Equipara GobMich protesta por Manzo con delincuencia organizada

MORELIA, Mich., 11 de agosto de 2026.- El Gobierno de Michoacán planteó que Raúl N actuó junto con otros manifestantes bajo un “plan común” y una “división de funciones” durante las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y recurrió en su argumentación a criterios utilizados para explicar fenómenos como la delincuencia organizada.

El señalamiento forma parte de la acusación por sabotaje contra Raúl N, por los hechos registrados el 3 de noviembre de 2025 en Palacio de Gobierno. El Ejecutivo estatal se sumó formalmente a la acusación de la Fiscalía y pidió una pena de 12 años de prisión, además del pago de un millón 370 mil pesos por reparación del daño.

El punto central del argumento del Gobierno es que no tendría que demostrarse que Raúl N causó personalmente cada uno de los destrozos para atribuirle responsabilidad. Su planteamiento es que una persona puede responder por un delito cometido en grupo cuando participa conscientemente en una acción común y cumple una función que contribuye a realizarla.

Para explicar esta postura, la representación jurídica estatal menciona casos de delincuencia organizada, terrorismo, grupos armados, linchamientos, saqueos, disturbios colectivos y sabotaje, como ejemplos en los que distintas personas pueden desempeñar diferentes funciones para alcanzar un mismo resultado.

Los abogados de Raúl N rechazaron este razonamiento. En un comunicado sostuvieron que el Gobierno pretende atribuir a los participantes de aquella protesta una actuación deliberada y organizada, al grado de referirse a “una empresa criminal común encaminada a producir múltiples daños”.

Para la defensa, con esta argumentación se está equiparando la protesta por el asesinato de Carlos Manzo con formas de actuación propias de la delincuencia organizada y se criminaliza el ejercicio del derecho a manifestarse.

También cuestionó la sanción solicitada. Según los abogados, los 12 años de cárcel corresponden a la pena máxima prevista para el delito de sabotaje y el Gobierno reclama un millón 370 mil pesos pese a que, aseguran, no se ha acreditado que Raúl N haya causado directamente alguno de los daños.

En entrevista con Quadratín, este martes, Carlos Escobedo Suárez, representante jurídico del imputado, explicó que la investigación ya concluyó y que para el próximo 3 de septiembre está prevista la audiencia en la que el juez Gerardo Nava Mejía deberá decidir cuáles pruebas podrán utilizarse en un eventual juicio.

El proceso, sin embargo, se encuentra suspendido debido a un amparo promovido por la defensa, cuya negativa inicial está siendo revisada por un Tribunal Colegiado.

“El proceso penal está suspendido, no se puede abrir a juicio gracias al amparo que promovimos”, explicó Escobedo Suárez.

La resolución federal será determinante. Si el amparo no prospera, Raúl N podrá enfrentar juicio por sabotaje; si el Tribunal Colegiado revoca la decisión que negó la protección federal, explicó el abogado, “podría quedar sin efectos la vinculación a proceso de Raúl y ahí podría terminar el proceso penal”.

La acusación contra Raúl N es por sabotaje, no por delincuencia organizada. La controversia radica en que el Gobierno utiliza esta última como uno de los ejemplos para explicar jurídicamente cómo puede atribuirse responsabilidad por delitos cometidos colectivamente, mientras la defensa considera que con ello se equipara la protesta por Carlos Manzo con ese tipo de criminalidad.