MORELIA, Mich., 6 de febrero de 2020.- Más de mil procedimientos llevó a cabo el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip) durante 2019, refirió Arely Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada de la instancia.

Detalló que el grueso de los procedimientos involucró a los ayuntamientos; sin embargo, esto es “porque son más en cantidad, hay que verlo en proporción”. Entre los asuntos de interés de los ciudadanos al solicitar información a los sujetos obligados, Navarrete Naranjo destacó el ejercicio de los recursos públicos, el presupuesto asignado, la designación de contratos y la currícula de los funcionarios.

Aseveró que los procedimientos efectuados se originaron de la revisión de la información requerida y obtenida por los ciudadanos, cuando estos se inconforman con los datos otorgados o no reciben una respuesta a su petición; las verificaciones llevadas a cabo por el Imaip, que se mantienen de manera constante a lo largo del año, y las denuncias de los usuarios de los sitios en la Internet de los sujetos obligados, donde se detecta que la información está incompleta o mal presentada.

Al corte de enero de 2020, se identificó que 10 de 270 sujetos obligados en Michoacán cumplieron sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas; no obstante, durante el primer mes del año se produce la carga de la información correspondiente al cuarto trimestre de 2019, por lo que será en febrero cuando se intensificará la revisión de los portales de los sujetos obligados.

Arely Yamilet Navarrete mencionó que el año anterior solo se emitió una multa, ya que el Imaip puede sancionar a quienes luego de ser notificados de la necesidad de aportar datos o hacer correcciones no cumplen con la resolución, por lo que, aseveró, la tendencia en el estado es a solventar en los plazos definidos por la norma estas deficiencias.

La comisionada del Imaip manifestó que, de forma paralela a las revisiones, se tiene la capacitación de los sujetos obligados, que se enfoca en los requerimientos detectados en cada uno de estos, como archivos, manejos de datos, entre otros, a la par que se atiende a la sociedad civil para garantizar que cuenta con las herramientas suficientes para hacer valer el derecho a la información.