El último día de clases de 2025

Hoy, 19 de diciembre de 2025, miles de niñas, niños y jóvenes michoacanos, los trabajadores de la educación y sus respectivas familias hacen una pausa vacacional en su ciclo escolar. Pero este cierre no llega en las condiciones que merecen nuestros estudiantes ni que exige la dignidad de un estado que presume su riqueza cultural e histórica. Llegan a este momento arrastrando el peso de un sistema educativo fracturado, de promesas incumplidas y de una indiferencia institucional que debería avergonzarnos a todos.

Cualquier ciudadano comprometido con los derechos educativos en Michoacán, no podría sino mirar este final de año escolar con una mezcla de indignación y dolor. Porque detrás de las estadísticas y los discursos oficiales, hay rostros concretos: la niña de primaria en la Meseta Purépecha que pasó semanas sin clases por conflictos magisteriales; el adolescente de Apatzingán cuya secundaria lleva meses sin internet funcional; la joven de preparatoria en Morelia que debe elegir entre trabajar o estudiar porque su familia ya no puede sostener los gastos escolares.

Este ciclo escolar 2025-2026 comenzó, como tantos otros en Michoacán, con irregularidades y retrasos. Mientras en otros estados del país las clases iniciaban puntualmente, aquí se repitió la historia: escuelas sin maestros completos, planteles sin condiciones básicas de infraestructura, y una coordinación institucional que brilló por su ausencia. 

La violencia que azota a nuestro estado no ha dado tregua a las escuelas. Comunidades enteras han visto interrumpidas las clases por enfrentamientos entre grupos criminales, bloqueos carreteros y amenazas directas contra docentes. En regiones como Tierra Caliente, la Costa y algunas zonas de la Meseta Purépecha, asistir a la escuela se ha convertido en un acto de valentía, tanto para estudiantes como para maestros. ¿Cómo podemos hablar de garantizar el derecho a la educación cuando el simple trayecto a la escuela representa un riesgo para la vida? Particularmente, fue la violencia homicida la que marcó el 2025 como un año en el cual se segó la vida de tres presidentes municipales, anticipando el cierre del ciclo escolar en Tepalcatepec, interrupciones en Tacámbaro y la pérdida de vidas de adolescentes menores de edad que deberían de haber estado escolarizados en Uruapan y municipios circunvecinos, en el marco del magnicidio del que fue víctima Carlos Manzo. 

Las cifras de abandono escolar en Michoacán siguen siendo alarmantes, particularmente en nivel medio superior y superior. Miles de jóvenes abandonan sus estudios no por falta de capacidad o interés, ni por carecer de transporte, sino por necesidad económica en sus hogares. La pobreza y vulnerabilidad que golpea a millones de michoacanos se refleja directamente en las aulas vacías. Cuando una familia debe elegir entre comprar comida o pagar la cooperación escolar, los uniformes o el transporte, los sueños y aspiraciones de movilidad social, bienestar y de alcanzar la mejor versión de sí mismos se evaporan. 

Si los funcionarios recorriesen comunidades rurales y periferias urbanas se darían cuenta de que el panorama es desolador. Escuelas con techos que gotean, baños que no funcionan, aulas improvisadas con mobiliario destruido, laboratorios sin equipo, bibliotecas inexistentes. La inversión en infraestructura educativa ha sido históricamente insuficiente, y este año no ha sido la excepción.

En pleno siglo XXI, hay escuelas michoacanas donde los niños toman clases bajo lonas de propaganda política, láminas de cartón o incluso árboles porque los salones están inhabitables. Hay planteles sin agua potable, sin luz eléctrica confiable, sin las condiciones mínimas de salubridad que cualquier ser humano merece, mucho menos estudiantes en formación. Y cuando llueve, las clases simplemente se suspenden porque el agua inunda los espacios.

La brecha digital, esa que se hizo tan evidente durante la pandemia, sigue siendo una realidad aplastante. Comunidades enteras sin acceso a internet, escuelas sin computadoras funcionales, docentes sin capacitación tecnológica adecuada. Mientras el mundo habla de inteligencia artificial y educación digital, miles de estudiantes michoacanos no tienen siquiera los recursos básicos para aprender a usar una computadora. Es más, apenas el 53 por ciento de los hogares michoacanos tienen conectividad a Internet. 

No podemos hablar de la educación en Michoacán sin abordar el elefante en la habitación: el conflicto permanente entre las diversas facciones magisteriales, y entre estas y las autoridades educativas. Este ciclo escolar ha estado marcado, una vez más, por paros, plantones y movilizaciones que, aunque responden a demandas laborales legítimas de los docentes, tienen como principal víctima a los estudiantes.

Hay que decirlo con claridad: los maestros tienen derecho a organizarse, a exigir mejores condiciones laborales, a defender sus derechos. Pero también es cierto que miles de niñas, niños y jóvenes han perdido semanas completas de clases por estas movilizaciones. Están atrapados en medio de un conflicto que no crearon y del que no son responsables.

La falta de diálogo efectivo entre las autoridades estatales, federales y las organizaciones magisteriales condena a nuestros estudiantes a la incertidumbre permanente. ¿Habrá clases mañana? ¿Los maestros estarán en paro? ¿Se recuperarán los días perdidos? Estas preguntas se repiten en miles de hogares michoacanos con una frecuencia inadmisible.

Pero, incluso cuando hay clases, cuando los maestros están presentes y las escuelas abren sus puertas, ¿qué tanto están aprendiendo los estudiantes michoacanos? Los resultados de evaluaciones nacionales e internacionales nos colocan consistentemente entre los estados con peor desempeño educativo del país. No es casualidad. 

