Drones y minas dejan 3 comunidades deshabitadas en Apatzingán

MORELIA, Mich., 27 de octubre de 2026.- Al menos 23 comunidades de la zona serrana de Apatzingán han sido atacadas con explosivos lanzados desde drones, mientras que en ocho localidades se han reportado casos de personas muertas o sobrevivientes de explosiones de minas terrestres, de acuerdo con María del Carmen Zepeda, regidora de Morena y dirigente de la organización social Frente Popular Francisco Villa.

Antes de ser regidora, María del Carmen Zepeda fue conocida por su activismo y acompañamiento a víctimas de desplazamiento, desde la época de los autodefensas. 

La activista señaló en entrevista telefónica que tres comunidades quedaron sin habitantes a raíz de las agresiones del crimen organizado: La Salatera, Acatlán y El Capire, en la zona rural de Apatzingán, en los límites con Aguililla.

“En La Salatera, en Acatlán y en El Capire ya no quedó ningún habitante. Ya todos se fueron”, afirmó.

El uso de explosivos en la región coincide con los registros del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, que reportó mil 645 artefactos desactivados durante 2025, frente a los 739 registrados en 2024, según información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública. 

En conjunto, entre 2023 y 2025, el agrupamiento contabilizó 2 mil 389 artefactos desactivados, de acuerdo con los datos proporcionados. 

Zepeda ubicó desde 2024 el inicio de los ataques con explosivos lanzados desde drones contra poblaciones rurales de la región. La primera comunidad que identificó bajo esa modalidad fue La Loma de los Hoyos, a la que siguieron Puerta de Alambre, El Capire, Las Bateas, El Alcalde, Llano Grande, Tepetates, San José de Chila, Las Anonas, La Salatera, Acatlán, Los Tules, Cerro Blanco, El Mirador, El Manzo, Las Tinajas, San Fernando, Loma de las Piedras, Las Caguingas, Los Cuiniques, Cueramato, Cueramatillo y El Guayabo.

“Esas comunidades han sido bombardeadas con drones, y más de una vez. Ha sido sistemático. Desde que comenzaron a lanzar explosivos con drones, no han parado. Yo primero no les creía cuando llegaban diciendo que lanzaban granadas con drones”, sostuvo.

La regidora también mencionó casos de víctimas de explosiones de minas terrestres en Puerta de Alambre, El Alcalde, El Guayabo, Las Caguingas, La Huerta, Puertecitos, Cueramato y Cueramatillo. Entre los casos que recordó está el de Fredy, quien murió en Puerta de Alambre.

La presencia de estos artefactos en parcelas agrícolas, caminos rurales y veredas impide que las familias desplazadas regresen a sus comunidades, trabajen sus tierras y recuperen el ganado que dejaron al salir por la violencia.

Desde julio, habitantes de La Salatera solicitaron la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para detectar y desactivar explosivos en los caminos que comunican a su comunidad con Acatlán.

En una petición presentada el 16 de julio ante el comandante de la 43 Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas, Caritina Gallardo Soto expuso que las familias no podían acceder a sus propiedades ni atender los animales que dejaron al abandonar sus hogares.

“Nosotros no podemos regresar a trabajar nuestras tierras y atender el ganado vacuno que dejamos cuando fuimos desplazados por la violencia e inseguridad y que en la actualidad puede estar siendo robado o sacrificado sin nuestra autorización como propietarios”, señaló.

Gallardo Soto también explicó que las familias llevaban meses refugiadas en ejidos aledaños, donde propietarios de predios les permitieron permanecer temporalmente.

El 3 de septiembre, mediante el oficio 19632, la 43 Zona Militar respondió que desde el 21 de mayo había reforzado la presencia de personal militar en las poblaciones de la zona serrana de Apatzingán, incluida La Salatera. La dependencia indicó que desde el 19 de junio realizaba labores de despeje y verificación de transitabilidad en caminos que comunican El Alcalde, Crucero El Capire, El Guayabo, Puente El Pitahayo, La Salatera, Acatlán y El Lindero.

Sin embargo, la comandancia advirtió que esos trabajos no garantizaban la seguridad de quienes transitaran por la zona, ante la posibilidad de nuevas acciones de la delincuencia organizada.

“El tránsito por referidos caminos, debe hacerse bajo medidas extremas de seguridad, ya que una vez realizados estos trabajos de desactivación y verificación, no se garantiza la seguridad total del área ante nuevas actividades delictivas”, señaló la Sedena.

En octubre, habitantes de la región presentaron una segunda solicitud para insistir en la intervención militar. En el documento, recibido a mediados de ese mes, describieron los caminos de Acatlán, el Valle de Acatlán y La Salatera como rutas de riesgo por la presencia de artefactos explosivos, tanto en caminos para vehículos como en veredas utilizadas por personas y animales.

Los solicitantes expusieron que la imposibilidad de ingresar a sus propiedades también afectaba el cuidado del ganado bovino, ovino, caprino y porcino que permaneció en los predios tras el desplazamiento.

El 22 de octubre, la 43 Zona Militar reiteró que desde mayo mantenía presencia en la zona serrana y que desde junio realizaba trabajos de desactivación de explosivos y verificación de caminos.

En esta segunda respuesta, la dependencia amplió la relación de localidades donde reportó intervenciones. Además de las mencionadas en septiembre, incluyó Los Tules, San Mateo, Las Anonas y La Alberca, en Apatzingán, así como Naranjo de Chila, Naranjo Viejo y Bonifacio Moreno, en Aguililla.

La comandancia señaló que las labores requerían medidas de seguridad por la complejidad de la desactivación y que los trabajos podían prolongarse el tiempo necesario para reducir los riesgos para el personal militar y la población.

Las dos respuestas fueron firmadas por el comandante de la 43 Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas. En ellas, la dependencia no precisó cuántos artefactos explosivos había localizado o neutralizado, la extensión de los caminos intervenidos ni una fecha estimada para restablecer condiciones seguras de tránsito.

Para Zepeda, la falta de condiciones para volver a las comunidades se suma a la ausencia de una respuesta municipal que atienda las necesidades de las víctimas. La regidora afirmó que desde 2024 propuso crear un módulo de atención con servicio telefónico las 24 horas y presupuesto para emergencias, pero acusó al Cabildo de rechazar medidas de apoyo para las personas desplazadas y afectadas por explosiones de minas.

Las solicitudes dirigidas a la Sedena documentan una de las consecuencias del uso de explosivos en la zona rural: incluso después de abandonar sus hogares, las familias permanecen sin condiciones para recuperar sus medios de subsistencia.

Mientras la autoridad militar reporta labores de desactivación y revisión de caminos, los habitantes mantienen la petición de retirar las minas de parcelas, caminos y brechas para poder regresar, trabajar el campo y recuperar sus animales.