CNDH refrenda compromiso con familiares de desaparecidos

MORELIA, Mich., 8 de agosto de 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfatizó su compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas, y reiteró la importancia y urgencia de que el Estado Mexicano genere condiciones para garantizar la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada y la cometida por particulares, mediante acciones para hacer efectivos los derechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación del daño, así como garantizar su no repetición, señala un comunicado de prensa.

Así lo expresó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en el Foro sobre Desaparición Forzada “Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, donde afirmó que en tanto la verdad, la justicia y la reparación no lleguen a todos los casos y en beneficio de todas las víctimas y sus familiares, no permitiremos impunidad ni olvido; nuestro objetivo es la justicia.

Tras reconocer el impulso para contar con un marco jurídico en materia de desaparición de personas, destacó que el Estado Mexicano no ha atendido oportuna y suficientemente las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas sobre la expedición de una ley que tipifique de manera adecuada el delito de desaparición forzada de personas, que incluya un tipo penal que sancione las desapariciones de personas cometidas por particulares.

Esta Comisión Nacional –señaló— hace un llamado respetuoso pero enérgico al Poder Legislativo Federal para que en el siguiente periodo ordinario de sesiones se apruebe la Ley General para la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Ante un aforo de alrededor de 200 concurrentes procedentes de diez estados del país, reunidos en la Casa Diocesana Villa Lucerna, en esta ciudad de Chilpancingo, puntualizó que, una vez expedida y en vigor, el reto será hacerla efectiva, contar con la profesionalización de los actores involucrados en su aplicación, y con los recursos suficientes para instrumentar sus contenidos y, sobre todo, hacer investigaciones efectivas que eviten la impunidad.

González Pérez lamentó que la práctica de desaparición de personas no haya sido erradicada en nuestro país y poco se ha hecho para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita ante la magnitud del problema. Demandó comprender y encarar de manera integral el fenómeno, así como avanzar juntos en la armonización de la legislación nacional en la materia y alinearla de acuerdo con los estándares internacionales.

Destacó que entre las muchas y diversas condiciones que han dado pauta al complejo y doloroso problema de desaparición de personas están la ausencia de una ley general en la materia, falta de investigaciones ministeriales homogéneas para búsqueda y localización de personas, inconsistencias en la definición jurídica de los diversos tipos de desaparición y falta de equipos profesionales en la búsqueda y localización de personas.

También, ausencia de un adecuado registro de casos que distinga desaparición forzada de la cometida por particulares o delincuencia organizada y personas cuyo paradero se desconoce por causas distintas, utilización indistinta de conceptos para referirse a personas cuyo paradero se desconoce, ausencia de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, perseguir y sancionar la desaparición de personas, escasa capacitación de servidores públicos y la violencia, inseguridad e impunidad en diversas regiones del país.

El Ombudsman nacional refirió que el antecedente de las desapariciones forzadas durante la década de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado acreditadas por la CNDH en la Recomendación 26/2001, demuestran que la impunidad en esos casos ha generado condiciones para que delitos tan graves se sigan cometiendo y que no haya operado la garantía de no repetición, como lo acreditan los hechos ocurridos en Tierra Blanca, Veracruz, y los acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que visibilizaron cómo se ha agudizado esa práctica en los últimos años.

Tras mencionar que la Recomendación 26/2001 fue un paso necesario en el reconocimiento, visibilización y sanción de prácticas y hechos que durante los años 70 y 80 mencionados negaron y vulneraron la dignidad humana en nuestro país, enfatizó el inicio de oficio de un expediente de queja para investigar la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y la creación de la Oficina Especial para el Caso Iguala, con objeto de que el asunto tenga atención prioritaria.

De igual manera, González Pérez detalló los distintos informes que sobre este caso ha dado a conocer la CNDH, así como las correspondientes 57 propuestas y observaciones de las cuales, al 22 de septiembre de 2016, sólo 8 pueden considerarse totalmente atendidas, 33 están en vías de atención y 16 tienen estatus de no atendidas.

Apuntó que los hallazgos de fosas clandestinas están relacionados con la desaparición de personas, y al 30 de septiembre de 2016 la CNDH documentó la existencia de 855 fosas clandestinas, de las que fueron exhumados 1,548 cadáveres y 35,958 restos óseos y/o humanos, como lo dio a conocer el pasado 6 de abril en su Informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México.

El Presidente de la CNDH hizo un reconocimiento a la incesante e incansable lucha de miles de familias mexicanas que se han enfrentado al infortunio de la desaparición de alguno de sus integrantes, lo que ha trastocado sus vidas y que en el doloroso proceso de búsqueda de sus familiares y de acceso a la justicia han encontrado indiferencia, insensibilidad e ineficiencia de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Concluyó al señalar que no puede hablarse de que en nuestro país se haya logrado por completo el respeto y vigencia de los derechos humanos, en tanto no haya respuesta y solución al problema de las desapariciones de personas, determinando el destino y ubicación de cada una, sancionando a los responsables, y mientras en los casos de las fosas clandestinas e irregulares deben investigarse y deslindarse responsabilidades.

En las ponencias de personas expertas en el tema también participaron Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Nacionales Unidas para los Derechos Humanos en México, quien habló de “Los pendientes de México frente a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”; Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que se refirió a “La desaparición forzada como problemática internacional”; Santiago Corcuera, ex miembro presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, quien disertó sobre “La Ley General sobre Desaparición Forzada: retos para su aprobación y subsecuente implementación”, y Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, quien abordó “La construcción de la legislación sobre desaparición forzada en México”.

En las sesiones de análisis y discusión participarán Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación; Miguel Nieva, consultor forense; Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense; Alejandra Nuño, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Luis Tapia, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; Dolores González y Miguel Álvarez Gándara, ambos de Servicio y Asesoría para la Paz.

El texto íntegro de la intervención del Presidente de la CNDH puede consultase en la página www.cndh.org.mx en la siguiente liga:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Participacion/20170808.pdf