Atropellan a una mujer frente a Costco, Morelia
MADERO, Mich., 12 de julio de 2018.- La Mesa de Seguridad Ambiental reiniciará, en un plazo estimado de dos semanas, sus actividades en la detección y sanción de delitos contra la naturaleza en Michoacán, afirmó Juan Carlos Vega Solórzano, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam).
Expuso que entre las primeras acciones que la Mesa de Seguridad Ambiental desarrollará este año, se encuentra la realización de operativos para retirar huertas de aguacate y otros sistemas productivos instalados en superficie forestal y preferentemente forestal sin contar con autorización para ello.
Vega Solórzano mencionó que el gobierno de la entidad fue objeto de críticas por el desmantelamiento de las huertas, principalmente de aguacate, si bien consideró que los 35 operativos efectuados para desmantelar sistemas productivos ilegales en 350 hectáreas de uso forestal y preferentemente forestal “dieron resultados”.
Ello, debido a que expuso que el procedimiento seguido por la autoridad federal ante un posible delito ambiental, como la clausura de las huertas ilegales, es “insuficiente”, ya que el delito continúa mientras las plantas sembradas sigan en crecimiento.
Juan Carlos Vega precisó que las autoridades ambientales se harán acompañar delas corporaciones de seguridad pública, incluida una división de la gendarmería, para asegurar el cumplimiento del operativo y resguardar la zona, aunque en el caso de Morelia y los municipios aledaños no se ha encontrado vinculación con el crimen organizado.
Celebró que el gobierno federal implementará la armonización de los criterios para impulsar las actividades productivas, como la agricultura, con los criterios ambientales, a fin de que impedir que en aras del desarrollo económico se efectúe el deterioro de la naturaleza.
En Morelia se han identificado alrededor de mil 150 hectáreas de huertas de aguacate ilegalmente instaladas en zonas forestales y preferentemente forestales, en comunidades como Tirio, Hojas Anchas, Santiago Undameo, Nieves y Umécuaro, en tanto que el 90 por ciento de las ollas de agua edificadas en la región no cuentan con permiso para su aprovechamiento.