Educación: un derecho de puertas abiertas

Hace apenas dos semanas, el Secretario de Educación Pública en México y el Gobernador de Michoacán se reunieron en Uruapan para declarar que el Plan Michoacán contempla 30 mil nuevos lugares en educación media superior, con 10 bachilleratos tecnológicos, 60 ampliaciones y 20 reconversiones para asegurar que ningún estudiante se quede sin acceso. 

Bonito discurso. El problema es que esta semana, mientras esos 30 mil espacios prometidos existen todavía en las láminas de presentación, los más de 57 mil alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes apenas el 13 de abril regresaban de vacaciones de Semana Santa con todo el semestre por delante, se encontraron con las puertas de su universidad cerradas con banderas rojinegras.

El Artículo Tercero lo dice con toda claridad: no hay justificación para cerrar las puertas de la UMSNH. Las puertas de una institución educativa pública, financiada con recursos de todos los michoacanos, deben estar abiertas. 

En materia de investigación, la gestión actual tiene resultados concretos: en la administración actual se han obtenido el 50 por ciento de las patentes de toda la historia de la UMSNH.  El número de miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores pasó de 571 a 603 miembros, y el presupuesto de investigación se incrementó. Si hay más patentes. Si los investigadores son más. Si los indicadores académicos mejoran. ¿Dónde está entonces el problema? 

Lo que no es académico es político.

El gobierno estatal se ufana, con razón parcial, de haber impulsado la reforma constitucional que garantiza a la UMSNH el 4.5% del presupuesto estatal.  Lo que nadie quiere reconocer es que ese porcentaje se calculó sobre una universidad saneada que no existe. Porque hay una realidad que el 4.5% no contempló: los pasivos heredados, los contratos colectivos acumulados durante años y las jubilaciones pendientes. 

Trabajadores nicolaítas denuncian que 180 empleados no han recibido su jubilación, incluyendo a quienes ya fallecieron sin cobrar su seguro de vida. Esas son deudas reales, con nombres y apellidos. Ignorarlas al diseñar el presupuesto "pleno" no las hizo desaparecer: las convirtió en la mecha de una huelga.

Nadie en el Congreso del Estado, al votar ese 4.5%, preguntó cuántos pasivos heredados arrastraba la institución. Nadie en el Ejecutivo, al festinar la reforma, advirtió que el presupuesto "histórico" llegaba sin inventario de deudas. Es tiempo de resolver la situación y la responsabilidad es compartida. 

En medio del caos, hay una buena noticia que merece celebrarse. La justicia federal tomó partido por quienes menos voz tienen en este conflicto: los estudiantes. Celebramos que los tribunales federales estén ponderando el derecho a la educación por encima de cualquier otro interés. Pero celebrar no es suficiente: hay que garantizar que no se vuelvan a cerrar y solucionar la problemática de manera estructural y definitiva.

El artículo 3°, fracción VII de la Constitución establece que las universidades autónomas tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, y realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura.  Primero la misión: educar y luego el autogobierno como instrumento para cumplirla. La autonomía es el medio, no el fin. 

Lo que no puede ampararse nunca más en la autonomía es el cierre de instalaciones que priva a 57 mil jóvenes de su derecho a aprender. La autonomía universitaria protege a la institución de la intromisión del poder político externo. Pero, no protege a ningún actor interno para subordinar la misión educativa a sus intereses de negociación. Ninguna pugna puede eclipsar la razón de existir de la Casa de Hidalgo: que 57 mil jóvenes michoacanos puedan entrar a sus aulas, aprender, crecer y transformar sus vidas.

Cada día que permanece cerrada una universidad pública es un día de daño acumulado que tiene nombre y apellido en cada estudiante afectado. La literatura especializada exhibe que la modalidad educativa virtual es llanamente incompetente respecto al sistema educativo presencial. 

En México, los datos son demoledores: de cada 100 niños que ingresan a la primaria, solo 21 egresan de una licenciatura. Esos números se deterioran con cada semana perdida, con cada parcial que no se presenta, con cada beca que se pierde por inactividad, con cada estudiante que trabaja para sostenerse en Morelia y que hoy paga renta sin recibir nada a cambio.

Los efectos de una huelga universitaria prolongada son, además, profundamente desiguales. El hijo de familia acomodada puede permitirse una huelga de semanas: tiene dónde vivir, tiene con qué comer, tiene internet para estudiar en línea. El joven que vino de un municipio rural con una beca, que paga cuarto de 2,000 pesos al mes, quien trabaja de mesero en las noches para completar: ese joven no puede permitírsela. Para él, la huelga es una amenaza real de abandono escolar.

El ejecutivo federal y estatal en conjunto deben hacer realidad el Plan Michoacán, impidiendo que la principal universidad del estado vuelva a ser paralizada. El Plan Michoacán contempló la colaboración de la UMSNH para generar 50 mil nuevos espacios en educación superior. 

Es incongruente ser socios en los anuncios y ausentes en la crisis. La Secretaría de Educación Pública debe intervenir como mediadora activa, garantizar el flujo de recursos federales comprometidos y pronunciarse públicamente en defensa del derecho a la educación de los 57 mil estudiantes afectados, para resolver estructuralmente la problemática remanente, a pesar del presupuesto “pleno”.

No basta con decir que "el recurso se tiene" y lavarse las manos. Si el recurso se tiene y el conflicto es real, la mediación activa es una responsabilidad política y constitucional, así como contribuir presupuestalmente en la solución. 

Ningún derecho laboral es absoluto cuando su ejercicio implica privar a decenas de miles de jóvenes de su derecho constitucional a educarse. La mesa de negociación es el camino. Las puertas cerradas, no. La justicia federal ya habló. Celebramos que lo haya hecho, y que haya puesto el derecho a aprender por encima de cualquier otra consideración. 

Una gran noticia es que este sábado se reabrieron las puertas del hogar intelectual de Hidalgo, Morelos y Ocampo. Ahora exigimos que las puertas abiertas se traduzcan en que las clases se reanuden, que los 57 mil estudiantes de la Casa de Hidalgo vuelvan a sus aulas el lunes próximo y que las puertas abiertas no vuelvan a cerrarse jamás. 

La educación es un derecho. No un rehén.