Autoritarismo, cómplice ante crisis de seguridad

El asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, aceleró la crisis de seguridad que padece el país y evidenció la irresponsabilidad del gobierno federal para entender la gravedad del cáncer y enfrentarlo con determinación. Los llamados públicos del extinto presidente municipal a Claudia Sheinbaum para que interviniera urgentemente en esa región del país para combatir a los grupos delictivos y acabar con la complicidad del gobierno estatal con los criminales, fueron desatendidos y hasta desacreditados.

Manzo exigía por todos los medios que Claudia tomara medidas para proteger a la población frente a la actuación de los cárteles. Incluso, acusó al gobernador Ramírez Bedolla de protegerlos. La respuesta federal fue enviar a 200 elementos y después sólo dejar a 14 de la Guardia Nacional para proteger al alcalde, pero sin implementar ninguna estrategia para defender a la sociedad y enfrentar a los delincuentes. La consecuencia: el artero asesinato del expresidente, a unos cuantos días de que el dirigente de los limoneros de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, fuera asesinado por defender a sus socios de las extorsiones y del cobro de “derecho de piso”.

Ni Sheinbaum ni el gabinete de seguridad nacional entienden -o no quieren entender- que no entienden la gravedad de la situación en el país y particularmente en Michoacán. Por eso las cosas se les están saliendo de las manos y, peor aun, ya están fuera de control. El actual gobernador michoacano llegó al poder en el 2021 gracias al apoyo de la delincuencia, según se documentó ampliamente en ese entonces ante los órganos electorales, los cuales resolvieron que esos grupos criminales sí habían intervenido en las elecciones, pero “nomás poquito”. Hoy vivimos las consecuencias. La delincuencia controla Michoacán. No hay gobierno al que se le respete, sino al que los cárteles le exigen que cumpla sus compromisos por hacerlo ganar elecciones, y ahora actúan como si fueran dueños del estado.

Este es el fondo del asunto. Claudia está paralizada. Porque si actuara en consecuencia con lo que la sociedad michoacana sabe y padece, tendría que ir contra su gobernador y Morena en tierras purépechas.

Pero en lugar de desempeñarse como jefa del Estado Mexicano y hacer una operación quirúrgica de fondo, tope donde tope, reacciona descalificando a todos los medios de comunicación, periodistas, analistas y hasta dueños (“concesionarios, más bien”, dijo ella), y los acusa de actuar conforme a una estrategia “de la derecha conservadora”, que porque a todos ellos “no les interesa el país, ni la paz, ni el bienestar de la gente, sino sólo recuperar el poder para seguir beneficiándose del mismo”. Un diagnóstico altamente preocupante, autoritario y amenazador.

No dejemos de tomar en cuenta que a la par de esas acusaciones dijo que ya había pedido una investigación sobre supuestos financiadores de las movilizaciones de los productores agropecuarios que el 15 de noviembre paralizaron varias carreteras porque, según ella infiere, ahí hubo mucho dinero metido en redes sociales de personas opositoras a su gobierno. Es decir, en medio de la tragedia en Uruapan, en lugar de ordenar que se persiga y castigue a los responsables de la violencia criminal, mejor “investíguese y persígase” a los que protestan con banderas justas ante el abandono gubernamental al campo mexicano, porque supuestamente son apoyados por “la derecha”.

¡Ojo! Ya entramos en una espiral y una dinámica de persecución política y de condena a toda información que al gobierno le disguste, así como de amenazas   abiertas contra la libertad de opinión y de condenar y prácticamente prohibir las manifestaciones de protesta en las calles y carreteras del país. Ya lo estamos viendo en la sistemática descalificación de quienes desde el periodismo, el empresariado o la sociedad lanzan una crítica, así como en  los excesos policiales contra quienes tomaron el Palacio de Gobierno en Morelia y los de otros municipios del estado.

Las pulsiones autoritarias asomaron en el rostro de una Sheinbaum agobiada por los problemas. Y como dueña que se siente del país no tolera la disidencia.

Zonzamente actúa sin darse cuenta que está sentada sobre un polvorín del que ella misma sigue soplando a la mecha. No se da cuenta de que el país puede arder en cualquier momento, como ya lo vimos con las violentas muestras de indignación en Michoacán. Y este ejemplo puede cundir en otras regiones del país que ya están hartas de tanta simulación gubernamental y de tanto engaño de quienes mucho prometieron y nada o muy poco cumplen.