ZACAPU, Mich., 6 de febrero de 2020.-  El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ha resuelto las demandas de las comunidades indígenas, aplicando criterios de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, puntualizó el magistrado José René Olivos Campos, al participar en el Foro para la Construcción de una Ley Indígena Integral en la entidad.

Cada autoridad es responsable de mejorar la calidad de vida de las personas a través de normas que respondan a la tutela, protección y acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, con base en el principio de progresividad consagrado en el Artículo 1° de la Carta Magna, planteó el Magistrado, durante su participación en el evento que se desarrolló en Tiríndaro, Municipio de Zacapu.

Olivos Campos reconoció la decisión del Congreso del Estado para saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas, a través de la construcción de una agenda legislativa que incorpore las diferentes visiones que se tengan, las voces y los planteamientos que se expresen, frente a la exigencia de las comunidades indígenas para ejercer sus derechos a la autonomía y a la libre determinación.

En cuanto al reconocimiento del derecho a administrar recursos públicos en forma directa, el Magistrado del TEEM recordó que los criterios jurisprudenciales obligan a realizar una consulta para determinar si los ciudadanos quieren ejercer el presupuesto directo, así como asignar recursos públicos en forma proporcional a la densidad poblacional, todo con transparencia y rendición de cuentas.

No obstante, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte, dentro del amparo directo 046/2018, ha resuelto que no es materia electoral el conocer de la transferencia para la administración directa de recursos.

Al foro legislativo (convocado por el diputado Arturo Hernández Vázquez), acudieron la Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, Araceli Gutiérrez Cortés, diputados de diversas fracciones parlamentarias, además de autoridades comunales y jefes de tenencia de las comunidades de Tarecuato, Arantepakua, Acachuén, Tiríndaro, Cocucho, Tarejero, Cheranástico, Sevina y Tacuro, entre otras, como parte de la ruta para generar certezas jurídicas en temas como la autodeterminación, la asignación de recursos, derechos humanos y seguridad.