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Foto: Especial

Duarte en prisión/Arturo Alejandro Bribiesca Gil

Arturo Alejandro Bribiesca Gil/Quadratín
 
| 21 de abril de 2017 | 15:07
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Las historias y escándalos de corrupción que envuelven al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hoy en una prisión guatemalteca, en espera de ser extraditado a México para enfrentar nuestra justicia, lo hacen el espécimen más representativo de una camada de gobernadores mexicanos de la especie de los presupuestívoros, Francisco Martín Moreno dixit. Es importante destacar que esta especie no tiene una filiación partidista en común, siendo los rasgos comunes el hambre de dinero, su veleidad y frivolidad, entre otros.

Las recientes detenciones del referido Duarte y del ex gobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington, han devuelto los reflectores hacia los gobernantes detenidos, investigados y en fuga. Desafortunadamente, muchas voces, lejos de aplaudir que haiga sido como haiga sido, hoy día, hay dos delincuentes menos libres e impunes, ponen en entredicho el actuar gubernamental. Obviamente que estos actos de justicia por sí solos no reparan el mal hecho, ni resuelven el problema de la corrupción e impunidad de nuestro país, sin embargo, no por ello dejan de ser un buen comienzo.

En una construcción, tan importante es la primera piedra como la última, porque se complementan, y el todo no puede existir sin la participación del más humilde de sus componentes. Por ello, es que resulta trascendental para la vida democrática de México, que no se les escatime el mérito a las autoridades federales en la persecución ex gobernantes, ampliamente señalados por actos de corrupción, que hasta hace poco tiempo eran miembros distinguidos y hasta estimados de la elite política. Debiendo ser visto lo anterior como un punto de partida sin retorno en la lucha contra la impunidad.

Ahora bien, el gobierno federal está ávido de legitimidad, y, en teoría, esta detención y otras acciones similares, deberían abonar a la recuperación de dicha legitimidad, sin que esto esté sucediendo, muy probablemente por el mal humor social que otorga un velo de opacidad a toda acción gubernamental por trasparente y correcta que esta sea.

El riesgo que se corre de continuar la tendencia de rechazo automático a toda actuación del gobierno federal, es que éste pierda todo punto de referencia sobre el sentir social y caiga en el mismo circulo pernicioso, demeritando cualquier rechazo social por justo que sea, y no le de valor alguno en la toma de decisiones.

En fin, si el gobierno federal piensa ganar votos encarcelando pillos, adelante, el pueblo de México está ansioso de justicia. Solo espero que el cálculo político este fuertemente fundamentado en el derecho y no se cometan injusticias como en Michoacán, en donde la lucha política ha sobrepasado el estado de derecho.

 

 

 

 

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