La formación docente continua es insuficiente. Los materiales didácticos llegan tarde o no llegan. Los programas de estudio muchas veces están desconectados de la realidad michoacana, de nuestras necesidades específicas, de nuestras fortalezas culturales. ¿Dónde está la educación contextualizada que respete y potencie nuestra diversidad lingüística y cultural? ¿Dónde están los programas que preparen a nuestros jóvenes para los desafíos reales que enfrentarán?

Tenemos estudiantes que egresan de secundaria sin comprender lo que leen, sin habilidades matemáticas básicas, sin las herramientas necesarias para insertarse en la educación media superior con éxito. Y cuando llegan a preparatoria, la situación se agrava. La falta de orientación vocacional, de tutoría efectiva, de programas que atiendan las necesidades socioemocionales de adolescentes que crecen en contextos de violencia y pobreza, es evidente.

Si la situación es grave para el estudiante promedio, es catastrófica para los grupos más vulnerables. Las niñas y niños con discapacidad enfrentan barreras monumentales: escuelas sin accesibilidad física, maestros sin capacitación en educación inclusiva, ausencia de materiales adaptados, discriminación sistemática.

Los estudiantes de pueblos originarios, particularmente en comunidades purépechas, nahuas y mazahuas, muchas veces deben elegir entre una educación en español que les resulta ajena o simplemente no acceder a educación de calidad. La educación intercultural bilingüe, aunque existe en el discurso oficial, es prácticamente inexistente en la práctica. Sus lenguas, sus cosmovisiones, sus saberes ancestrales son sistemáticamente invisibilizados en el currículo oficial.

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental consagrado en nuestra Constitución. El Estado mexicano, y específicamente el gobierno de Michoacán, tiene la obligación legal, moral y ética de garantizarlo. Y está fallando. 

La inversión educativa como porcentaje del presupuesto estatal es insuficiente. Los programas de becas no alcanzan para cubrir las necesidades reales. La coordinación entre la SEP federal y la Secretaría de Educación estatal es deficiente. Las políticas educativas carecen de continuidad y visión de largo plazo, sometidas al vaivén político de cada administración.

Pero más allá de los recursos, hay una falta de voluntad política real para transformar la educación michoacana. Se pronuncian discursos grandilocuentes, se inauguran obras inconclusas, se anuncian programas que nunca se implementan completamente. Mientras tanto, nuestros niños y jóvenes ven pasar los años escolares sin recibir la educación de calidad que merecen y necesitan.

Mañana terminará este ciclo escolar, pero los problemas estructurales permanecerán. La pregunta que debemos hacernos como sociedad michoacana es: ¿hasta cuándo? ¿Cuántos ciclos escolares más dejaremos pasar antes de exigir un cambio radical en nuestra política educativa?

Necesitamos un nuevo pacto social por la educación en Michoacán. Un pacto que incluya a todos los actores: gobierno estatal y federal, organizaciones magisteriales, padres de familia, estudiantes, academia, sociedad civil. Un pacto que establezca prioridades claras y las cumpla. Un pacto que coloque genuinamente a las niñas, niños y jóvenes en el centro.

Es impostergable que la educación deje de ser botín o moneda de cambio político. Que los conflictos laborales se resuelvan sin afectar el derecho de los estudiantes a recibir clases. Que se invierta seriamente en infraestructura, en formación docente, en materiales educativos. Que se implementen programas efectivos de inclusión y de atención a la diversidad. Que la violencia deje de interrumpir la vida escolar. La responsabilidad de las autoridades no termina con inaugurar obras o repartir útiles escolares en campañas mediáticas. Su trabajo es garantizar que cada estudiante michoacano, sin importar dónde viva, su condición económica o social, reciba una educación de calidad que le permita desarrollar plenamente su potencial.

Sin duda, la lucha magisterial es legítima, pero los estudiantes no pueden seguir siendo las víctimas colaterales. Busquemos formas de defensa de derechos que no sacrifiquen el derecho a la educación de quienes menos tienen. La educación nos concierne a todos. No podemos permanecer indiferentes mientras nuestros niños y jóvenes son defraudados día tras día. Exijamos rendición de cuentas, participemos activamente, construyamos comunidades educativas fuertes.

Esta tarde, cuando suenen las campanas por última vez este año en las escuelas michoacanas, celebremos la resiliencia de nuestros estudiantes que, a pesar de todo, siguen ahí. Pero no olvidemos que detrás de cada uno hay historias de obstáculos superados que nunca debieron existir. Y comprometámonos a que la segunda mitad del ciclo escolar 2025-2026 sea diferente.

A los funcionarios no podemos sino desearles que aprovechen muy bien este receso de actividades para afinar la planeación y el diseño de políticas públicas. Es un hecho que, arrastrando inercias no se podrán modificar las circunstancias que hoy ocasionan las tasas de cobertura, absorción y eficiencia terminal que nos mantienen en los últimos lugares a nivel nacional. Se requiere blindar a cada niña, niño y joven, con nombre y apellido para que logren completar trayectorias educativas completas. Particularmente, que acierten a diseñar políticas públicas articuladas, integrales, transversales y arropadoras para las niñas, niños y jóvenes en el marco de las becas que se dispersarán el 2026. No puede seguirse pulverizando el dinero sin asegurar efectos positivos en los indicadores educativos de cada recipiendario. 

La educación es un derecho humano fundamental, porque constituye la base del desarrollo social, económico y cultural. Un estado que descuida a sus estudiantes es un estado que hipoteca su futuro. Michoacán no puede seguir permitiéndose este lujo. Los niños, niñas y jóvenes en Michoacán merecen un gobierno educador.