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Gruma esquiva sanciones y desinversiones, pero deja intacto su dominio en el mercado

Gruma cerró sin sanciones económicas ni desinversiones un procedimiento administrativo por prácticas que distorsionaban la competencia en el mercado de harina de maíz nixtamalizado, a pesar de que la investigación original contemplaba la venta de cinco plantas como una medida estructural para corregir la alta concentración del sector. La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) optó por aceptar los compromisos propuestos por la propia empresa y dar por concluido el caso heredado de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), una resolución que, en los hechos, dejó intacta la estructura productiva de la compañía y su posición dominante en uno de los mercados más sensibles para la economía y la alimentación del país.

El expediente, iniciado en 2022, acreditó que en el mercado de harina de maíz nixtamalizada que se vende a las tortillerías no existían condiciones efectivas de competencia. Los resultados oficiales señalaron que Gruma concentraba entre 50 y 90 por ciento de las ventas en cada una de las ocho regiones en las que se dividió el país, un nivel de control que explicaba su capacidad para influir en precios, condiciones comerciales y acceso al insumo básico para miles de pequeños negocios. Ante ese diagnóstico, la entonces Cofece propuso una medida drástica: la desincorporación de cinco de las 18 plantas de producción de la empresa en México, junto con la flota de distribución y la fuerza de ventas asociadas, como vía para reducir de manera real la concentración del mercado.

Sin embargo, esa corrección estructural no prosperó. La resolución final se limitó a ajustes contractuales, sin exigir desinversiones ni imponer sanciones económicas, lo que generó dudas sobre el alcance real de las medidas para fomentar una mayor competencia. Las acciones acordadas se concentraron en modificar contratos de apoyo financiero y suministro de maquinaria con clientes industriales y tortillerías, para aclarar que no existían compromisos de compra mínima ni esquemas de exclusividad, además de prever la cesión sin costo de tortilladoras y batidoras asociadas a dichos contratos, ya fuera mediante comodatos, arrendamientos o financiamientos.

Aunque la CNA sostuvo que estos cambios permitirían que las y los tortilleros dejaran de estar atados a Gruma y tuvieran mayor libertad para elegir proveedor, la efectividad de las medidas quedó supeditada a su correcta implementación y a mecanismos de supervisión que históricamente han sido limitados. En la práctica, la empresa conservó intacta su capacidad productiva, su red de distribución y su peso dominante en el sector, mientras que los compromisos asumidos no modificaron de forma sustancial las barreras de entrada ni el poder de negociación que ejerce sobre el mercado.

Gruma celebró el desenlace del procedimiento. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía consideró que la investigación sobre el mercado de harina de maíz nixtamalizada concluyó de manera “satisfactoria” y subrayó que las medidas impuestas no contemplaban la desincorporación de activos que la autoridad había propuesto inicialmente. Con ello, la empresa evitó la venta de plantas estratégicas y cualquier ajuste profundo a su modelo de negocio, reforzando la percepción, entre diversos actores del sector, de un trato indulgente por parte del nuevo organismo regulador.

El cierre del caso se dio además en un contexto operativo y financiero adverso para la firma. Durante el tercer trimestre de 2024, Gruma reportó resultados negativos en términos de ventas: aunque su flujo operativo aumentó 3.4 por ciento, los ingresos cayeron 4.2 por ciento, un desempeño tres por ciento inferior a lo que esperaba el mercado. El descenso se atribuyó a ajustes de precios en México y a una reducción en el volumen del canal institucional en Estados Unidos, así como a problemas logísticos en Europa derivados de tensiones geopolíticas y condiciones climáticas adversas. Estos factores evidenciaron dificultades para sostener el crecimiento de ventas en mercados clave, incluso mientras la empresa buscaba reposicionarse con nuevos productos y discursos alineados con las prioridades del actual gobierno.

Gruma presumió en su momento fortaleza financiera tras colocar ochocientos millones de dólares en bonos en el mercado estadounidense, en dos tramos: uno a diez años por quinientos millones de dólares y otro a treinta años por trescientos millones de dólares. No obstante, el contexto mostró que la operación respondió principalmente a la necesidad de refinanciar deuda con vencimientos concentrados entre 2025 y 2027. La compañía señaló que cualquier remanente se destinaría a “fines corporativos generales”, una definición amplia que generó cuestionamientos, sobre todo si se considera que recientemente había obtenido un crédito adicional por cien millones de dólares de instituciones internacionales con el mismo propósito.

El caso antimonopolio cobró especial relevancia por el impacto social del mercado involucrado. Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor indicaron que la harina de maíz es un insumo fundamental para la producción de tortilla, alimento básico en la dieta mexicana, con un consumo anual de 65.8 kilogramos por habitante y presencia en más de 80 por ciento de los hogares del país. En este contexto, la falta de una corrección estructural a la concentración del mercado no solo tuvo implicaciones económicas, sino también sociales, al mantener un esquema en el que un solo jugador conservó un peso determinante en la cadena de valor de un producto esencial.

Aunque la CNA afirmó que las medidas acordadas quedarían sujetas a verificación y supervisión institucional, el cierre del procedimiento sin sanciones ni desinversiones dejó abierta la interrogante sobre si realmente se avanzó en la restauración de la competencia o si, por el contrario, se optó por una salida que postergó indefinidamente una solución de fondo. El caso envía una señal preocupante: incluso con evidencia de alta concentración y falta de competencia, el principal actor del mercado logró salir prácticamente ileso, consolidando un statu quo que siguió pesando sobre tortillerías y consumidores. Negativo para Gruma, no por la sanción que evitó, sino por la exposición pública de un modelo de negocio cada vez más cuestionado.

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