Reprocha Amipac a Michoacán 19 años sin proteger periodistas

MORELIA, Mich., 4 de junio de 2026.- La Asociación Michoacana de Periodistas (Amipac) reprochó este jueves que Michoacán acumule cerca de 19 años de rezago en materia de libertad de expresión al mantener vigente en su Código Penal el delito de ataques al honor, una figura eliminada del ámbito federal desde 2007 y que, aseguró, ha sido utilizada para censurar y judicializar el ejercicio periodístico.

Este jueves, en el marco de instalación de mesas de trabajo para la construcción de una nueva legislación de protección a periodistas, la secretaria de Género de Amipac, Beatriz Rojas Ávila, advirtió que la permanencia de esa figura penal constituye una de las principales omisiones legislativas que arrastra la entidad.

“Estamos en una omisión de cerca de 19 años en lo que se refiere al delito de ataques al honor, que ya fue derogado del Código Penal Federal desde hace 19 años”, señaló.

La representante del gremio sostuvo que el problema no sólo radica en la permanencia de ese delito, sino en el uso que históricamente se le ha dado para inhibir la crítica y las publicaciones periodísticas.

“Se ha empleado esta figura para acallar las voces de la prensa, para censurar; incluso hay compañeros que han llegado a estar en prisión nada más por el ejercicio de su labor”, afirmó.

Rojas Ávila explicó que la conducta ya se encuentra regulada por la vía civil, por lo que mantenerla en el ámbito penal resulta innecesario y contrario a los criterios impulsados por organismos internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares de protección a la libertad de expresión.

La propuesta presentada por Amipac plantea reformar tanto el Código Penal de Michoacán como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado.

Entre los cambios propuestos se encuentra también la tipificación de agresiones digitales contra periodistas, una modalidad de violencia que, aseguró, ha crecido de manera acelerada en los últimos años sin que exista una respuesta legal específica.

Asimismo, planteó establecer sanciones agravadas cuando el hostigamiento o acoso contra periodistas sea cometido por servidores públicos, bajo el argumento de que el poder institucional no puede utilizarse para inhibir el trabajo informativo.

Otro de los puntos centrales de la propuesta consiste en crear un fondo estatal para atender las consecuencias de agresiones graves contra periodistas.

La organización propone que dicho mecanismo crubra gastos legales y funerarios cuando un comunicador sea asesinado o desaparecido a consecuencia de su actividad profesional.

“Consideramos que es una obligación del Estado garantizar que no se den estas cosas, que no haya homicidios, que no haya desapariciones”, expresó.

Para financiar ese fondo, Amipac plantea destinar el equivalente al 2 por ciento del presupuesto asignado a la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal.

Los recursos serían administrados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

La propuesta también incorpora una vertiente social poco habitual en este tipo de iniciativas: el acceso de periodistas independientes a programas de vivienda.

Rojas Ávila señaló que una parte importante del gremio ejerce sin una relación laboral formal y, por tanto, queda excluida de diversos esquemas de apoyo institucional.

“Hay periodistas independientes que no tienen acceso a programas sociales porque no trabajan para una empresa”, expuso.

Por ello, propuso establecer mecanismos de coordinación con el Instituto de la Vivienda del Estado para facilitar el acceso de comunicadores independientes a programas habitacionales.

Con estos planteamientos, Amipac llevó a la discusión legislativa una agenda que trasciende la protección física de periodistas y coloca en el centro temas como la despenalización de conductas relacionadas con la libertad de expresión, la atención a víctimas, la violencia digital y los derechos sociales de quienes ejercen el periodismo fuera de las estructuras tradicionales de los medios de comunicación.