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CNBV ordena revocación de autorización a CAME en medio de demandas millonarias

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización del Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) para operar como Sociedad Financiera Popular, declarando a la entidad en estado de disolución y liquidación. La decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de septiembre de 2025 mediante el oficio P220/2025, respondió a la confirmación de irregularidades graves que configuraron causales de revocación previstas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Tras el fallo, CAME quedó imposibilitada para continuar con sus operaciones y se activó el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares (FOCOOP), mecanismo que garantiza a los depositantes la devolución de hasta 25 mil UDIS por persona —equivalentes a aproximadamente 219 mil pesos—. Según la propia CNBV, este esquema permitirá cubrir a más del 99.5% de los ahorradores, es decir, 169,564 clientes.

El anuncio, sin embargo, no cierra el capítulo de CAME, sino que abre un frente legal de alto impacto. Más de 60 ahorradores interpusieron una demanda de responsabilidad patrimonial contra la CNBV, acusándola de negligencia en la supervisión y señalando que esa omisión facilitó lo que califican como una “quiebra fraudulenta”. Los demandantes, que buscan una compensación superior a 160 millones de pesos, sostienen que la CNBV incumplió con su obligación de vigilancia al permitir que la sofipo continuara operando pese a que su patrimonio estaba comprometido desde al menos 2021. La cifra reconocida por los propios accionistas de CAME asciende a 1,776.8 millones de pesos, lo que revela la magnitud del desfalco.

La acción colectiva reclama indemnización en tres rubros: daño material por la pérdida de los depósitos, daño moral por la afectación psicológica y patrimonial, y daños punitivos que sirvan como sanción ejemplar a la autoridad supervisora. El escrito subraya que la CNBV tiene la carga de probar que su actuación fue regular, y denuncia que la supervisión fue permisiva incluso frente a conflictos de interés evidentes. Uno de los casos más señalados es el de la Federación Atlántico Pacífico, cuyo secretario de consejo de administración también fungía como director de Administración y Finanzas de CAME, un esquema incompatible que, según los afectados, fue conocido y tolerado por la CNBV.

La controversia también alcanza la estructura accionaria de la sofipo. Te Creemos Holding concentraba prácticamente la totalidad de las acciones (99.99999978%), en contravención a la normatividad que prohíbe la concentración absoluta en este tipo de entidades. Los ahorradores consideran que esta situación configuró un fraude a la ley que la CNBV debió impedir, y cuya omisión favoreció a los accionistas mayoritarios.

El documento judicial recuerda que desde 2022 hubo alertas públicas. En agosto de ese año, se presentó en el Senado de la República, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la CNBV a investigar a CAME, reiterada en febrero de 2024. Sin embargo, la autoridad no actuó oportunamente. Los demandantes argumentan que esta inacción prolongó las operaciones de captación de recursos hasta abril de 2025, cuando la sofipo ya estaba en proceso de vender activos, incluida su sede corporativa, en un contexto en que los ahorros de los clientes ya estaban en riesgo.

Otro de los reclamos se centra en la publicación, por parte de la CNBV, de información que mostraba niveles de capitalización y activos supuestamente sólidos, lo que reforzó la confianza de los ahorradores. Para los demandantes, la autoridad no solo omitió su deber de vigilancia, sino que transmitió datos engañosos que contribuyeron a que miles de personas mantuvieran o incrementaran sus depósitos en una entidad ya quebrada.

La recurrencia de fraudes y quiebras en estas entidades ha generado desconfianza sobre la verdadera seguridad del ahorro popular. La disputa jurídica actual pone de relieve la figura de la culpa in vigilando, que establece la corresponsabilidad de la autoridad por no detectar ni corregir irregularidades a tiempo. El desenlace de esta demanda marcará un precedente con implicaciones jurídicas, financieras e institucionales. Una resolución favorable a los ahorradores podría abrir la puerta a más reclamaciones patrimoniales contra el Estado en casos similares, lo que aumentaría el escrutinio sobre la CNBV y las federaciones de supervisión auxiliar. Al mismo tiempo, podría incentivar reformas regulatorias orientadas a reforzar los mecanismos de vigilancia y sanción en el sector de ahorro popular.

De cara al futuro inmediato, el sector enfrenta un doble reto: por un lado, la necesidad de proteger la estabilidad y credibilidad del sistema de ahorro popular frente a un público cada vez más escéptico; y por otro, la obligación de garantizar que los mecanismos de supervisión sean capaces de detectar y detener a tiempo esquemas irregulares. El caso CAME no solo será un referente legal en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, sino también un parteaguas en la forma en que México debe replantear la regulación, la supervisión y la gobernanza de las sociedades financieras populares. Lo que viene, en gran medida, será una prueba de fuego para medir si el país está preparado para corregir las fallas del pasado y asegurar un sistema financiero popular más sólido, confiable y transparente. Eso sí, antes de que se hagan los ofendidos en la CNBV su responsabilidad en este caso, existe, y se comprobará. 

Voz en Off

Y ya que le hablamos de casos deleznables, resulta que en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tienen que poner mucha atención y atender las innumerables denuncias que existen contra instituciones bancarias pertenecientes a la Asociación de Bancos en México que encabeza Emilio Romano Mussali, ya que continúan las prácticas dilatorias, irresponsables para evitar a toda costa productos que nunca contrataron, pero que veladamente los venden y cobran. como parte de alguna tarjeta bancaria. Una de esas instituciones es la aún de Citi, Banamex, que de manera inadmisible continúa con esas prácticas, ojalá que en la iniciativa del diputado Ricardo Monreal, sobre la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de cancelación de suscripciones y membresías con cobro recurrente, agregara a las instituciones financieras para así terminar con su irresponsable abuso hacia los usuarios de servicios financieros….

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@juliopilotzi