Al derecho y al revés

Violencia digital contra mujeres y niñas en aumento 

El auge de la era digital prometió un escenario de conexión global, acceso al conocimiento y empoderamiento para todos. Sin embargo, no todo es perfecto. Para millones de mujeres y niñas en todo el planeta, esta realidad se ha transformado en un espacio de riesgo, donde la violencia se extiende a una velocidad alarmante, nutrida por la inteligencia artificial, el anonimato y la falta de marcos legales y mecanismos de rendición de cuentas eficaces.

 La violencia digital contra mujeres y niñas no es un fenómeno único, sino que abarca múltiples formas que alcanzan todos los rincones de Internet. Entre las prácticas más comunes se encuentran el acoso en línea y el ciberacecho, el doxeo —que consiste en la revelación no consentida de información personal—, la difusión de imágenes íntimas sin autorización, la creación y distribución de deepfakes y la desinformación dirigida. Todos estos actos se utilizan como armas para silenciar, avergonzar e intimidar, minando la autonomía y la seguridad de quienes las sufren. De esta forma, navegar en Internet dejó de ser un lugar seguro.

 Según datos del Banco Mundial, menos del 40% de los países cuentan con normativas específicas para proteger a las mujeres del ciberacecho o el ciberacoso. Esta carencia legislativa tiene como consecuencia que aproximadamente el 44% de las mujeres y niñas en el mundo —un total de 1.800 millones de personas— no cuenten con acceso a protección jurídica cuando son víctimas de estos abusos. La ausencia de leyes claras y de procesos eficaces para hacer responsables a los agresores permite que la violencia digital continúe sin frenos significativos.

 Las consecuencias son aún más graves para las mujeres que ocupan cargos directivos, empresariales o políticos. Este grupo se enfrenta a formas especializadas de violencia digital, como deepfakes manipulados, campañas de acoso coordinado y desinformación con sesgo de género. 

El objetivo detrás de estas acciones suele ser el mismo: obligar a las mujeres a abandonar las plataformas digitales o, en casos extremos, retirarse de la vida pública en su totalidad, limitando así su capacidad de contribuir al desarrollo social y económico.

En Latinoamérica, diversos países han avanzado con acciones y programas para enfrentar la violencia digital, aunque aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia incluye disposiciones contra el ciberacoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Además, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) cuenta con la Línea Nacional de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Digital, que ofrece orientación y apoyo psicológico.

Algunas empresas tecnológicas han implementado medidas específicas para la región, como herramientas de denuncia más accesibles en español y portugués, y colaboraciones con gobiernos y organizaciones para identificar y eliminar contenido abusivo más rápidamente.

 Como vemos, hay mucho por hacer, pero lo principal es romper el silencio, denunciar y no permitir que por miedo o desinformación nuestra libertad sea limitada. 

En vísperas del 8 de marzo esta es una tarea pendiente que nos une y nos ocupa, porque la violencia digital también se debe erradicar.