En México diariamente asesinan a 3 niños y 4 desaparecen: Redim

El día de hoy Redim, Red por los Derechos de la Infancia en México, a través de su Director Ejecutivo, Juan Martín Pérez García, presentó por 13º año consecutivo su informe La infancia Cuenta en México 2017: “Desafíos en el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes”.

De acuerdo a un comunicado de prensa, en la última década México ha vivido la generalización de la violencia e inseguridad y entre los principales afectados se encuentran niñas, niños y adolescentes, quienes son afectados de forma directa por las situaciones de criminalidad, violencia e impunidad que actualmente tienen al país en una profunda crisis de derechos humanos. Por ello, #REDIM realizó el análisis de datos públicos y marcos normativos que muestran los factores estructurales que afectan de forma negativa el ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia y que perjudican su acceso a la justicia.

El aumento de la violencia, la corrupción e impunidad han dejado en evidencia que México aún cuenta con un Sistema Judicial arcaico, adultocéntrico y patriarcal que perpetua la impunidad en los delitos cometidos contra la infancia y la adolescencia. Quienes no son tratados con “equivalencia jurídica” frente a la voz de los adultos, por considerarlos inferiores e inmaduros. Es preocupante que los Censos de Procuración e impartición de Justicia indican que en 2015 se iniciaron 4,969 procesos judiciales por delitos que afectan específicamente a niñas, niños y adolescentes de los cuales solamente 167 registraron sentencias condenatorias. Es decir, de cada 100 carpetas de investigación iniciadas, sólo 3 alcanzan sentencia condenatoria.

Cada día en México son asesinados 3 niñas niños y adolescentes y diariamente desaparecen 4 de ellos en el territorio nacional, sin que ante esta grave situación se cuente con una respuesta contundente del Estado Mexicano. Según datos presentados por la sociedad civil a la CIDH, entre 2006 y 2014, existieron cerca de 2,000 asesinatos de niños, niñas y adolescentes de los cuales la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de las fuerzas de seguridad.

REDIM rechazó enérgicamente la “Ley de seguridad interior” promovida por las fuerza armadas y el gobierno federal porque hay evidencia que en diez años de una estrategia fallida contra el crimen organizado sólo se ha impactado de forma negativa en la vida de millones de niñas niños y adolescentes.

Las niñas, los niños y adolescentes han sido impactados directamente de forma crítica por las problemáticas derivadas del enfrentamiento entre el gobierno y el crimen organizado, parte de este impacto negativo incluye el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, los homicidios violentos, la orfandad, los desplazamientos forzados y las desapariciones.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta julio del 2017 año se registran 33,482 personas desaparecidas. Del este total, 6,079 son niñas, niños y adolescentes lo cual representa el 18.2% del total de desapariciones. Asimismo, es importante destacar que 6 de cada 10 casos de desaparición son de niñas y adolescentes mujeres.

De igual forma, el Registro señala que el 72.3% (4,394) de las desapariciones de niñas niños y adolescentes ha ocurrido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; en dicho periodo destaca que en el 2016 se registraron 1,431 casos, cifra que representa casi una cuarta parte (23.5%) del total de desapariciones que registradas en dicho año. Asimismo, en lo que va del 2017 las desapariciones de población de 0 a 17 años suman ya 812 casos.

Durante sus intervención Jan Jarab señaló que es necesario asegurar que el castigo corporal sea explícitamente prohibido como lo recomienda el Comité de Derechos del Niño y añadió que “es un desafío cambiar el paradigma de cómo vemos a niñas, niños y adolescentes”. Por su parte, Christian Skoog enfatizó que es urgente garantizar la existencia de mecanismos de justicia sensibles y accesibles a niñas y niños. Asimismo, Ricardo Bucio señaló que “El informe Infancia Cuenta nos ofrece una perspectiva que permite visibilizar los desafíos del acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes desde tres líneas: su situación como víctimas directas, indirectas y de conflicto directo con la ley”.

La criminalización de las personas adolescentes y los procesos penales inadecuados para la infancia son los primeros elementos que podemos distinguir del carente acceso a la justicia. Así mismo, es importante señalar que los asesinatos violentos o negligentes de niñas, niños y adolescentes se encuentran en su mayoría en la impunidad, ante la cual el Estado no da soluciones.

Las sentencias judiciales son escasas y muy benévolas para los agresores, especialmente en delitos sexuales contra las niñas y adolescentes; investigaciones mal integradas no garantizan el acceso a la justicia y reparación del daño. En los procesos judiciales los testimonios de niñas y niños no se realizan de forma adecuada, no se les brinda protección, y con mucha frecuencia son desechados “por inconsistencias y fantasías” sin entender la necesaria profesionalización de personal de justicia para entender el lenguaje de la infancia víctima de delitos.

La presentación estuvo acompañada por Jan Jarab, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, ACNUDH; Christian Skoog, Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, UNICEF; Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA; Erasmo Lara Cabrera, Director General de Derechos Humanos y Democracia, Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE; Mayela Godínez Alarcón, Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos de la Niñez del Senado de la República; Lourdes Zariñán Martínez, Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH; y Andrea Márquez Guzmán, Relatora por los Derechos de las Niñas y los Niños de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, CDHDF.

Principales obstáculos que enfrentan niñas y niños para acceder a la justicia.

1. La visión tutelar y la creencia de propiedad en torno a niñas, niños y adolescentes.
2. La ausencia de mecanismos efectivos de denuncia para la infancia en México.
3. La falta de espacios adecuados y de personal capacitado para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de delito.
4. La falta de protección durante los procesos de justicia.
5. La impunidad dentro del sistema de procuración e impartición de justicia en México.

Recomendaciones generales que realiza REDIM al Estado Mexicano para garantizar el acceso a la justicia de niñas niños y adolescentes:

• Realizar un diagnóstico sobre las causas estructurales que propician la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes en México.
• Implementar una política nacional de prevención, atención y erradicación de los distintos contextos de violencia que afectan a niñas niños y adolescentes.
• Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la aprobación de la iniciativa de reforma que actualmente se encuentra detenida en la cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la cual representa una oportunidad para mejorar los mecanismos de protección a favor de la niñez y la adolescencia migrante.
• Al poder ejecutivo y judicial, impulsar la elaboración de los protocolos e implementación de los mecanismos de búsqueda y localización especializados para niñas, niños y adolescentes.
• Implementar una estrategia a nivel nacional sobre el cambio cultural en torno a niñas, niños y adolescentes, que permita visibilizaros como sujetos de derechos y no como objetos de protección.
• Implementar mecanismos de denuncia accesibles y seguros para niñas, niños y adolescentes dentro de los espacios educativos.
• Actualizar el registro nacional de Centros de Asistencia Social (CAS) a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), así como emitir la regulación pertinente respecto a su regulación y supervisión.
• Al Poder Ejecutivo, poderes ejecutivos estatales, congresos estatales y Congreso de la Unión: destinar una partida presupuestal específica para el funcionamiento y fortalecimiento de las procuradurías de protección estatales y municipales.
• Armonización del Código Nacional de Procedimientos Penales con respecto a las disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, especialmente en lo que respecta a las competencias y atribuciones de la Procuraduría Federal y las Procuradurías Estatales de Protección.
• Implementar los parámetros y adecuaciones procesales establecidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.