¡No a las Minutas con la CNTE!/Horacio Erik Avilés Martínez

Mexicanos Primero Michoacán, A.C.

¡No a las Minutas con la CNTE!

Horacio Erik Avilés Martínez

Desde hace más de dos décadas, en Michoacán existe la costumbre de firmar minutas entre el Gobierno del Estado y la CNTE, con la finalidad de lograr acuerdos temporales de respaldo político mutuo, simulando paz y gobernabilidad artificiosas;  a cambio de ello, la mencionada organización sindical arrebata millones de pesos destinados a la educación de los michoacanos, así como el control de procesos y áreas enteras de la Secretaría de Educación en el Estado. Esta clase de medidas han resultado funestas para la calidad educativa estatal, así como para sus finanzas, siendo la principal razón del endeudamiento estatal que actualmente padecemos. Debido a que recibir recursos y canonjías no le genera responsabilidad alguna a la CNTE, pero en cambio a la autoridad sí, ésta siempre ha intentado que esta clase de componendas extralegales permanezcan en secrecía. En contrapunto, dada la necesidad de mantener movilizadas a sus huestes, las cúpulas sindicales se encargan de difundir cuanto antes y de la manera más detallada posible, los compromisos arrancados al gobierno del estado, a manera de botín. Por las razones citadas, desde hace dos décadas y hasta el día de hoy, la CNTE ha sido veraz cada ocasión que ha anunciado haber minutado con la autoridad.

Con los antecedentes mencionados y virtud de que, en días recientes, la Sección XVIII de la CNTE ha circulado un documento entre su militancia en el que se detalla la firma de una minuta entre el Gobierno del Estado a través de la SEE y el Comité Ejecutivo Seccional de la mencionada organización, es imperativo que la autoridad esclarezca públicamente la información mencionada; en su caso, desmintiendo categóricamente o si efectivamente se realizó tal acto de autoridad, presentando ante la sociedad michoacana las pruebas documentales, donde los michoacanos podamos conocer el nombre y cargo de quienes signaron una minuta, ya que el propio Ing. Silvano Aureoles Conejo, durante la campaña y después como gobernador constitucional se comprometió a no firmar minuta alguna durante su mandato, lo cual lamentablemente sí se ha realizado, como en el caso del subsistema CECyTEM durante 2016, en donde se contravienen disposiciones que estipula la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Sigue  presente en la memoria de los michoacanos el hecho de  que el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado, como candidato y después como mandatario electo firmó los 10 Compromisos por la Educación Michoacana con Inclusión y Calidad, impulsados por 126 organizaciones de la sociedad civil, los cuales no han recibido el mismo seguimiento que los pliegos petitorios de la CNTE. Cabe señalar que los compromisos signados con la ciudadanía son públicos y todos están estrictamente fundamentados y motivados en la legislación vigente en materia educativa.

Ahora, en cambio, a decir de la parte sindical, la autoridad entregó una respuesta por escrito al pliego de demandas de la Sección XVIII de la CNTE y minutó con ellos, a pesar de que varios asuntos específicos son crasamente ilegales o hacen uso faccioso del erario educativo, que se encuentra en estado deficitario.

Al respecto, la conclusión es contundente: el derecho a aprender de los niños y jóvenes no debe de estar por encima de la presión social ni de pactos políticos ante la coyuntura nacional. Comprometiendo recursos con la CNTE solamente se logrará garantizar que Michoacán continúe en los últimos lugares en los indicadores educativos y para los funcionarios que así lo permitan, sus acciones les aseguran también un lugar infamante en la historia educativa estatal.

Cabe hacer notar que el documento que circula ampliamente, menciona expresamente en su último párrafo mutuo acuerdo en relación a no hacer público el contenido del documento, ya que éste “representa un compromiso de acuerdo político”; lo cual exhibe la intención del Gobierno del Estado de obtener una contraprestación política, ya que los compromisos que contrae la CNTE, son irrisorios, ya que buscarán contribuir a las condiciones de “orden, paz y tranquilidad”, respetar los derechos de terceros, respetar las vías de comunicación, promover la migración de plazas estatales, lo cual les beneficia a quienes recibieron dichos recursos, ya que no se encuentran bajo las mismas reglas de las plazas federales, que para recibirse deben de sujetarse a lo estipulado en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

En resumen, en las cuatro cuartillas de la minuta, el Gobierno del Estado se compromete a treinta acciones, muchas de ellas verdaderas canonjías, mientras que la CNTE solamente a ocho. Estos compromisos se distribuyen en cinco ejes, a saber:

1. Para la atención a las necesidades de recursos humanos, infraestructura y programas sociales.
2. Programa de transformación educativa.
3. Fortalecimiento del desarrollo comunitario integral
4. Mejoramiento de la infraestructura educativa
5. Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

En cuanto a la atención a las necesidades de recursos humanos, infraestructura y programas sociales, cabe destacar que todo lo que se solicita al respecto, por parte de la CNTE, es obligación del Gobierno del Estado proveerlo, el cual solamente se compromete a gestionar ante la Federación, sin asumir a plenitud la responsabilidad que tiene de proveer todo lo anterior a la totalidad de los planteles educativos estatales, no solamente de gestionar.

