Desesperada esperanza de justicia ambiental

Medio año después nos hemos reencontrado para evaluar los avances en materia ambiental en Madero. Nos ha recibido la comunidad de Etúcuaro, que más allá de ser reconocida por su producción mezcalera es un pueblo prehispánico cuya historia se remonta a la presencia Matlazinca en el centro-oriente de Michoacán.

A este ejercicio han concurrido instituciones ambientales federales como Profepa y Conagua; dependencias estatales como Proam, Secma, Cofom y Ceac; el gobierno municipal de Madero; representantes del gobierno municipal de Carácuaro y de Tacámbaro; el Consejo Estatal de Ecología y decenas de representantes de localidades de Madero afectadas por el arrasamiento de los sistemas naturales que han sido la fuente de su existencia.

Durante el 2021 sesionaron tres mesas para atender esta problemática, en junio, julio y en noviembre. El cambio de uso de suelo, la tala ilegal, la instalación de huertas ilegales, la proliferación de hoyas concentradoras de agua, la proliferación de perforaciones para pozos al margen de las regulaciones, el uso generalizado de cañones antigranizo y medios semejantes como cohetones de diseño para ahuyentar “lluvias de riesgo”, el uso de pesticidas dañinas para los ecosistemas, han sido los temas sobre los cuales se ha discutido y tomado acuerdos.

Durante estas mesas hemos conocido testimonios penosos e indignantes de cómo los pueblos van perdiendo el acceso al agua y cómo este hecho se relaciona con el desmonte de tierras para instituir huertas aguacateras. En esta ocasión una mujer de la localidad de Moreno ha denunciado que esta población de más de 200 personas ha quedado sin agua para consumo humano; que el agua que para ello se disponía ha sido acaparada en una hoya concentradora destinada al riego de aguacates; que ante la solicitud de los pobladores para acceder al agua el dueño de la huerta ilegal y de la hoya ilegal les ha ofrecido hacerlo a cambio de que le permitan plantar más hectáreas de aguacate.

Los avances que se han logrado en la mesa son sumamente modestos. Tanto Profepa como la Fiscalía Ambiental, la Comisión Forestal y la Proam han generado, conforme al procedimiento legal, las carpetas correspondientes por cambio de uso de suelo, tala ilegal en diversos predios y activación de cañones antigranizo, sin embargo, los procesos legales existentes son lentos frente al ánimo retador de los cultivadores que siguen dañando al medio ambiente y en su caso violando los sellos de clausura y aseguramiento. Prevalece entre ellos un ánimo de franco reto a la ley.

En la mesa del 26 de noviembre se acordó perfilar una estrategia que nos permitiera frenar el cambio de uso de suelo. Desafortunadamente esto aún no ha ocurrido. En el mes de marzo atestiguamos el desmonte y rastrillado de 12 hectáreas en la Pitaya, y durante la temporada de estiaje se identificó que la mayor parte de los incendios fueron provocados, así se pudo observar que estos ocurrieron en áreas vecinas a predios con cambio de uso de suelo y con huertas recién plantadas.

A pesar de que la nueva ley ambiental estatal, aprobada el 5 de abril del 2021, establece con claridad la prohibición de los cañones antigranizo, se denunció en esta mesa que, con el inicio de la temporada de lluvias, se han vuelto a activar dichos artefactos en perjuicio de los cultivadores tradicionales de maíz, frijol, calabaza y la recuperación de la infiltración freática.

El activismo ambiental, ya generalizado entre mujeres y hombres de Madero, representa un movimiento social que está fijando una agenda de actuaciones para las instituciones ambientales, y así se expresó en esta reunión de evaluación.

Es preocupante que como reacción a las denuncias el sector más hostil de los cultivadores ilegales provocó el secuestro de unos de los activistas el 6 de diciembre del pasado año. Asunto que también estuvo en la mesa, y que habrá que decirlo, hasta la fecha no existen resultados que permitan saber quiénes lo hicieron. Es decir, no ha habido justicia.

Los pilares que sostienen la destrucción del medio ambiente, tanto en Madero como en el resto de Michoacán, son la impunidad, la omisión, la debilidad de las instituciones, la ausencia de políticas ambientales rotundas, y la corrupción de algunos malos servidores públicos. Este es el realismo factual desesperante que sirve de telón de fondo a la crisis ambiental que camina con rapidez destruyendo bosques y aguas.

La condición de la lucha ambiental está bien expresada en el mito de Sísifo. Los ambientalistas estamos condenados a subir por la empinada cuesta los reclamos de los derechos ambientales solo para mirar como terminan rodando cuesta abajo para… ¡volver a comenzar!

La mesa ambiental de Etúcuaro, que generó acuerdos importantes para la aplicación de la ley, oportunidades de coordinación con municipios vecinos como Carácuaro y Tacámbaro, propuestas para atender el cuidado y recuperación del río Curucupatzeo-Carácuaro, la recomendación para trabajar por el ordenamiento ecológico y territorial y la propuesta para impulsar el establecimiento de amplias Zonas de Restauración y Protección Ambiental, como medio para contener el cambio de uso de suelo, es un paso modesto para los pobladores que siguen teniendo viva la esperanza de que este fin es posible.

Tenemos una desesperación de la esperanza que acicatea la voluntad de hombres y mujeres de estos pueblos para asegurar en el presente el futuro a quienes no puede dejárseles un páramo en donde existía un paraíso.