Registran exigencias de hasta 3 mdp en casos de extorsión en Michoacán

MORELIA, Mich., 13 de octubre de 2026.- Huertas de aguacate, empresas y relaciones laborales aparecen en ocho expedientes judiciales relacionados con presuntos actos de extorsión en Michoacán. Las resoluciones describen exigencias de dinero bajo amenazas, cobros periódicos por hectárea, presuntas deudas empresariales y conflictos que escalaron después de la terminación de una relación laboral.

De acuerdo con la información de sentencias y apelaciones públicas del Poder Judicial, la actividad agrícola destaca entre los objetivos de la delincuencia organizada, y no tan organizada. También algunos oportunistas. 

La información recabada por la Fiscalía General del Estado y analizada por el órgano jurisdiccional revela que algunos empresarios del agro viven el acecho de cobros de hasta 5 mil pesos anuales por hectárea.  La exigencia económica consistía en cinco mil pesos anuales por cada hectárea; bajo amenazas por la posesión de predios y exigencias económicas de hasta tres millones de pesos.

Uno de los casos, registrado bajo la toca XI-192/2026, describe el cobro de cuotas a productores de una localidad de Uruapan. La víctima trabajaba en una huerta propiedad de su madre y entregó cinco mil pesos como parte de la exigencia. 

Inicialmente, la representación social logró la vinculación a proceso, pero en segunda instancia fue revocada. El tribunal consideró insuficientes los datos para sostener su probable intervención en los hechos atribuidos, quedando la víctima en el limbo. Sin recuperar su dinero y en riesgo tras señalar a su agresor. 

El segundo expediente, XI-178/2026, tuvo un desenlace distinto. La apelación de la defensa no prosperó y se confirmó la sentencia condenatoria de 18 años de prisión contra el acusado por extorsión agravada, en detrimento de dos víctimas. Según la información presentada al Tribunal de Alzada, el sentenciado exigió a un empresario la módica cantidad de tres millones de pesos o la devolución de huertas de aguacate.

Las empresas y los vínculos laborales conforman otro grupo de asuntos. En la causa penal 169/2026, un trabajador de una empresa en Uruapan recibió exigencias de dinero por una supuesta deuda de más de 10.5 millones de pesos atribuida al anterior propietario. El relato judicial refiere transferencias por 550 mil pesos y un operativo con un pago simulado. La apelación confirmó la vinculación a proceso de dos imputados.

En otro expediente, la causa penal 398/2026, la exigencia de 384 mil 692 pesos comenzó después de que concluyó una relación laboral. Según la imputación, el antiguo empleador atribuyó a su exempleado malos manejos de dinero y después le exigió el pago bajo amenazas. 

La muestra analizada, de ocho expedientes publicados este 2026, también incluye a empleados de una empresa que recibieron exigencias económicas y amenazas contra ellos, sus familiares y el negocio, así como a una persona que operaba un establecimiento comercial en Jiquilpan y denunció amenazas relacionadas con la difusión de imágenes íntimas.

Los expedientes muestran que las exigencias económicas descritas en las investigaciones no responden a un solo mecanismo: abarcan cuotas vinculadas con la producción agrícola, presuntas deudas empresariales, disputas laborales y amenazas sobre la vida privada. Es decir, puede ser cualquiera y no siempre se trata del crimen organizado. 

La coincidencia entre los casos permite identificar a productores de aguacate y personas vinculadas con empresas entre las víctimas de los hechos investigados. No obstante, las ocho referencias judiciales constituyen una muestra, no un registro estadístico de la incidencia del delito ni una medida que permita establecer qué sector económico concentra más víctimas.

La documentación permite reconstruir las modalidades denunciadas, pero no atribuye todos los hechos a un mismo grupo delictivo ni establece una relación entre los expedientes.