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MORELIA, Mich., 15 de noviembre de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) enfrenta una encrucijada jurídica por la renovación de su Rectoría: mientras el Congreso del Estado restituyó temporalmente a la Comisión de Rectoría como órgano de designación, el Consejo Universitario aprobó un procedimiento propio de elección, controversia que coloca frente a frente dos principios constitucionales: la jerarquía de las normas y la autonomía universitaria.
Y es que, mientras el abogado general de la institución, Octavio Díaz Barriga Arreola, sostiene que la reforma legislativa vulnera la facultad de autogobierno reconocida constitucionalmente a la UMSNH, consultado por Quadratín, el constitucionalista Gumesindo García Morelos considera que el Consejo Universitario no puede emitir reglamentos ni acuerdos contrarios a una ley vigente. Ambas interpretaciones abren un conflicto cuya resolución podría quedar en manos de los tribunales federales.
La controversia adquirió una nueva dimensión el viernes 13 de noviembre, cuando el Consejo Universitario aprobó la convocatoria para renovar la Rectoría mediante una Comisión Especial, con una jornada de auscultación prevista para el 25 de noviembre y la designación programada para el primero de diciembre.
Con ello, la institución modificó el acuerdo del 2 de noviembre que inicialmente difería la elección hasta 2027, pero mantuvo un mecanismo distinto al establecido por el Congreso para designar a quien encabezará la Universidad durante el periodo 2027 a 2031.
El origen jurídico del conflicto se encuentra en la Ley Orgánica de 2025, que estableció un nuevo modelo de elección universitaria y otorgó un plazo de 190 días hábiles para realizar las adecuaciones reglamentarias, orgánicas y administrativas correspondientes.
Sin embargo, el reglamento para elegir Rectoría fue aprobado hasta el 2 de noviembre de 2026, después de vencido el plazo legal.
Para Díaz Barriga Arreola, ese incumplimiento no otorgaba al Congreso atribuciones para sustituir el procedimiento de elección previsto en la legislación universitaria. García Morelos, por su parte, considera que la omisión generó una situación extraordinaria de incertidumbre institucional que justificó la intervención legislativa.
La autonomía frente a la jerarquía de las leyes
En entrevista con Quadratín, García Morelos explicó que la jurisprudencia 2a./J. 29/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica que rigen la facultad reglamentaria.
Aunque ese criterio se refiere expresamente a la potestad reglamentaria del Ejecutivo federal, el constitucionalista invocó el principio de subordinación normativa para sostener que los acuerdos del Consejo Universitario deben ajustarse a las disposiciones legislativas vigentes.
"La ley está por encima de los reglamentos y esto no es una cuestión discutible", afirmó.
La Universidad, en cambio, fundamenta su defensa en el artículo 3, fracción VII, de la Constitución federal, el artículo 143 de la Constitución de Michoacán y la Ley General de Educación Superior, que reconocen a laa instituciones autónomas la facultad de gobernarse a sí mismas.
Particularmente relevante resulta el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, que establece garantías para la modificación de las leyes orgánicas universitarias, incluida la consulta previa, libre e informada a la comunidad y a los órganos de gobierno competentes, así como una respuesta explícita del máximo órgano colegiado.
Desde esta perspectiva, la discusión jurídica no se agota en determinar si un reglamento puede contradecir una ley, sino que también exige establecer si el Congreso respetó los límites constitucionales al modificar el mecanismo de designación de autoridades universitarias.
En otras palabras, la validez de los acuerdos del Consejo Universitario depende de su conformidad con el orden jurídico, pero la validez de la reforma legislativa también está sujeta a la Constitución y a las garantías específicas de la autonomía.
Otro punto de controversia es el transitorio del reglamento aprobado el 2 de noviembre, que originalmente aplazaba la elección hasta 2027.
García Morelos sostuvo que esa disposición implicaba suspender temporalmente derechos de participación ubniversitaria e invocó los artículos 29 y 35 constitucionales, así como el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, parece pertinente plantear una interrogante jurídica: ¿el diferimiento de una elección universitaria equivale a una suspensión de derechos en los términos del artículo 29 constitucional? Asimismo, ¿cuál es el alcance de los derechos de participación en los procesos internos de una universidad autónoma y cómo se relacionan con los derechos político electorales reconocidos constitucionalmente? Son cuestiones cuya interpretación también podría formar parte del examen jurisdiccional de la controversia.
