Sin lugar a dudas, la Reforma Educativa vivirá su momento decisivo durante 2015 en la entidad. A más de dos años de su concepción, Michoacán no ha recibido mayor beneficio de ello, ya que toda suerte de obstáculos ha impedido su consolidación. Más aún, se ha orquestado desde la calle y los escritorios de funcionarios afines un movimiento de contrarreforma impulsado por quienes ven afectados sus intereses con la aplicación de medidas elementales de control, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el sistema educativo estatal. Esto mantiene en un impasse normativo a la entidad, que se aúna a una larga cadena de sucesos que dolorosamente sumen a nuestra entidad en los últimos lugares en múltiples indicadores de desarrollo humano.

Es importante resaltar que la reforma educativa no es meramente un tema administrativo ni laboral, como reduccionistamente arguyen sus opositores, sino que es un asunto del más alto valor estratégico en la toma de decisiones de vida para cinco millones de michoacanos. En el incremento de la efectividad de nuestro sistema educativo radica el futuro de las generaciones emergentes. Mientras tanto, a falta de oportunidades sostenibles de vida, más de un cuarto de millón de jóvenes han partido de la entidad durante la última década y el éxodo continuará mientras no haya mejores condiciones de vida para nuestros hijos.

Aunado a lo anterior, en 2015 Michoacán será protagonista de un proceso político intersexenal que tradicionalmente emite un veredicto social a la actuación de la administración federal. Debido a la creación y accionar de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, hay aún más en juego: la legitimidad y efectividad del Gobierno Federal, más comentadas que nunca dentro y fuera de México, serán calificadas por partida doble en las urnas estatales. La participación organizada de los actores educativos inevitablemente gravitará en el proceso electoral. Sin embargo, para que el futuro educativo de Michoacán se salve, es necesario que existan candidatos a gobernador que puedan comprobar a los electores que en caso de resultar favorecidos con el voto mayoritario, ellos no hipotecarán a los grupos fácticos y gremialistas el desarrollo educativo de las próximas generaciones. La historia reciente asegura lo contrario: gobernantes del ayer y del presente ceden espacios y recursos públicos ante la posibilidad de acceder y perpetuarse en el poder encaramándose a la estructura de los profesionales de la protesta, que se encuentran siempre asequibles al mejor postor. En actitud goethiana se firman minutas, se ceden áreas de la Secretaría de Educación, otorgan regidurías, presidencias municipales, diputaciones y el control de partidos políticos a quienes defenestran la educación de calidad de nuestros hijos. No debemos permitir que esto continúe ocurriendo. Merece nuestro castigo político todo aquel candidato que repita estas pésimas prácticas electoreras.

Paralelamente, las propuestas educativas deberán de ser prioritarias y claras dentro de las plataformas políticas respectivas, con indicadores de impacto debidamente definidos. No es bueno que el candidato que menos compromiso muestre con las demandas y necesidades de la sociedad sea el que se imponga en la contienda electoral, como ya ha ocurrido en el pasado. Los formuladores de slogans y discursos electorales deben de tener en mente que ya no se puede seguir engañando a los michoacanos, que por encima de un conductista esfuerzo de persuasión al elector debe prevalecer la convicción de que solamente podremos construir desarrollo local endógeno a través del empoderamiento y activación de liderazgos locales y esto solamente se logra con mejor educación, ya que hay talento y creatividad en la entidad, que se dilapida mucho más dolorosamente que la fruta de temporada que suele pudrirse por toneladas en las plantaciones michoacanas por falta de mercado: es más lacerante saber que los otrora niños superdotados abandonan el estado para subemplearse, en interminable río humano.

Resulta sumamente escarnecedor conocer los articulados esfuerzos contraculturales de los criminales por vender senderos equivocados de vida y seducir conciencias juveniles, que en su ingenuidad e ignorancia son moldeadas como cera blanda por los cárteles. Si hubiera una mejor educación, que les permitiera elegir un camino bueno, digno y sustentable de vida, los delincuentes se marcharían de la entidad al no encontrar presa en sus anzuelos. Sin embargo, tanto los productos políticos de ínfima ralea como los malhechores se valen exactamente de lo mismo: de la ignorancia producto de la mala educación de los michoacanos, quienes son materia dispuesta para sus intenciones de desecar e incendiar la entidad, respectivamente. Por ello, ya no se puede medrar ni ser timorato con la toma de decisiones, no se puede procrastinar más el futuro de los michoacanos.

Esperemos la sociedad michoacana demuestre cultura cívica y castigue contundentemente en las urnas a aquellos candidatos que pacten ignominiosamente con quienes han detenido por décadas el avance de la educación. Es cardinal lograr una mejor educación para Michoacán: desde las aulas y desde las urnas, desde el gobierno y desde la sociedad civil. De todos los aspirantes a servirnos a los michoacanos debemos saber quiénes irán por reivindicar y educar a los analfabetas, quiénes realmente incluirán en el desarrollo de la entidad a los no graduados, a los sin escuela.

En 2015 debemos contar con funcionarios que piensen en las próximas generaciones, que implementen la reforma educativa, incluso so pena de ver temporalmente minadas sus aspiraciones políticas y tomen las decisiones responsables de apuntalar el sistema educativo michoacano.

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