Internet gratuito para estudiantes: avances y desafíos

Primera Parte: Hacia la justicia digital en Michoacán.

El anuncio gubernamental sobre la entrega de 237,100 chips con acceso gratuito a internet para estudiantes de bachillerato y universidad representa un avance significativo en la lucha contra la exclusión digital. Debemos analizar esta medida con rigor crítico, celebrando sus aciertos, mientras señalamos sus limitaciones y proponiendo mejoras para maximizar su impacto en el derecho a aprender, estar y participar de nuestras niñas, niños y jóvenes.

La Urgencia del Problema: Michoacán en Crisis Digital

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI, Michoacán se ha estancado en conectividad. En 2023, apenas el 56.9% de los hogares michoacanos tenía conexión a internet, ubicando a nuestra entidad entre las cuatro con menor porcentaje de usuarios de internet en todo el país. Peor aún: del millón 284,644 hogares registrados, sólo el 37.2% contaba con al menos una computadora, mientras que el 63% carecía de equipo de cómputo.

Este retroceso digital ocurre en un contexto educativo que ya es de por sí crítico. Durante el ciclo escolar 2024-2025, al menos 120 menores de edad fueron asesinados en Michoacán, 15 días hábiles de paro magisterial afectaron a más de 900,000 estudiantes, y dos de cada tres escuelas operan sin servicios básicos completos. La brecha digital es una capa más de exclusión que se suma a la violencia, la precariedad infraestructural y la ausencia de evaluaciones educativas que permitan medir el verdadero estado de los aprendizajes.

En este panorama devastador, la iniciativa de proveer internet gratuito a 237,100 estudiantes de educación media superior y superior pública es, sin duda, una medida bienvenida que reconoce la conectividad como un derecho fundamental para el desarrollo educativo del siglo XXI.

Las Barreras Múltiples de Conectividad en Michoacán

La brecha digital en Michoacán es multidimensional y va más allá de la simple falta de acceso a internet. Enfrentamos primero una brecha de acceso: con más de 12,000 planteles escolares en el estado, los aproximadamente 3,893 que han sido beneficiados con internet gratuito representan apenas una fracción y las zonas rurales y comunidades indígenas permanecen mayoritariamente desconectadas.

Existe también una brecha de equipamiento profunda, pues el 63% de hogares michoacanos carece de computadora, lo que significa que los chips de internet son inútiles si los estudiantes no tienen dispositivos para aprovecharlos. A esto se suma una brecha de habilidades digitales, ya que muchos estudiantes y familias carecen de las competencias necesarias para aprovechar plenamente las herramientas digitales disponibles.

La brecha de calidad es igualmente preocupante: la cobertura de señal móvil es deficiente o inexistente en vastas regiones del estado, especialmente en la Sierra-Costa, Tierra Caliente y zonas de la Meseta Purépecha. Finalmente, enfrentamos una brecha económica que golpea desproporcionadamente a las familias más vulnerables. Según datos nacionales, los hogares del decil más bajo gastan 5.6% de su ingreso en tecnologías de la información y comunicación, mientras los del decil más alto sólo destinan 2.8%.

Los 237,100 Chips: ¿Son Suficientes?

La iniciativa beneficiará a más de 142,000 estudiantes de nivel medio superior y más de 94,000 de nivel superior de más de 40 instituciones públicas. Sin embargo, estos números revelan una exclusión sistémica grave: el programa deja fuera completamente a los estudiantes de educación básica.

En Michoacán, el sistema educativo atiende a 1.2 millones de estudiantes. Si bien los 237,100 chips representan casi el 20% de esta población estudiantil total, la exclusión de primaria y secundaria es problemática. Los estudiantes de educación básica también requieren acceso a internet para tareas, investigación y desarrollo de habilidades digitales. La pandemia de COVID-19 evidenció que los estudiantes michoacanos perdieron entre 1.5 y 2 años de aprendizaje efectivo, y no se implementó ninguna estrategia integral para recuperar estos rezagos. ¿Por qué repetir el error de ignorar a los más pequeños?

Además, la focalización exclusiva en instituciones públicas deja fuera a miles de estudiantes de escuelas privadas de bajos recursos que también enfrentan dificultades para costear el internet. Esta omisión perpetúa una visión fragmentada de la política educativa que no reconoce la diversidad de realidades que viven los estudiantes michoacanos.

4 GB Mensuales: ¿Para Qué Alcanza Realmente?

La pregunta técnica central es: ¿qué pueden hacer los estudiantes con 4 GB mensuales de datos? Hagamos el cálculo con base en el consumo promedio de diferentes actividades educativas.

Con 4 GB al mes, un estudiante puede consultar aproximadamente 10,000 correos electrónicos, asumiendo medio megabyte por correo con texto. También podría realizar alrededor de 4,000 búsquedas simples en Google y navegar sitios web educativos. En términos de documentos, podría descargar aproximadamente entre 800 y 1,000 archivos PDF de 5 MB cada uno. Para videoconferencias educativas, el paquete permitiría entre 6 y 8 horas de videollamadas en calidad estándar, considerando que Zoom consume aproximadamente 500 a 700 MB por hora. En cuanto a videos educativos en YouTube, podría ver aproximadamente entre 13 y 16 horas en calidad 480p, que consume unos 300 MB por hora. Finalmente, permitiría el uso de plataformas educativas como Moodle o Google Classroom mediante navegación moderada durante todo el mes.

Sin embargo, 4 GB mensuales resultan claramente insuficientes para varias actividades académicas esenciales. Un estudiante que dependa de clases en línea continuas, con 3 horas diarias de clases virtuales, consumiría los 4 GB completos en apenas 6 o 7 días del mes. La investigación exhaustiva rebasa este límite. Incluso los proyectos colaborativos en tiempo real con varios archivos multimedia pueden agotar rápidamente la cuota mensual.

