Al derecho y al revés

Un reto de la SCJN: revertir reforma sobre el aborto en Aguascalientes

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso un proyecto de sentencia que busca invalidar la reforma aprobada por el Congreso de Aguascalientes, que redujo de 12 a seis semanas el plazo para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE). El asunto, que iba a ser tratado en la primera sesión de la nueva integración de la corte tras la apertura del periodo ordinario de sesiones el día 5, surgió de las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024 presentadas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Este debate jurídico sobre la reducción de semanas de aborto en ese estado, no transcurrió sin interferencias externas. La Arquidiócesis Primada de México lanzó una crítica pública que terminó por sacar el proyecto de la lista de asuntos a discutir en la máxima instancia judicial, generando una nueva polémica en el panorama del derecho reproductivo en el país.

El posicionamiento de la Iglesia fue publicado en el semanario oficial Desde la fe, bajo el título “El desprecio por la vida humana en la Corte”. En el texto, personajes pertenecientes al clero acusaron que el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Irving Espinoza Betanzo buscaba una “despenalización total” del aborto —a pesar de que el propio ministro había aclarado en múltiples ocasiones que el tema no era la despenalización, ya vigente a nivel nacional desde 2023, sino la revisión de la reducción de semanas en Aguascalientes—.

 Además, la Arquidiócesis aseguró, sin presentar sustento jurídico ni referencias al texto del proyecto en discusión, que la propuesta permitiría la interrupción del embarazo durante los nueve meses de gestación “sin tomar en cuenta el bienestar de la madre ni del niño”. Esta afirmación contrastó con el contenido del proyecto de sentencia, que se centraba en velar por el respeto a los derechos fundamentales de autonomía corporal y salud de las personas gestantes.

El ministro Irving Espinoza Betanzo, ponente del caso, ha precisado en múltiples ocasiones que el núcleo del debate no es la despenalización del aborto, sino la reducción arbitraria del plazo permitido para ejercer ese derecho. “El aborto ya está despenalizado en México desde 2023. El proyecto que tengo a mi cargo tiene por objetivo revisar la disminución del número de semanas para la interrupción legal del embarazo”, señaló ante la prensa hace algunos días.

La reforma aprobada por el Congreso de Aguascalientes en agosto de 2024 modificó los artículos 101, 102, 103 y 196 del código penal del estado, estableciendo que el aborto voluntario después de la sexta semana de gestación sería castigado con prisión de tres a seis meses, multas y reparación de daños. Además, derogó la exención de responsabilidad penal en casos de aborto culposo o cuando la gestación representara un riesgo grave para la vida de la mujer, requiriendo la participación de dos médicos especialistas para determinar si se trataba de un aborto espontáneo.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, por su parte, ha contextualizado la relevancia del tema al recordar que la jurisprudencia de la SCJN en materia de aborto tiene más de cinco años y abarca no solo el derecho a la ILE, sino también el acceso a servicios de salud y a métodos anticonceptivos como la pastilla del día después. Asimismo, ha advertido que varias entidades federativas no han armonizado su legislación con los criterios obligatorios del máximo tribunal, lo que ha generado desigualdades en el acceso al derecho reproductivo en el país.

 El debate en la SCJN promete ser acalorado, ya que el tema del aborto sigue siendo un asunto de gran controversia en México, con posturas enfrentadas entre quienes abogan por el derecho a decidir y quienes defienden la vida desde la concepción. La sentencia que se emita  tendrá implicaciones directas para las mujeres y personas gestantes de Aguascalientes y podría sentar un precedente para otras entidades que hayan realizado modificaciones regresivas a su legislación en materia de aborto.