Contexto

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA CXL…El doble discurso de los gobernantes.

Algo que caracteriza tanto a Andrés Manuel López Obrador, como a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López y a la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, es, sin lugar a duda, su doble discurso. El pueblo “bueno” los critica por toda esa serie de incongruencias que han marcado el sexenio, donde ha prevalecido un retroceso económico atribuido a factores externos e internos, pero, sobre todo, al derroche en el gasto público, donde se ha preferido tirar a la basura el gasto de inversión, como fue el caso del aeropuerto de Texcoco.

Ejemplos sobran de este doble discurso.

El más reciente fueron las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el Gran Premio de México. Pese a que la jefa de Gobierno de la CDMX y pieza clave de Morena, tachó el evento de “fifí”, su compañero de partido y gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió al evento automovilístico, al igual que lo hicieron al autódromo Hermanos Rodríguez, Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez, quienes confirmaron su visita a la capital por medio de redes sociales. Otro más, fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien fue captado al lado de Antonio Pérez Garibay, padre del Checo Pérez durante la carrera de clasificaciones del Gran Premio de México. Este hecho provocó que recibiera duras críticas, en materia de seguridad, debido a que durante las últimas semanas se han presentado diversas balaceras en esa entidad.

Ahora, a fines de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno busca fortalecer la democracia y fomentar la participación del pueblo en las decisiones políticas del país a través de la iniciativa de reforma electoral. Dijo que la democracia es una forma de vida, por lo que uno de los legados de la mal llamada Cuarta Transformación será defenderla.

Señaló que su propuesta de reforma electoral contempla la consolidación de un sistema seguro, imparcial y eficiente. Eso nadie le cree.

“Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores porque son capaces y, no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho y eso hay que evitarlo, porque eso sería un retroceso, una cuestión gravísima para el país”, apuntó y sostuvo que la democracia en México no se debe a la existencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino a la participación del pueblo.

“Nosotros lo que queremos es que haya una auténtica democracia en nuestro país. Es el mejor sistema político, de gobierno. No solo es el mejor sistema político electoral. La democracia es una forma de vida como lo establece nuestra constitución y estamos adheridos a eso. Es nuestro ideal. Queremos que se respete el voto, que haya elecciones limpias y libres; que no se utilice dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido”, esgrimió sin reconocer que llegó a la presidencia de la República después de que el INE le dio el triunfo.

Llama la atención de que reconoció el triunfo de Ignacio Lula Da Silva por escaso margen sobre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pero sigue arremetiendo en contra del INE.

El ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde, ahora director general de Integralia Consultores, advirtió que la discusión de la reforma electoral representa un riesgo de que no se convoque a propuestas de consejeros electorales y que el INE opere “sin cabeza”, como pasa en otros órganos en los que no se mandan las ternas.

El exconsejero añadió que para nombrar a los consejeros del INE se requeriría mayoría calificada y como el gobierno no la tiene y tendría que negociar con la oposición. Por lo que ello implicaría, “como se acostumbra” un intercambio de cuotas: que el gobierno ponga al consejero presidente y la oposición, dos.

La semana pasada inició el análisis y diálogo sobre iniciativas en materia de reforma electoral, en la que se analizan más de 100 propuestas, entre ellas la hecha por López Obrador que contempla la reducción de consejeros electorales. Esta iniciativa, plantea que consejeros y magistrados electorales se elijan mediante voto popular de acuerdo con ternas enviadas por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Además, se propone la reducción de presupuesto a partidos políticos; que el Instituto Nacional Electoral (INE) desaparezca y se cree el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; y la eliminación de los legisladores por distrito electorales directamente por los ciudadanos para dejar sólo a los de representación proporcional y que se definan por listas a propuesta de los partidos.

El exconsejero criticó que los legisladores morenistas ni siquiera se han interesado en conocer la propuesta de reforma electoral del presidente, porque siguen hablando de la desaparición de los plurinominales, cuando la iniciativa plantea lo contrario.

Ayer mismo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) entró en defensa del Instituto Nacional Electoral al criticar la reforma electoral impulsada por López Obrador y calificaron a la iniciativa de ley como regresiva y un agravio a la vida democrática de México. Además, apelaron a la “prudencia legislativa y al compromiso del gobierno” y a no poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad.

Los Obispos Católicos de México sostuvieron que dicha reforma electoral está destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista y exhortaron al poder Ejecutivo y al Legislativo, a asumir su responsabilidad “con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos y particulares”.

En ese sentido, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que “por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país” y recordó que el Estado mexicano es laico, es decir, funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión.

En días recientes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a favor de la reforma electoral en la que sugiere la “transformación del INE” y se reivindique el derecho del pueblo a la democracia. Pidió a los legisladores que “construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado (…) y sobre la designación de sus integrantes”.

También, José Woldenberg, el primer presidente del Instituto Federal Electoral autónomo y ciudadano, tras la reforma política de 1996, y referente obligado de la transición democrática en México en 2000, dijo que lo que a él le gustaría es que la iniciativa presidencial no pasara en el Congreso, porque mucho de lo construido en las últimas décadas en México se estaría destruyendo.

Y es que, de aprobarse, se crearía una autoridad electoral de carácter faccioso lo que causaría un gran daño para el país. Por ello, criticó la propuesta para elegir a los consejeros del INE que quiere López Obrador, donde él propondría a 20 candidatos, el congreso, que controla, otros veinte, y la Corte, de la que tiene la mitad, la otra tercera parte, para que el pueblo bueno los votara. Y que los aspirantes tendrían que apoyarse en algún partido, para poder ser elegidos, para desde ahí, hacer campaña en todo el país.

Y en esa estamos, cuando la semana pasada, se reveló que Manuel Espino, ex presidente del PAN, cuando se registró supuestamente el fraude electoral del que acusa López Obrador, y ahora íntimo amigo del propio tabasqueño, reveló que lo visitó en Palacio Nacional para que negociara, con los capos del crimen organizado. Dijo que él ya había hablado con dos de los dirigentes de esos grupos y estaban dispuestos a negociar. Adán Augusto López no lo desmintió totalmente, pero López Obrador respondió que no se trataba de negociar. ¿Y entonces?

Y lo que falta…