4 GB mensuales son insuficientes para un estudiante que dependa exclusivamente de este servicio. Es un piso mínimo, no una solución integral. Programas comparables internacionales ofrecen entre 100 y 200 GB anuales, como el Proyecto 10 Millones de T-Mobile en Estados Unidos, lo que equivale a 8-16 GB mensuales, es decir, el doble o cuádruple de lo ofrecido en Michoacán.

Sin embargo, debemos reconocer que el programa incluye internet ilimitado en redes sociales, lo cual puede ser valioso para comunicación educativa vía WhatsApp y redes sociales educativas, aunque esto mismo plantea riesgos de distracción.

El Acierto de Condicionar la Permanencia Escolar

Uno de los aspectos más valiosos de esta iniciativa es que los chips se renovarán semestre tras semestre, condicionados a que los jóvenes mantengan su estatus de alumnos regulares. Esto merece un aplauso contundente y representa una de las decisiones de política pública más acertadas del programa.

La evidencia internacional muestra que los programas de transferencias condicionadas en educación tienen impactos positivos en múltiples dimensiones del proceso educativo. Contribuyen a la reducción del abandono escolar al crear un incentivo tangible para permanecer en el sistema educativo. Mejoran las tasas de asistencia, ya que los estudiantes y sus familias entienden que mantener el beneficio requiere cumplir con sus obligaciones académicas. Incrementan la probabilidad de graduación al reducir los factores de abandono escolar relacionados con costos indirectos de la educación. Y generan un mayor compromiso familiar con el proceso educativo, involucrando a los padres en el seguimiento del desempeño de sus hijos.

Al vincular el beneficio de conectividad con la permanencia escolar, se está implementando un incentivo inteligente que puede contribuir a reducir el abandono escolar, un problema grave en nuestra entidad. Los estudiantes tendrán una razón adicional para mantenerse en el sistema educativo, y las familias tendrán un incentivo económico concreto para apoyar la continuidad educativa de sus hijos.

Este diseño de política pública debe ser replicado y ampliado en otros programas sociales dirigidos a estudiantes. La conectividad no debe ser vista como un regalo, sino como un derecho que se acompaña de responsabilidades mutuas entre el Estado y los estudiantes. El Estado cumple proveyendo la herramienta; los estudiantes cumplen aprovechándola para su formación académica y permaneciendo en la escuela. Es un pacto social claro, medible y con objetivos compartidos.

¿Están Blindados Contra Usos Ilícitos?

No se ha especificado ningún mecanismo de blindaje, filtros de contenido o protección contra usos ilícitos de los chips. Esta omisión es grave por varias razones que ameritan atención urgente.

Los chips proporcionarán acceso ilimitado a internet móvil sin aparentes controles parentales o filtros de contenido. Esto expone a adolescentes y jóvenes a contenido inapropiado como pornografía y violencia extrema, a riesgos de grooming y ciberacoso por parte de depredadores en línea, a desinformación y contenido radicalizado que puede influir negativamente en su desarrollo, y a actividades de riesgo como apuestas en línea y otras prácticas problemáticas.

Sin mecanismos de control o monitoreo básico, los chips pueden ser utilizados exclusivamente para entretenimiento, como streaming de videos no educativos, juegos en línea intensivos y uso recreativo de redes sociales, en lugar de actividades académicas. Si bien el ocio digital es legítimo y forma parte del desarrollo integral de cualquier joven, el propósito declarado del programa es fundamentalmente educativo y debe haber algún equilibrio o priorización.

Existe además el riesgo real de reventa y uso ilícito. Sin blindaje ni mecanismos de verificación continuos, los chips pueden ser revendidos en el mercado informal a personas que no son estudiantes, utilizados por terceros que no son los beneficiarios registrados, o incluso empleados para actividades delictivas como comunicaciones relacionadas con el crimen organizado o fraudes en línea.

Finalmente, no está claro si existe algún protocolo robusto de protección de datos personales. La información sobre patrones de navegación, ubicación, contactos y otros datos sensibles podría ser vulnerable.

Programas de referencia internacional han implementado medidas: el Proyecto 10 Millones de T-Mobile, por ejemplo, incluye filtros de contenido educativo opcionales que las familias pueden activar para proteger a menores. Algunos programas incorporan restricciones de horario que limitan el uso nocturno para promover hábitos saludables de sueño y estudio. Otros emplean sistemas de monitoreo de uso, no para vigilancia invasiva sino para detectar anomalías como posible reventa o uso por terceros no autorizados. La vinculación directa con credenciales estudiantiles dificulta las transferencias no autorizadas de los chips. Y algunos sistemas implementan límites de velocidad en contenido no educativo, priorizando el ancho de banda para plataformas académicas reconocidas.

La ausencia de estas medidas es una debilidad seria del programa michoacano que requiere corrección inmediata. Se deben implementar filtros de contenido básicos que protejan a menores de edad sin ser excesivamente restrictivos o invasivos de la privacidad; incluirse protocolos de uso responsable que los estudiantes y sus familias deben conocer, comprender y firmar al recibir el chip; sumar mecanismos de verificación semestral que confirmen que el chip sigue siendo usado por el estudiante registrado originalmente; integrarse un sistema de reportes accesible para que estudiantes y familias puedan reportar mal uso o problemas de seguridad; y, transparencia absoluta sobre el uso de datos personales con garantías jurídicas sólidas de privacidad.

No basta con diagnosticar, ni criticar. Seguiremos el próximo martes con las propuestas.

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en X en @Erik_Aviles

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.