INE: democratizar sin reformar

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y conflictos de interés, abre una discusión que no puede limitarse al relevo de una persona. Lo ocurrido obliga a revisar los mecanismos de designación, los contrapesos institucionales y las condiciones que deben garantizar la independencia, la honestidad y la solvencia técnica de quienes conducen al árbitro electoral.

La democracia mexicana ha experimentado transformaciones profundas. Hoy, incluso las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son elegidas mediante el voto popular. Resultaría contradictorio que semejante transformación no nos llevara, cuando menos, a discutir la manera en que se integran y conducen otros órganos fundamentales para nuestra vida democrática.

Sin embargo, no todo lo necesario resulta oportuno en cualquier momento.

El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó formalmente el pasado 10 de septiembre. Modificar ahora las reglas estructurales del sistema electoral, cuando ya se encuentra en marcha la organización de los comicios, podría introducir incertidumbre institucional y tensiones innecesarias. Además, el artículo 105 constitucional impone restricciones a las modificaciones legales electorales fundamentales durante los procesos electorales.

Pero posponer una reforma constitucional no significa renunciar a democratizar.

Por el contrario, la designación de una nueva presidencia del INE representa una oportunidad para aprovechar los instrumentos jurídicos vigentes y construir un procedimiento mucho más abierto, transparente, participativo y sujeto al escrutinio ciudadano.

El artículo 41 constitucional establece un procedimiento que contempla convocatoria pública, intervención de un Comité Técnico de Evaluación, valoración de perfiles y designación por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Son instrumentos que permiten avanzar en la legitimidad del nombramiento sin necesidad de modificar inmediatamente el texto constitucional.

La primera medida debería consistir en establecer comparecencias públicas y ampliamente difundidas de todas las personas aspirantes que superen las etapas correspondientes. La ciudadanía merece conocer sus trayectorias, sus conocimientos, sus propuestas y, particularmente, su concepción sobre la independencia del árbitro electoral.

No basta presentar un currículum ni acreditar formalmente determinados requisitos. Quien aspire a conducir una institución de semejante responsabilidad debe estar dispuesto a someter su experiencia, sus capacidades y sus convicciones institucionales al escrutinio público.

En segundo término, el Comité Técnico de Evaluación debería operar mediante criterios objetivos, metodologías previamente publicadas y resultados debidamente justificados. La experiencia electoral, los conocimientos constitucionales, la capacidad administrativa, la independencia de criterio y la probidad deben constituir elementos centrales de valoración.

La evaluación técnica no puede convertirse en un ejercicio de discrecionalidad revestido de formalidades.

Una tercera medida consiste en abrir espacios efectivos de participación ciudadana. Universidades, colegios profesionales, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados podrían presentar observaciones documentadas sobre las trayectorias de los aspirantes, siempre bajo procedimientos públicos, objetivos y respetuosos de los derechos individuales.

No se trata de sustituir las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados, sino de enriquecer sus decisiones mediante información verificable y deliberación social.

Asimismo, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de prevención y detección de posibles conflictos de interés. La revisión de antecedentes administrativos, relaciones profesionales relevantes, vínculos con proveedores y cumplimiento de obligaciones patrimoniales, dentro de los límites legales, debería ocupar un lugar destacado en el procedimiento de evaluación.

Lo ocurrido recientemente demuestra la importancia de que la integridad no sea solamente una exigencia discursiva, sino una condición verificable de quienes aspiran a ejercer responsabilidades públicas.

Una quinta medida sería publicar las justificaciones de las evaluaciones realizadas y transparentar las razones que sustentan la integración de las listas de aspirantes mejor calificados. La ciudadanía tiene derecho a conocer por qué determinados perfiles avanzan y otros quedan excluidos.

Finalmente, la Junta de Coordinación Política y la Cámara de Diputados deberían procurar consensos parlamentarios amplios, sustentados en la idoneidad de las personas y no exclusivamente en negociaciones entre las dirigencias de los partidos.

La mayoría calificada prevista constitucionalmente debe funcionar como un instrumento de legitimidad plural, no como una simple operación aritmética destinada a convalidar acuerdos previamente alcanzados.

Todas estas medidas requieren una adecuada instrumentación jurídica mediante la convocatoria, los acuerdos parlamentarios y las reglas de actuación del Comité Técnico, sin introducir requisitos de elegibilidad ajenos a la legislación ni alterar las etapas previstas constitucionalmente.

Democratizar no significa necesariamente someter todas las decisiones al voto popular. También significa transparentar, abrir espacios de participación, reducir la discrecionalidad y garantizar que las decisiones públicas sean razonadas, verificables y sujetas al escrutinio ciudadano.

Sin embargo, sería equivocado pensar que estas medidas resultan suficientes para resolver las deficiencias estructurales que han quedado de manifiesto.

La discusión de fondo no puede seguir postergándose indefinidamente.Una reforma constitucional al diseño institucional del INE no solamente resulta necesaria; después de lo ocurrido, debe asumirse como una tarea obligada de nuestra agenda democrática.

Concluido el proceso electoral de 2027, México deberá abrir una discusión nacional sobre los mecanismos de integración del Consejo General, la forma de designación de su presidencia, la distribución de facultades, los contrapesos internos y los instrumentos de vigilancia y rendición de cuentas.

También será indispensable examinar alternativas de participación ciudadana más directa en la designación de las autoridades electorales, sin perder de vista que la independencia técnica y la autonomía constitucional constituyen garantías indispensables de cualquier democracia auténtica.

La experiencia reciente obliga igualmente a revisar la concentración de atribuciones en la presidencia del Instituto. Un órgano constitucional autónomo debe descansar en la fortaleza de sus decisiones colegiadas, no en la discrecionalidad de quien temporalmente lo encabeza.

La autonomía no puede confundirse con ausencia de controles, como tampoco la colegialidad puede convertirse en un mecanismo para diluir responsabilidades.

La reforma pendiente deberá encontrar un equilibrio entre independencia, profesionalización, participación ciudadana, controles institucionales y rendición de cuentas. Su diseño tendrá que surgir de una deliberación plural, técnicamente sustentada y con visión de Estado.

El INE no pertenece a su presidencia, a sus consejeros, a los partidos políticos ni al gobierno en turno. Su razón de ser es garantizar que la voluntad ciudadana se exprese libremente y que las elecciones se desarrollen con legalidad, certeza, imparcialidad y autenticidad.

Por ello, el relevo actual debe resolverse aprovechando al máximo los mecanismos constitucionales disponibles, pero con una apertura democrática que supere las prácticas tradicionales de negociación política.

La designación de quien presidirá el Instituto ofrece una oportunidad inmediata para demostrar que la transparencia, la participación ciudadana y la exigencia de capacidades técnicas pueden fortalecer la legitimidad de nuestras instituciones.

Pero una vez concluido el proceso electoral de 2027, la discusión constitucional deberá emprenderse sin evasivas ni simulaciones.

Hoy corresponde democratizar sin reformar.

Después de 2027, reformar para democratizar de fondo.Porque la legitimidad del árbitro electoral no puede descansar únicamente en la legalidad de su nombramiento, sino también en la confianza que genere su independencia, la integridad de su conducción y su capacidad para garantizar la voluntad popular.

Una democracia que ha transformado la manera de elegir a quienes imparten justicia no puede renunciar a revisar la manera de designar a quienes tienen la responsabilidad de garantizar sus elecciones.