Por otra parte, el Gobierno del Estado, se compromete a entregar recursos económicos a programas sociales para apoyar a la “economía familiar”, reconociendo la participación de la Sección XVIII de la CNTE, de “gente de la sociedad civil” y de “comités de transparencia”, pero sin apegarse a los criterios que deben de operarse ni existiendo reglas de operación, de lo cual ni siquiera se menciona.

Es sabido el abusivo uso clientelar que se les ha dado a este tipo de programas asistencialistas. No hay razón alguna que justifique la “distribución de manera conjunta” de apoyos solventados con recursos públicos, máxime que es conocido el interés “político sindical” de la CNTE. Este es un reconocimiento explícito de la autoridad al uso clientelar de la CNTE del dinero que con enormes sacrificios paga el pueblo michoacano mediante impuestos. Merece rechazo categórico que se permita la entrega condicionada de recursos públicos, claramente violatoria de la normatividad inherente a este tipo de programas.

En cuanto al compromiso mencionado sobre la realización de Congresos Estatales Populares de Educación y Cultura, su realización, ante los nulos resultados de las ediciones previas, no tiene justificación alguna. Son millones de pesos que año tras año se dedican a supuestamente construir un nuevo modelo educativo estatal alternativo por parte de los intelectuales orgánicos de la CNTE, pero que como se ha evidenciado, esto no se ha realizado aún, por lo que es insoslayable la necesidad de que se transparenten los recursos públicos que ha recibido la mencionada organización para tales efectos, para que, en caso de que no se compruebe su debida aplicación, se reintegre el recurso a las arcas estatales.

Resulta también absurdo que en la minuta la CNTE obtiene gestoría en materia agropecuaria, industrial y de vivienda. Lo cual no solamente contraviene la misión de su organización, sino que le otorga patente de corso para hacer uso clientelar de los recursos públicos para acrecentar su movimiento político-sindical, lo cual a un año del proceso electoral de 2018, resulta por lo menos sospechoso.

Asimismo, el Gobierno del Estado se comprometería a regularizar las anomalías en materia de recursos humanos, lo cual no necesariamente significa aplicar la ley, sino que puede significar que se estarán reconociendo y avalando ilegalidades o atropellos cometidos en el pasado. Hay que esclarecer al respecto cuál va a ser el mecanismo y procedimientos a realizarse para revisar caso por caso la actuación de la autoridad en torno a tan delicado tema.

Aunado a lo anterior, la autoridad se comprometería en esta minuta  a gestionar ante la Federación la posibilidad de continuar pagando mediante cheque a los militantes de la CNTE, lo cual contraviene las medidas para el control administrativo que se han impulsado a nivel federal.

La parte sindical menciona que existe aunado a este documento firmado, un desagregado en el que las cantidades se explicitan, por lo que esta minuta 2017 estaría ascendiendo a mil trescientos millones de pesos, cifra que la convertiría en el acuerdo más caro alcanzado por la CNTE con el Gobierno del Estado en su historia.

En suma, urge que la autoridad estatal desmienta o ratifique la veracidad de este documento, para el respectivo deslinde de responsabilidades en todo caso. Esta minuta resultaría infamante, ilegal y extralimitada en el ejercicio de la función pública, sea quien sea que la hubiese firmado. En caso de ser cierta, debe de anularse el documento por la autoridad superior, inmediatamente. En caso de ser falsa, se debe de reducir a su justa dimensión a quien pretende sorprender a la opinión pública y a la base magisterial. No es honesto lucrar políticamente con el patrimonio educativo de las generaciones más jóvenes, lo cual, en ambos casos ya sucedió, siendo cierta o falsa.

Más aún, si en caso extremo la autoridad no exhibe todos los documentos firmados con la CNTE ante la opinión pública como resultado de la sempiterna mesa de negociaciones, están sobre la mesa los treinta puntos de acuerdo a los que se compromete con la CNTE en el documento que circula. Los michoacanos verificaremos uno a uno, si efectivamente esta minuta se firmó o no, por más que ésta se encuentre guardada en una caja fuerte. Al tiempo.

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