Denuncian presuntos actos procesales ficticios en JLCA

MORELIA, Mich., 9 de enero de 2018.- En rueda de prensa, este martes denunciaron públicamente a Berenice Cardona Acosta, presidente de la Junta Especial No. 1., de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Michoacán, y dos funcionarias más de incurrir en fraude procesal por simulación de acto judicial.

Guillermo Martínez Sandoval, abogado de la parte acusadora, José Luis Baltazar Vega y Nora Dimas Jacobo, sostuvo que la presidenta de la Junta Especial No. 1., junto a María Guadalupe Cortes Vargas y Marina Aldama Leal, auxiliar y actuaria de la misma, se prestaron presuntamente para fallar en un juicio laboral interpuesto por el albañil, Ismael Gutiérrez Romero, aprovechándose de la ausencia de sus representados.

De acuerdo a la relatoría de los hechos, la parte acusadora contrató a un albañil para la construcción por destajo de una casa en 2013, sin embargo, debido a la ola de inseguridad que se vivía por entonces en Morelia optaron por mudarse a Querétaro, y fue hasta hace poco que volvió a la ciudad con la intención de hacer un cesión de derechos y cambio de propietario, que se dio cuenta de la situación legal que se le seguía.

Fue informado que el inmueble había sido embargado por la Junta, acusando a los propietarios de incumplimiento del pago de una demanda laboral inicial de 33 mil pesos, cifra que se incrementó a 294 mil pesos y por lo que se remataba la propiedad.

No obstante, para que el ex empleado de José Luis Baltazar Vega y Nora Dimas Jacobo pudiera acceder a tales beneficios, se alega que las funcionarias públicas estatales se prestaron para llevar a cabo una simulación de acto judicial, especialmente cuando durante el procedimiento nunca se obtuvo la firma de quienes estaban siendo acusados.

Parte de este presunto procedimiento ficticio incluyó actas levantadas sin firmas, admisión de un representante legal de nombre José Padilla Alegre, que no presentó poder notarial alguno a su favor, y consentimiento de un domicilio inexistente por parte de la actuaria de la junta de conciliación.

Con documentos certificados ante notario público y otro expedido por el Ayuntamiento de Morelia, Guillermo Martínez Sandoval, abogado defensor, dijo se tiene comprobado que no existe la dirección que admitió la actuaria Marina Aldama Leal.

Por lo anterior, las partes acusadoras refirieron que este martes harán la denuncia penal ante el Ministerio Público Federal por violentar la Ley Federal del Trabajo.

El Código Penal Federal refiere en el Artículo 387, Fracción Décima, que es considerado fraude:

“Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido”.

Asimismo, en el Artículo 389 del mismo código refiere:

“Se equipara al delito de fraude y se sancionará con prisión de seis meses a diez años y multa de cuatrocientos a cuatro mil pesos, el valerse del cargo que se ocupe en el gobierno, en una empresa descentralizada o de participación estatal, o en cualquiera agrupación de carácter sindical, o de sus relaciones con los funcionarios o dirigentes de dichos organismos, para obtener dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio, a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso o aumento de salario en tales organismos”.