Extorsión frena llegada de inversiones en Michoacán, advierte Canacintra

MORELIA, Mich., 7 de octubre de 2026.- La estrategia contra la extorsión en Michoacán llega a su primer año con una ley general emitida para prevenir, investigar y sancionar ese delito, con operativos que colocaron a la entidad entre las tres con más detenciones en el país, según reportes periodísticos, y con un balance judicial de nueve casos concluidos en sentencia condenatoria entre el 15 de septiembre de 2025 y junio de 2026, de acuerdo con el informe anual del Poder Judicial del Estado.

En ese mismo lapso, la Fiscalía General del Estado abrió 323 carpetas de investigación por extorsión de enero a septiembre, cifra superior a los registros anuales previos: 295 en 2024 y 287 en 2025. 

Michoacán fue el punto de partida de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. La Tierra Caliente fue el punto de partida. 

Suman 180 personas detenidas desde el 6 de julio. 

#Economía | La extorsión frena la llegada de inversiones a Michoacán, advirtió Canacintra Morelia, que señaló falta de coordinación, presupuesto y seguimiento a las denuncias como retos pendientes para fortalecer la seguridad. 🚨💼

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— Quadratín Michoacán (@Quadratin_) October 8, 2026

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reporta acciones de la estrategia estatal en la zona aguacatera y un esquema de prevención y atención a víctimas. En la entidad, ese delito aparece ligado al control territorial y al cobro de piso.

Frente a ese escenario, el presidente de Canacintra Morelia, Aramis Sosa Cedeño, planteó que la extorsión opera como un factor que desalienta la llegada de capitales. 

“Todo esto relacionado con el tema de la extorsión no ayuda a tratar de promover que vengan inversionistas al estado”, afirmó.

Sobre la estrategia, reconoció avances y señaló un problema de articulación. 

“Creo que sí hay cosas pendientes. A pesar de que se han hecho algunos esfuerzos, a veces quedan un poco sobrepasados cuando probablemente no hay una coordinación entre municipios y estado”.

La cámara participa en las mesas de seguridad, ciudadanía y justicia. De ahí extrajo su lectura sobre la voluntad de las autoridades y sobre lo que falta.

“Creo que hay voluntad para que se mejoren las cosas. Pero no solamente se requiere voluntad; se requiere también coordinación, presupuesto y gestiones económicas para fortalecer todo lo relacionado con los policías”.

Una ley con denuncia, sin seguimiento

La ley permite denunciar, pero mantiene la ratificación de la denuncia por parte de la víctima. La pregunta que se le formuló situó el problema en ese punto y en el desenlace de los expedientes. La respuesta del dirigente no abordó la ratificación y se concentró en la ruta posterior a la denuncia.

“Yo creo que ahí es importante buscar mecanismos porque, a veces, sí ayuda que existan denuncias, pero si no hay esquemas que permitan acelerar el seguimiento de las mismas, pues se quedan paradas, como lo estás diciendo”, expuso.

Sosa Cedeño llevó el análisis al efecto que ese rezago produce en la decisión de denunciar. 

“Las carpetas, pues sí, está muy bien que existan, pero si no hay seguimiento, desmotiva a la gente y dice: ‘¿Para qué voy y denuncio? De todas maneras, de mil solamente a una le dan seguimiento’”. Y agregó: “Es un gran reto que hay que afrontar y, bueno, sin lugar a dudas, estaremos ahí presentes en este tema”. La cámara programó una reunión para la semana siguiente con el propósito de definir el acercamiento con la autoridad.

Sin reportes formales, con reconocimiento del delito

Sobre los cierres de empresas por causas de seguridad, el presidente de Canacintra Morelia afirmó que su organización no los tiene registrados. 

“Nosotros, al menos, no tenemos formalmente ninguna notificación que haya llegado por parte de un afiliado sobre algún cierre. Más te puedo decir, con toda certeza, que ninguno de los afiliados que tenemos me ha hecho ningún posicionamiento formal de que haya sido extorsionado”.

De inmediato acotó el alcance de ese dato. 

“Eso no quiere decir que no reconozcamos como sector que existe la extorsión. Pero nosotros, como afiliados, creo que damos esa certeza a nuestros afiliados y la verdad es que no hemos tenido ningún reporte”. Y repitió la reserva: “Eso no quiere decir que no exista”.

Los dos casos mencionados en la entrevista, Bachoco y Sabropollo, no pertenecen al padrón.

“Ninguna de esas dos está afiliada con nosotros, pero estamos en el sector y, por supuesto, nos comunicamos entre nosotros”, indicó. Sobre ambos sostuvo la misma versión pública: “se suspendieron por temas de seguridad, pero realmente no hay un cierre. No hay un cierre y eso creo que es importante”.

La respuesta gremial: capacitación y vinculación

Frente a ese escenario, el dirigente describió la función que asumió la organización con sus agremiados. 

“Nosotros tenemos una misión como cámara, que es precisamente generarles confianza a nuestros afiliados, de que ante cualquier tema de seguridad se puedan acercar directamente con nosotros y nosotros vincularlos directamente”, indicó. 

En el año, la cámara recibió capacitación de la Secretaría de Seguridad Pública. El efecto, según su relato: “les generó muchísima confianza a nuestros afiliados, porque ven que cuando requieren algo se los vamos a dar”.

A la par, la organización firmó convenios con otros municipios. “También hemos salido a otros municipios a hacer convenios de colaboración con el ánimo de desarrollar la parte económica. Lo hicimos en Cuitzeo para ver el tema de las lentejas; estuvimos también en Queréndaro”. El ofrecimiento que traslada a los agremiados es el mismo: “Que se acerquen con nosotros para generarles confianza y que, por lo menos, el acercamiento con las autoridades se los podemos dar”.

El costo económico, sin medición estatal

Sobre el impacto económico de la extorsión, el dirigente advirtió sobre los límites de cualquier cálculo. “primero, es complicado sacar un dato exacto porque las empresas no lo comparten. Segundo, el impacto puede variar muchísimo, dependiendo de la mercancía que muevas y las rutas que tengas. No es lo mismo llevar un producto de aquí a un municipio que de aquí a Monterrey”.

El único dato que citó pertenece a un cálculo nacional. “hay datos que saca incluso la propia Concanaco, donde establece que, más o menos, a nivel nacional, puede afectar entre 150 mil y 350 mil millones de pesos al año en temas de extorsión”. No aportó desagregado estatal ni municipal.