Además, el acuerdo del 13 de noviembre modificó aquella disposición, por lo que no queda claro si el cuestionamiento al aplazamiento debería examinarse a la luz del nuevo procedimiento aprobado.
El precedente de Nayarit y sus alcances
La defensa universitaria encuentra otro argumento en el amparo en revisión 267/2026, resuelto por la Suprema Corte el 28 de octubre, relacionado con la Universidad Autónoma de Nayarit.
En ese asunto, el máximo tribunal concedió protección constitucional frente a disposiciones que permitían la intervención de una autoridad externa en un órgano relacionado con la elección de Rectoría y regulaban aspectos de la organización universitaria.
García Morelos consideró que el precedente no puede trasladarse automáticamente a Michoacán porque las circunstancias jurídicas son diferentes.
En Nayarit se examinó la intervención de una persona designada por el Congreso en un órgano universitario, mientras que en Michoacán la reforma restituyó temporalmente una comisión integrada por miembros vinculados a la propia institución.
Sin embargo, el precedente resulta relevante porque aborda los límites de la intervención legislativa en el autogobierno y en los procedimientos de elección de autoridades universitarias. Su aplicación al caso michoacano dependerá del alcance de la sentencia y de las diferencias normativas entre ambos asuntos.
Los tribunales, ante dos procedimientos de sucesión
La coexistencia de mecanismos distintos plantea una interrogante sobre la certeza jurídica del relevo institucional, aunque ninguno de los dos procedimientos puede considerarse definitivamente invalidado por el solo hecho de existir una controversia.
El Congreso estableció que la designación correspondiente a 2027 se realice, por única ocasión, mediante una Comisión de Rectoría integrada por cinco exrectores, un director decano, un profesor decano en activo y un estudiante consejero universitario.
El Consejo Universitario, por su parte, mantiene el procedimiento aprobado el 13 de noviembre, mientras la Universidad sostiene su impugnación contra la reforma legislativa.
Díaz Barriga Arreola ha informado sobre las acciones legales promovidas por la institución y las dificultades procesales que enfrentó uno de los amparos por cuestiones relacionadas con la firma electrónica.
García Morelos prevé que la controversia termine por resolverse mediante juicios de amparo, en los que los juzgados de Distrito podrán examinar tanto los actos universitarios como la constitucionalidad de las disposiciones reclamadas.
"Los juzgados de distrito sí pueden ordenar la suspensión de los efectos y consecuencias de un reglamento, de una convocatoria", explicó.
No obstante, la concesión de medidas cautelares no es automática. Los órganos jurisdiccionales deben valorar los requisitos de la Ley de Amparo, el interés social, el orden público y las circunstancias del caso, sin que una eventual suspensión implique necesariamente resolver el fondo del litigio.
Tampoco existe, con la información pública disponible, una sentencia definitiva que establezca cuál de los procedimientos debe prevalecer.
Para García Morelos, el conflicto pone de manifiesto que la autonomía universitaria no constituye una excepción al cumplimiento de la Constitución y de las leyes válidamente expedidas.
"La autonomía no significa que se cree una ínsula de gobierno", sostuvo, aunque reconoció que esta garantía comprende mucho más que la sucesión rectoral, pues protege también las libertades de cátedra, investigación, expresión y discusión de las ideas.
La postura institucional de la Universidad parte precisamente de esa garantía de autogobierno para cuestionar que una reforma legislativa pueda modificar el procedimiento de renovación de sus autoridades.
El problema jurídico de fondo no consiste únicamente en determinar quién designará a la próxima persona titular de la Rectoría, sino en establecer hasta dónde llegan las facultades del Congreso para intervenir en la organización de una universidad autónoma y cuáles son los límites de las decisiones de sus propios órganos de gobierno.
Mientras esas interrogantes no sean resueltas por las instancias jurisdiccionales competentes, la Universidad Michoacana permanecerá ante dos procedimientos de sucesión cuya validez definitiva está sujeta al examen del orden constitucional.