El perfil que requiere la Fiscalía de Michoacán

Conocí a Juan Antonio Magaña de la Mora hace cosa de catorce años, durante mi paso por el Gobierno del Estado de Michoacán. La memoria no me alcanza para precisar el momento ni las circunstancias de aquel primer encuentro. Años después volví a encontrarlo, esta vez de la mano de mi gran amigo Francisco García Davish.

La coincidencia fue inmediata. Ambos somos hijos del esfuerzo y hemos encontrado en el trabajo, el estudio y la perseverancia las herramientas para avanzar en la vida. Debo reconocer, con admiración y sin falsa modestia, que Juan Antonio ha llegado mucho más lejos que yo.

Es un hombre serio, prudente, preparado y de convicciones firmes. Padre de familia, esposo y empresario, ha sabido combinar su vida personal con una trayectoria pública verdaderamente excepcional.

Doctor en Derecho Penal, académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, exprocurador general de Justicia, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, y actualmente diputado del Congreso de Michoacán.

Pocos juristas reúnen una experiencia semejante en los tres poderes del Estado. Juan Antonio conoce la justicia desde la investigación de los delitos, la función jurisdiccional, la administración judicial, la elaboración de las leyes y la enseñanza universitaria.

No es un improvisado. Es un hombre que ha dedicado su vida al derecho y al servicio público.

Y esa experiencia cobra especial relevancia cuando Michoacán enfrenta uno de sus mayores desafíos: recuperar la confianza ciudadana en la procuración de justicia.

La violencia, la extorsión y la impunidad han lastimado profundamente a nuestro estado. Frente a esa realidad, la Fiscalía General no puede convertirse en una posición de reparto político ni en un espacio para experimentos administrativos.

Necesita una conducción profesional, independiente, conocedora del sistema penal y capaz de ofrecer resultados.

La Fiscalía no requiere un operador de intereses. Necesita un jurista con experiencia, carácter y autoridad moral.

Hay, además, un atributo de Juan Antonio que considero particularmente valioso: su probidad.

Hasta donde lo conozco, ha mantenido una vida pública y privada caracterizada por la honradez, la discreción y la ausencia de escándalos que comprometan su reputación.

En tiempos en los que demasiadas trayectorias políticas terminan marcadas por la controversia, una vida de trabajo y rectitud merece ser reconocida.

Porque para procurar justicia no basta con conocer las leyes. Se necesita también la autoridad moral para exigir a los demás una conducta honesta.

Naturalmente, ninguna trayectoria garantiza por sí sola el éxito de una gestión. Quien encabece la Fiscalía deberá presentar propuestas concretas para combatir la impunidad, fortalecer las investigaciones, profesionalizar a los ministerios públicos y atender dignamente a las víctimas.

Pero el punto de partida debe ser la experiencia y no la cercanía política.

Por ello, considero indispensable apelar a la madurez política y a la generosidad democrática del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La mejor contribución que puede hacer a la justicia michoacana es permitir que la designación se realice con absoluta libertad, sin imposiciones, vetos ni interferencias del Poder Ejecutivo.

La grandeza de un gobernante también se demuestra cuando sabe retirar las manos de las decisiones que deben tomarse con independencia.

Una Fiscalía autónoma no puede nacer de compromisos políticos. Su titular debe responder a la Constitución, a la ley y, sobre todo, a los michoacanos.

Escribo estas líneas desde el afecto personal que le tengo a Juan Antonio, pero también desde el reconocimiento a una trayectoria que habla por sí misma. No sé si finalmente participe en el proceso de designación; lo que sí tengo claro es que reúne condiciones que merecen ser valoradas.

Michoacán necesita recuperar la confianza en sus instituciones y colocar al frente de ellas a personas cuya preparación, experiencia y conducta estén a la altura de sus responsabilidades.

La justicia no puede seguir siendo una promesa pendiente.

Y si queremos una Fiscalía verdaderamente autónoma, eficaz y respetable, debemos comenzar por elegir a quien tenga el conocimiento para dirigirla, la honradez para dignificarla y el carácter para hacerla funcionar.

Juan Antonio Magaña de la Mora tiene, a mi juicio, ese perfil.