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MORELIA, Mich., 25 de agosto de 2017.- En Michoacán se han detectado en lo que va de la administración estatal 12 bancos de materiales pétreos no reservados a la Federación que han incurrido en irregularidades por la no presentación de documentos requeridos por la normatividad ambiental, señaló Juan Carlos Vega Solórzano, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm).
Vega Solórzano mencionó que en los poco menos de dos años de la actual gestión estatal se han captado 27 señalamientos de bancos de materiales pétreos con exclusión de minerales terrosos que presuntamente han incurrido en irregularidades, de los cuales 20 proceden de inspecciones realizadas por la ProAm y siete, de denuncias ciudadanas.
De este universo, de han efectuado 20 supervisiones, las que han arrojado ausencia de documentación en 12 de los casos, por lo que se han iniciado procedimientos administrativos en contra de los bancos de materiales.
Al momento, agregó Juan Carlos Vega, no se han establecido sanciones a estos establecimientos, debido a que el proceso administrativo cursa el periodo de presentación de pruebas, si bien de aplicarse penalizaciones éstas podrían alcanzar hasta mil unidades de medida y actualización (UMA), alrededor de 75 mil pesos.
Zitácuaro, Tacambaro y Lázaro Cárdenas son algunos de los municipios donde se han identificado bancos de materiales pétreos en posible irregularidad, por la no presentación de documentos durante la inspección de la ProAm, como el manifiesto de impacto ambiental (MIA), la licencia municipal de funcionamiento, el cambio de uso de suelo de superficie forestal o el estudio técnico de impacto y viabilidad.
Agregó que otra causal de sanción a bancos de materiales pétreos es una explotación a niveles que representen riesgo para los trabajadores o las poblaciones aledañas, por la que ya se han registrado clausuras temporales totales.
El titular de la ProAm refirió que en algunos casos se ha buscado la regularización de los bancos de materiales pétreos, por parte de organizaciones civiles creadas por las comunidades que les operan y que han hecho de la exploración de los materiales su principal fuente de ingresos, como sucede en Morelia, en los establecimientos aledaños a la mancha urbana, que ya suman varios años de actividad.
Así, la organización de las comunidades que explotan los bancos de materiales facilita la regularización de los mismos y contribuye a una explotación en mejores condiciones, al disponer del acompañamiento de la autoridad ambiental.
Vega Solórzano destacó que al momento no se han encontrado bancos de materiales en la entidad operados o explotados por el crimen organizado, ya que inclusive en los casos donde se han detectado irregularidades estas funciones recaen en las comunidades.