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MORELIA, Mich., 22 de enero de 2026.- La detención de El Botox, presunto líder criminal señalado por el asesinato del líder citrícola Bernardo Bravo Manríquez, representa un avance relevante, pero no significa que se haya alcanzado justicia, advirtió su viuda, Amelí Gissel Navarro Lepe, quien subrayó que se trata apenas de un paso dentro de un proceso que aún no concluye.
En rueda de prensa, convocada por Navarro Lepe la tarde de este jueves en un café de la capital michoacana, entre lágrimas reconoció la actuación de las autoridades en los acontecimientos de este día, pero insistió en que una detención no agota la búsqueda de justicia.
En varios momentos, y por primera vez desde el asesinato, se le observó quebrarse en llanto ante las cámaras de los medios de comunicación.
En su mensaje, pidió que el caso sea analizado desde la dimensión completa de la actividad que desempeñaba su esposo, más allá de su perfil como productor agrícola, como defensor de derechos. Como es de dominio público, Bernardo Bravo denunció en reiteradas ocasiones las extorsiones que padecían los productores de limón.
“Bernardo Bravo Manríquez fue un líder agrícola y un ciudadano profundamente comprometido con su comunidad”, afirmó, al tiempo que subrayó que su labor no se limitaba a causas inmediatas, sino que buscaba incidir de manera estructural en la vida del campo y de la región.
“Bernardo fue un defensor de derechos, de derechos económicos, sociales, de las personas, del campo y de la justicia social”, expresó, al destacar que su activismo se ejercía desde la sociedad civil, sin cargo público ni remuneración.
“Lo hizo desde la sociedad civil, con la plena convicción de que las causas justas se defienden con dignidad”, añadió.
Navarro Lepe, quien además es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, sostuvo que el contexto del Valle de Apatzingán representó un factor de riesgo agravado para la actividad que desarrollaba su esposo.
Enfatizó que “defender y exigir derechos desde la sociedad civil no debe ser un riesgo para las personas”, al recordar que el Estado mexicano tiene el deber constitucional y convencional de proteger a quienes defienden derechos.
La viuda del dirigente citrícola reconoció la atención y directriz de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como el trabajo coordinado de las autoridades federales y estatales que derivó en las detenciones.
Agradeció la labor de las instituciones y afirmó respetar plenamente su actuación, al tiempo que subrayó que ese avance no equivale a justicia plena.
“Es un paso porque la justicia aún no la hemos alcanzado; confío e insto al seguimiento de las acciones correspondientes con la debida diligencia que el caso amerita para poder obtener esa justicia integral”, sostuvo, y añadió que permanecerá atenta a las etapas subsecuentes del proceso.
Navarro Lepe explicó que, por tratarse de un defensor de derechos, el caso exige un enfoque de diligencia reforzada, con valoración del contexto y de la actividad que desarrollaba Bravo Manríquez.
“Bernardo exigía derechos, pero era la voz de muchas personas”, señaló, al precisar que no defendía solo derechos individuales, sino los de un gremio y de un sector económico del que depende una región entera.
Al ser cuestionada sobre posibles móviles, evitó descartar líneas de investigación y pidió que se tome plenamente en cuenta la naturaleza del activismo social de su esposo, al considerar que su labor estaba vinculada con la estabilidad, la paz y la tranquilidad social de la región de Apatzingán.
Finalmente, afirmó que continuará exigiendo justicia integral para Bernardo Bravo.
“La justicia debe ser integral”, dijo, al referirse al derecho a la verdad, a la memoria, a las garantías de no repetición y a la adopción de medidas estructurales, y dejó claro que, pese a la detención, la justicia para su esposo sigue pendiente.




