Acciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza/Gerardo A. Herrera

Los grupos en condiciones de vulnerabilidad y que por otro lado son discriminados tienen mayor probabilidad de enfrentar detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza; nos referimos especialmente a las personas jóvenes y en situación de pobreza; hace unos meses me comentaban diversos grupos de trabajadores de la industria de la construcción, que permanentemente viven estas situaciones, sobre todo en fin de semana.

Dicha prácticas se basan en estigmas, prejuicios y estereotipos para determinar que ciertas personas “se ven sospechosas”, “están nerviosas”, “se encuentran bajo el efecto de alguna sustancia adictiva” o “se ve que andan en algo”, es decir, no podemos hacer prejuicios  sobre un comportamiento solo porque se presume puede ser considerado de anormal, cuestiones sobre estas realidades las señala la Encuesta Nacional de Discriminación 2005, 2010 y la ultima en 2017.

Por otro lado, nuestro marco jurídico y el diseño de política pública antidiscriminatoria, que es política de Estado, nos plantea que las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza motivadas por causas discriminatorias no se justifican en ningún caso, por lo que es importante seguir formando, informando y profesionalizando a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para que prevengan estas prácticas, observando el principio de legalidad, pero además, la aplicación del Código de Ética y demás instrumentos de atención de un servicio público son violencia, con enfoque de igualdad y derechos humanos y libertades, perspectiva de género, interculturalidad y cultura para la Paz:

1.- Reforzar el conocimiento del personal policiaco (operativos y mandos) respecto de la normativa, lineamientos o criterios sobre detenciones y uso de la fuerza alineados con estándares de derechos humanos, así como las responsabilidades que se tienen en materia de no discriminación principalmente observando que la discriminación es un delito agravado si lo comete un servidor público. 2.- Fortalecer y profesionalizar al personal  policiaco (operativos y mandos) para que actúen en el marco de la ley, y evitar la interpretación que permite dar sesgos discriminatorios que pudieran afectar sus actuaciones, en especial durante los actos de detención y traslado.

3.- Continuar trabajando de manera coordinada con organizaciones de la sociedad civil para diseñar protocolos específicos para prevenir la exclusión por género, raza, clase, sexualidad, dogma, edad, discapacidad, la apariencia física entre otras. 4.- Utilizar la comunicación social, a través de las redes sociales y otros medios de comunicación públicos y privados, para dar a conocer a la población los lineamientos o criterios sobre detenciones y uso de la fuerza, así como los canales donde pueden inconformarse si no se respetan.

5.- Adicionalmente, difundir el derecho de las personas a no ser discriminadas al interactuar con personal de seguridad pública, y adicionalmente presentar a la población los canales donde pueden interponer una queja o denuncia por posibles violaciones a los derechos humanos. 6.- Finalmente, hacer posible, garantizando los derechos de las víctimas a una investigación pronta y eficaz; a conocer la verdad de lo ocurrido; y a ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva las violaciones a sus derechos humanos, de conformidad con las leyes vigentes en materia de atención a víctimas.

De esta manera, se requiere continuar trabajando para  generar las condiciones de  profesionalización de los servidores públicos, pero también se requiere de promover o desarrollar la conciencia social, es decir, no es solo el contenido educativo, formativo, también el despertar la importancia de realizar acciones desde una perspectiva ética del servicio público.