Serán permanentes actos de fiscalización para evitar defraudaciones

MORELIA, Mich., 9 de agosto de 2019.- El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Michoacán advirtió que a partir de este segundo semestre del año la autoridad fiscal federal tendrá actos de fiscalización permanentes sobre las empresas para incrementar la recaudación de impuestos y evitar la defraudación.

El tesorero de este organismo, Alberto Guzmán Díaz, indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hará uso en mayor escala de las auditorías electrónicas para conocer en tiempo real quién obtiene ingresos, cuánto gasta y cuáles son las utilidades para determinar el pago de impuestos.

“Este primer trimestre 2019, el SAT informó que recaudó un 30 por ciento más respecto al mismo periodo de 2018. Esto significa que la autoridad está actuando en dos vertientes: la utilización de estas herramientas electrónicas para hacer una determinación de un impuesto omitido o de errores que el contribuyente haya aplicado al momento de pagar sus impuestos”, explicó.

El Contador Público Certificado indicó que, una vez detectados estos errores, la autoridad fiscal envía cartas invitación a los contribuyentes para hacer de su conocimiento las discrepancias en información detectadas y establecer un plazo para su corrección.

“Estas invitaciones, durante el primer trimestre del 2019 le dieron a la autoridad fiscal 10 mil millones de pesos. Prácticamente un 25 por ciento de los actos formales de auditoría, que son tres: visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete y las auditorías electrónicas”, apuntó.

Por ello, el especialista hizo un llamado a los contribuyentes y empresas en general, a que estén atentos de que las obligaciones fiscales se encuentren adecuadamente cumplidas, ya que las inconsistencias están siendo detectadas de manera electrónica sin necesidad de realizar una auditoría.

Por su parte, el secretario del Colegio de Contadores Públicos, Rodrigo Servín Meza Ramírez, agregó que estos actos de fiscalización son para evitar la defraudación fiscal, especialmente por el tráfico de facturas con operaciones simuladas, que buscan elevar como un delito grave por delincuencia organizada.

“Esto se liga con los cambios que se han anunciado a la Ley de Extinción de Dominio. Si alguien es iniciado a un proceso por delincuencia organizada, (…) hay una incautación de los bienes de la persona indiciada, con posibilidad de vender dichos bienes aunque aún no haya sido declarado culpable”, expuso.