Acusan simulación en autogobierno de Opopeo; disputa es por 28 mdp

MORELIA, Mich., 12 de enero de 2026.- Comuneros de distintas localidades de la tenencia de Opopeo, en el municipio de Salvador Escalante, denunciaron una serie de irregularidades en el proceso que impulsa el autogobierno indígena en esa región y advirtieron el riesgo de una posible asignación y manejo discrecional de alrededor de 28 millones de pesos anuales de recursos públicos.

En rueda de prensa, integrantes del Comité de Comunidades Unidas que rechazan el autogobierno, entre ellos Pedro Pamatz, señalaron que el proceso se ha desarrollado desde antes de octubre sin apego a los procedimientos legales, particularmente en lo relativo a la convocatoria y realización de consultas comunitarias.

Afirmaron que no se respetó el principio de información previa, libre y adecuada, y que varias comunidades fueron incorporadas sin haber sido consultadas formalmente.

Los comuneros expusieron que localidades como El Querendal, Turirán, La Puerta, Casas Blancas y San Gregorio no participaron de manera válida en ninguna asamblea decisoria y, pese a ello, fueron consideradas dentro del proyecto de autogobierno.

Indicaron que, en algunos casos, sólo se informó de manera parcial a los habitantes y no se alcanzó ni siquiera la mitad de asistencia requerida para tomar acuerdos colectivos, lo que, aun así, no frenó el avance del proceso.

María García, integrante de la comunidad de El Querendal, expuso que su localidad no fue consultada y que, aun sin mayoría ni información suficiente, fue incorporada al proceso, situación que, afirmó, se repitió en varias comunidades que hoy se oponen al autogobierno.

También cuestionaron la legitimidad de los resultados difundidos por quienes encabezan el proyecto, al considerar incongruentes las cifras de participación y votación dadas a conocer públicamente.

Señalaron que los números no corresponden con la población real de las comunidades que manifiestan un rechazo mayoritario al autogobierno y que, en algunos casos, dichas comunidades concentran por sí solas más habitantes de los que se reconocen oficialmente como votos en contra.

En ese contexto, Gustavo Oros, de la comunidad de La Puerta, responsabilizó al Instituto Electoral de Michoacán de haber diseñado reglas de consulta junto con un grupo que, afirmó, no cuenta con el respaldo comunitario para ostentarse como consejo representativo de Opopeo.

Sostuvieron que, desde mayo, se realizaron actos públicos que habrían sido utilizados como supuestas consultas, sin cumplir criterios mínimos de validez, y que incluso se recabaron firmas de encargados del orden sin preguntar a las comunidades si deseaban transitar al autogobierno.

Los inconformes reconocieron que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha dejado abierta la posibilidad de que las comunidades puedan deslindarse del proceso, lo que consideran un elemento clave para continuar la defensa de su postura.

Anunciaron que insistirán en una nueva consulta, ahora bajo protocolos formales y por comunidad, y que acudirán a todas las instancias necesarias para hacer valer su derecho a no participar.

Uno de los ejes centrales de la crítica fue el manejo de los recursos públicos. Los comuneros advirtieron que el autogobierno implicaría la administración directa de alrededor de 28 millones de pesos anuales, lo que, a su juicio, representa un alto riesgo legal, administrativo y político, dadas las condiciones en que se ha gestado el proceso y los perfiles de quienes lo encabezan.

Señalaron que no permitirán que dichos recursos sean liberados mientras existan impugnaciones y falta de claridad sobre la legalidad y la representación real de las comunidades.

Además, alertaron sobre un clima de tensión creciente, que incluye amenazas directas y presiones contra quienes se oponen al autogobierno, lo que, dijeron, refuerza la necesidad de mantener la institucionalidad municipal y los canales formales de rendición de cuentas.

En su posicionamiento, insistieron en que no se oponen al autogobierno como figura jurídica en abstracto, sino a su imposición sin consenso, la exclusión de comunidades y el riesgo de retrocesos en gobernabilidad y control del gasto público.

Finalmente, hicieron un llamado al gobierno estatal para que revise a fondo el caso de Opopeo y de otras comunidades que, aseguraron, enfrentan problemáticas similares, y para que garantice que cualquier decisión en materia de autogobierno se tome con pleno respeto a la ley, a los derechos de las comunidades y a la transparencia en el uso de los recursos públicos.