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MORELIA, Mich., 26 de diciembre de 2019.- La protección del medio ambiente no es un tema nuevo, por primera vez en la Cumbre de Río en 1992, se propuso a los gobiernos replantear el desarrollo económico, frenando el consumo irracional de los recursos naturales no renovables y disminuyendo la contaminación del planeta. Posteriormente, se firmó el Protocolo de Kioto en 1997, donde se establecieron metas de reducción en emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mediante el mercado de carbono, como mecanismos de desarrollo limpio y en 2015 en el acuerdo de París, se ha buscado reducir las emisiones, hasta conseguir la neutralidad de carbono y mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2ºC.
Señala un comunicado que, de acuerdo con Sergio Herrera Torres, quien entre diferente cargos públicos se ha desempeñado como Subprocurador de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) señaló que, “nuestro país ha estado activo en las acciones que se coordinan internacionalmente contra el cambio climático, incluso adoptó impuestos a los combustibles fósiles, aparentemente para desincentivar el uso de contaminantes mediante la Ley de IEPS con la finalidad de ayudar a la transición hacia las energías renovables, donde supuestamente los recursos fiscales adicionales, se dirigirían a la eficiencia energética, transporte público y desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, estos impuestos únicamente han sido de carácter recaudatorio y no han sido destinados en proyectos específicos, que ayuden a reducir la generación de GEI o mitigar los impactos ambientales”, aseguró el especialista.
Por su parte el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) Carlos Enríquez Barajas, señaló que, con base en las políticas públicas del Gobierno Federal, los gobiernos estatales han visto disminuida su participación de recursos fiscales, motivo por el cual, algunos estados pretenden imponer impuestos ecológicos, tal es el caso de Michoacán. “En Michoacán, implementar estos impuestos sería totalmente regresivo, pues son de carácter recaudatorio y en ningún momento se habla sobre los beneficios ambientales que generarían, o peor aún, se entienden bajo la lógica de que ‘el que contamina paga’ pues estarían pagando impuestos por contaminar, cuando dichas acciones son irreversibles”.
Con base a lo anterior, el pasado 27 de noviembre se presentó al Congreso del Estado una iniciativa enfocada única y exclusivamente a la remediación ambiental, misma que en palabras del especialista Sergio Herrera Torres, significa un cambio de paradigma en la implementación de acciones contundentes que contribuyan a la protección del medio ambiente, tales como:
En relación a esta iniciativa, el presidente de AIEMAC subrayó la importancia de que el Congreso Local la tome con seriedad y la analice como debe de ser. “Esta iniciativa fue construida entre industriales, especialistas en la materia y diputados, como una propuesta para proteger y remediar el deterioro ambiental producido por la actividad económica; lo anterior, habla del compromiso que como sector tenemos con el medio ambiente, por eso solicitamos al Congreso del Estado tomé con seriedad nuestra propuesta, se discuta y se analice con asesores conocedores de la materia y que por supuesto nos inviten a formar parte de estas mesas de discusión y análisis. Hay que dejarlo muy en claro, si el discurso del Gobierno del Estado para crear impuestos ecológicos es que las empresas contaminan, aquí está nuestra propuesta; si esto lo están viendo con un fin recaudatorio, no estamos de acuerdo, eso es una discusión aparte”.
Por último, el Ex Subprocurador de la PROFEPA enfatizó que desde 2016 hay 10 Estados del país que han tratado de implementar los impuestos ecológicos, los cuales, han tenido problemas para recaudarlos, pero, lo más importante es que estos Estados no han reducido los GEI, ni mitigado los impactos ambientales. “Los recursos fiscales no se ven trasladados en servicios ambientales, pues son utilizados para fines distintos, de ahí la importancia de que, desde la regulación, la autoridad obligue al particular a invertir en la mejora de estos servicios. La causa y la finalidad de los impuestos verdes, así como de las políticas públicas del combate al cambio climático, no puede ser una burda recaudación”, finalizó.
Cabe señalar que, el Congreso del Estado tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar el paquete fiscal 2020, mismo que contiene la creación de estos impuestos; ante la crítica de la iniciativa privada y la sociedad en general, se espera que sean votados en contra.




