Michoacán: alertan que nueva Ley de Pensiones perjudicará a jubilados

MORELIA, Mich., 15 de noviembre de 2026.- La eventual creación de una Ley General de Pensiones en México podría traducirse en nuevos recortes a los derechos de los trabajadores y jubilados, al privilegiar mecanismos de ahorro individual sobre los sistemas solidarios de retiro, advirtió Martín Rodríguez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el foro En Defensa de los Sistemas de Pensiones Solidarios, el especialista cuestionó los alcances de la propuesta planteada recientemente por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, que busca establecer un marco nacional para homologar los distintos regímenes pensionarios del país.

El problema, sostuvo, radica en que las reformas implementadas durante las últimas décadas han significado mayores exigencias para acceder a la jubilación, incrementos en las aportaciones de los trabajadores y reducciones en los beneficios económicos.

"El problema es que siempre nos han estado homologando a la baja", sentenció al advertir sobre las implicaciones que podría tener una legislación de alcance nacional.

Explicó que la propuesta pretende busca integrar los sistemas de pensiones federales, estatales y municipales, actualmente sujetos a disposiciones diferentes, mediante mecanismos que permitan reconocer derechos adquiridos en distintas instituciones.

Sin embargo, consideró que la orientación de esta eventual reforma apunta hacia un modelo mixto que mantendría las cuentas individuales como uno de sus principales instrumentos de financiamiento, en detrimento de los esquemas solidarios.

Reformas de todos los partidos han reducido derechos

Rodríguez señaló que las modificaciones a los sistemas pensionarios no han sido exclusivas de una corriente política, pues gobiernos del PRI, PAN, PRD y, más recientemente, de la llamada Cuarta Transformación han impulsado cambios en las condiciones de jubilación.

Entre las medidas aplicadas en distintas entidades mencionó el incremento de la edad de retiro hasta los 65 años, mayores periodos de cotización, aumentos en las aportaciones salariales y recortes a prestaciones como las compensaciones anuales.

Expuso que algunas reformas también han modificado las tasas de reemplazo, es decir, el porcentaje del último salario que recibe un trabajador cuando se jubila, lo que puede representar una disminución considerable de sus ingresos.

Como ejemplo, explicó que una tasa de reemplazo del 50 por ciento implicaría que una persona que percibía 20 mil pesos mensuales durante su vida laboral recibiera solamente 10 mil pesos de pensión.

El académico cuestionó que, frente a los problemas financieros de los sistemas pensionarios, las soluciones se concentren en modificar las condiciones de retiro de los trabajadores, en lugar de explorar alternativas fiscales que permitan ampliar los recursos disponibles.

Michoacán, ante el riesgo de la crisis pensionaria

En el caso de Michoacán, Rodríguez vinculó la discusión nacional con las condiciones financieras de Pensiones Civiles del Estado, al señalar que numerosos regímenes estatales enfrentan problemas de financiamiento y obligaciones crecientes con sus jubilados.

Incluso planteó la posibilidad de que instituciones pensionarias recurran a la desincorporación de bienes patrimoniales para obtener recursos, como ha ocurrido, según expuso, en otros sistemas de seguridad social.

Consideró que una Ley General de Pensiones buscaría evitar el colapso financiero de estos organismos mediante mecanismos de planeación y auditorías actuariales, pero advirtió que ello no garantiza que se preserven los derechos actualmente reconocidos.

Otro de los problemas identificados es la portabilidad de derechos, particularmente para quienes han cotizado durante su trayectoria laboral en instituciones diferentes, como el IMSS, ISSSTE o Pensiones Civiles de Michoacán.

Respecto de la viabilidad política de la iniciativa, puso en duda que una transformación de semejante magnitud pueda concretarse durante un periodo marcado por la proximidad de los procesos electorales de 2027.

Finalmente, sostuvo que cualquier modificación al sistema pensionario debe examinarse desde sus consecuencias para los trabajadores, especialmente ante el riesgo de que la búsqueda de equilibrio financiero termine por reducir nuevamente las condiciones económicas de quienes llegan a la jubilación.