialmente la que se proyecta en votos. No son sus opositores quienes más pueden afectar la rebelión ciudadana.

Lo que más puede dañar al movimiento es la confianza y el no avanzar en fórmulas de organización que les permita lograr sus objetivos legales y políticos, así como hacer de las voluntades acciones concretas, organizadas y orientadas a propósitos específicos como puede ser la observación y vigilancia de la elección y que la energía social impulse triunfos electorales para un auténtico proyecto ciudadano ulterior. Parece un contrasentido, pero los ciudadanos necesitan de la política y en una democracia esto fatalmente se traslada al terreno electoral y, consecuentemente, al partidista.

Desde luego que hoy lo más relevante es defender a la institución que da certeza al sufragio efectivo, lucha que habrá de darse no en la plaza pública, tampoco en los espacios editoriales de medios convencionales o digitales. Esta disputa es de carácter judicial y habrá de procesarse de conformidad a sus reglas y razones, su sitio es el pleno de la Suprema Corte de Justicia. La tarea de los ciudadanos en lo judicial no puede llegar más allá, como lo hiciera José Ramón Cossío este domingo, que es expresar confianza en los Ministros en su responsabilidad de hacer valer la Constitución sin presión de nadie, incluso de la misma sociedad movilizada o de la prensa crítica o independiente.

El problema mayor para el despertar ciudadano es la fragilidad de los partidos; su desprestigio histórico y la deficiente calidad de sus dirigentes. El PRI con Alejandro Moreno y Rubén Moreira no podría estar más próximo a lo que los ciudadanos rechazan: trampa, lodo, corrupción y doble juego. Lo mejor que pudiera suceder al tricolor es que prosperara en el Tribunal Electoral la determinación del INE de renovar dirigencia en los meses siguientes. Es un tema legal, pero con evidentes consecuencias políticas y una singular oportunidad para la renovación del PRI. Opciones no faltan y para ese entonces la de Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila sería inobjetable, especialmente si en los comicios en curso Manolo Jiménez prevalece de manera contundente, como parece ser el caso.

El PAN administra su crisis y para ello tiene una dirigencia muy por debajo de la media de su propia organización. Hay dos asuntos recientes en los que Marko Cortés muestra una torpeza mayor: la abstención en el voto de los diputados para constituir el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes de consejeros del INE y la respuesta tardía y desafortunada por la sentencia contra Genaro García Luna. El PRD tiene buena y experimentada dirigencia, pero el partido no recupera el saldo de la fractura derivada del surgimiento de Morena. MC en su afán diferenciador se vuelve funcional al régimen al fragmentar a la oposición.

Sin embargo, el despertar ciudadano requiere de los partidos políticos. La relación es difícil porque los partidos son organizaciones estructuradas, la sociedad movilizada no. En ésta hay múltiples voces, contradictorias en algunos temas y en otros un tanto apartadas de la realidad política. Los partidos estarán en la boleta y una buena medida de la falta de compromiso con la renovación fue la manera como seleccionaron a sus candidatos en las elecciones de 2021. Esto debiera llevar a una exigencia inamovible, la selección democrática de los candidatos a cargos ejecutivos mayores y, desde luego, al de presidente de la República.

En breve, los enemigos más perniciosos de la irrupción ciudadana es la confianza que resulta del mismo éxito de la movilización pública y de la engañosa convicción de que el triunfo político habrá de materializarse en el proceso judicial en la Suprema Corte de Justicia, lo que requiere del voto de ocho Ministros para invalidar una norma del Congreso. De antemano ya se sabe que las Ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel votarían con el oficialismo. De la misma forma, es ingenuidad mayor asumir que la indiscutible convocatoria de las organizaciones civiles por sí misma hará que los partidos modifiquen sus inercias autoritarias, excluyentes y verticales. Nada hay que garantice que las dirigencias actúen en consecuencia y eso sí representa para el aliento democratizador ciudadano una amenaza mayor.